Según la información publicada en este diario, el sector empresarial del Estado de México exige a los alcaldes mexiquenses que cubran sus millonarios adeudos, antes de concluir las respectivas gestiones. Tan sólo tres municipios, Naucalpan, Toluca y Tlalnepantla concentran una cifra superior a los 3 mil 453 millones, y por eso pidieron incluso la intervención del Congreso local, a fin de legislar sobre el tema.
Además de dejar los presupuestos comprometidos a la administración entrante, por lo general el escenario se complementa con dependencias saqueadas, obras y servicios pagados y no realizados, demandas de proveedores y una serie de irregularidades destinadas a quedar sin sanción, pues los nuevos funcionarios difícilmente cumplen con su obligación de iniciar los procedimientos legales conforme a lo establecido por la ley. Lo repetitivo de esta historia permite corroborar el predominio de una forma extrema de corrupción, donde nada importan los daños ocasionados al erario y a grandes sectores de la población, ante el objetivo de obtener los máximos beneficios personales en el menor tiempo posible.
Asimismo, está el caso de mucho mayor gravedad, relacionado con la deuda pública de la entidad, la cual, al 30 de junio de este año, se reporta como la tercera más alta del país, con 54 mil 344 millones de pesos, únicamente por debajo de Nuevo León y de la capital del país. A pesar del desastre, en el 2020 la Legislatura dio su aval a las autoridades estatales para adquirir hasta seis mil millones de pesos de endeudamiento, y todavía en este año se permitió contratar 8 mil millones de pesos adicionales.
Si bien este tipo de adeudos son instrumentos que bien utilizados puede detonar inversión, desarrollo y bien común, su mal empleo compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas, la operación eficaz del gobierno, la creación de infraestructura y la dotación de los servicios indispensables. Obviamente, la presión ejercida por los costos financieros crecientes obstaculiza el progreso de las actuales y futuras generaciones, pues la necesidad de pagar intereses y amortizaciones deprime la actividad económica y limita los recursos requeridos para atender otras prioridades o situaciones de emergencia.
Durante los últimos sexenios la entidad mexiquense ha padecido la práctica de pedir prestado de manera irracional y con fines bastante cuestionados, motivo por el cual destacan entre sus consecuencias las siguientes: por una parte, los grandes rezagos que impiden a la gente tener bienestar y condiciones superiores de educación, salud, seguridad y justicia. Por otra, las denuncias reiteradas a causa de los abusos de las y los encumbrados burócratas, traducidos en enriquecimiento ilícito, derroche y discrecionalidad, costosos y enfermizos cultos a la personalidad, más una interminable cadena de excesos e incompetencias encauzados a destruir las fuerzas generadoras de prosperidad.
Ante una clase política acostumbrada a no rendir cuentas de sus actos a nadie, a actuar casi sin contrapesos, es obvia la necesidad de contar con una sociedad activa, capaz de organizarse, de protestar por los pactos de impunidad y exigir los castigos por las tantas atrocidades cometidas al amparo del poder. Si la enfermedad permanece y no somos capaces de impulsar el cambio, el cinismo y la demagogia seguirán siendo la respuesta a esas crónicas de espanto, desde donde veremos incrementarse los ejemplos de vidas de opulencia y la acumulación de fortunas, logradas a costa de saquear y endeudar hasta el absurdo a dependencias municipales y estatales.
