Como una terrible plaga, la violencia y la inseguridad se extienden en la República Mexicana, ante el manifiesto desinterés oficial de no querer darle solución al problema. Las consecuencias están a la vista, con amplios sectores de la población desprotegidos o desplazados, sin la posibilidad de convivir en un ambiente de paz, respeto y armonía, aunque otros ya están marcados por el luto y el dolor, pues los hechos delictivos ocurren en todos lados y a cualquier hora.
En los últimos años el crecimiento de este fenómeno ha tenido graves repercusiones, con daños severos e irreversibles a la economía y a la integridad física de miles de personas. Si bien en esta lamentable situación se identifican muchas y muy variadas causas, sin duda el factor fundamental radica en la ausencia de una estrategia adecuada, algo incluso ya señalado por los sacerdotes de la Iglesia Católica a través del jesuita Javier Ávila, quien dijo además que “los abrazos ya no alcanzan para cubrir los balazos”, durante los funerales de sus dos compañeros asesinados el pasado 20 de junio, en Cerocahui, Chihuahua.
Por desgracia, en el territorio mexiquense también se han resentido los efectos de la prolongada etapa criminal, según lo corroboran diversos medios. Evidencia adicional se tiene en las denuncias de la generalidad de los municipios, cuando los ediles se pronuncian en contra de la inacción de las instancias federal y estatal, pidiéndoles tomar las medidas necesarias y algunos hablando hasta de convocar a la ciudadanía a salir a las calles y exigir reforzar e intensificar los operativos de la fuerza pública, a fin de detener la ola de asaltos, extorsiones y homicidios.
Sin embargo, a pesar los numerosos pendientes relacionados con este tema, todavía se da a conocer información verdaderamente absurda, cuya justificación sólo puede surgir de las mentalidades de una burocracia ineficiente y abusiva. El asunto es que en el foro denominado “Dignificación policial”, comentado en este diario en días pasados, se expusieron las pésimas condiciones de trabajo de los cuerpos policíacos de la entidad, donde destacan la falta de atención médica y psicológica, la carencia de una capacitación de mayor nivel y, sobre todo, de salarios justos, acordes a la naturaleza de la actividad desempeñada.
Tomando en cuenta la magnitud de la tragedia, lo deseable es ver respuestas idóneas por parte de las respectivas autoridades, empezando por limitar los beneficios inmorales de la inútil y protagónica élite política, y en cambio depurar y capacitar a los organismos de seguridad, además de mejorarles sustancialmente sus prestaciones laborales. Los presupuestos en la materia deben ser ejercidos con criterios de eficiencia y honestidad, a fin de garantizar la verdadera profesionalización de la policía, con sueldos y estímulos obviamente muy superiores a los del rango actual, de 2 mil a 18 mil pesos mensuales, dependiendo del lugar de adscripción.
Nuestro estado y el país requieren de una visión diferente en las formas de proteger a la población, pues la imposición de las ideas nocivas sólo ha derivado en ofensas y desprecio hacia los justos reclamos de la gente afectada. Los exagerados saldos sangrientos demandan una modificación radical de las prácticas institucionales, mediante la aplicación de un plan de emergencia, con mecanismos innovadores y soluciones puntuales, pero también se demanda una sociedad propositiva y valerosa, decidida a no seguir soportando las alianzas perversas y los escenarios de terror.
Ingeniero civil, con posgrados de maestría y doctorado.
Profesor de tiempo completo en la UAEM.
