En el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) de Estados Unidos, uno de los mejores centros de educación superior en el mundo, sus estudiantes acaban de dar una muestra de dignidad, al exigir en una carta abierta que sea expulsado el ex Secretario de Hacienda Luis Videgaray, quien labora en esa institución. Entre otras cosas, en el escrito se hace referencia a la trayectoria de este personaje, la cual ha sido objeto de varias denuncias periodísticas, y de manera específica se mencionan las acusaciones de desvío de recursos y lavado de dinero derivadas de la declaración del ex director de Pemex, donde se le involucra con los sobornos de la empresa Odebrecht.
Sin duda la actitud de estos jóvenes merece un amplio reconocimiento, pues además de cumplir con la obligación de defender el prestigio y buen nombre de su casa de estudios, la petición se basa en las evidencias de una realidad imposible de desmentir. Con justificada razón, el requisito ineludible de cualquier integrante de una comunidad universitaria debe ser el actuar de manera correcta y respetuosa hacia los demás integrantes del conjunto y a la propia sociedad, sujetándose estrictamente a los valores morales y preceptos jurídicos.
Por desgracia en nuestro país estamos lejos de tener expresiones similares y, por el contrario, son los grupos de poder quienes se encargan de imponer desde gente simuladora, disfrazada de académica con sus posgrados “gansito”, hasta directivos sin mérito, especialistas en realizar acciones deshonrosas. Ejemplo de esto lo vemos con la reciente detención de un tal Gerardo Sosa Castelán, acusado de cometer presuntos ilícitos de lavado de dinero, peculado y defraudación, a través de empresas fachada y de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.
El asunto es que, según la información publicada, este individuo llegó a ser rector de la mencionada institución, después de empezar como dirigente de una organización porril. En apariencia, se dice, su arresto pone fin a una larga serie de malos manejos e impunidad, de la cual gozó durante más de cuatro décadas, al amparo del régimen priista.
Sin embargo, la universidad mexiquense no ha sido inmune a ese virus, y para muestra ahí están los diversos y bien conocidos casos, donde el de la “estafa maestra” encabeza la lista y sigue a la espera del deslinde de culpas y de la puntual aplicación de la ley. Debido a esto, aunado a lo frecuente de las decisiones erróneas, no sólo se afectan las funciones sustantivas de la institución, sino a otros temas importantes en su vida política y administrativa, según lo corroboran el distanciamiento del gobernador, quien la semana pasada desairó la ceremonia de inauguración del ciclo escolar 2020–2021, y el nombramiento de un contralor externo designado por los diputados locales, ante la consigna de no más desfalcos ni permitir que la UAEM sea el refugio de políticos fracasados.
Los tiempos por venir nos demandan un cambio radical. Recuperar el prestigio y evitar las vergüenzas por tantas conductas indignas y rectorados fallidos implica atreverse a levantar la voz, denunciar los abusos de poder y luchar contra la corrupción, una de cuyas manifestaciones es también la ineptitud y soberbia de los altos burócratas.
