A partir del primero de enero de este año se tienen nuevas administraciones en los municipios del estado de México. En poco tiempo se verá si existen realmente la capacidad y el compromiso de cumplir con los ofrecimientos y promesas de campaña, o si se habrán de reproducir las prácticas generalizadas de ineptitud, mal manejo de los recursos y garantía de impunidad a los presuntos hechos delictivos del pasado.
Si bien por ahora merecen el beneficio de la duda, lo deseable es identificar la inmediata disposición para enfrentar el desafío, a partir de escuchar, atender y resolver los numerosos problemas sociales, tanto de los centros urbanos como de las zonas rurales, casi siempre ignoradas. Desde el principio, es importante mostrar en los cargos un desempeño prácticamente de excelencia, evitar las torpezas y las justificaciones absurdas, y no pretender construir una imagen de eficiencia y honestidad al amparo de los argumentos mediáticos.
A pesar de los enormes rezagos, la mayor parte de los municipios mexiquenses no va en el camino correcto, y eso amerita evaluar de manera frecuente y rigurosa la actuación de sus autoridades, exigir la más puntual rendición de cuentas y aplicar estrictamente la ley en caso de desviaciones. Por lo general, la alta burocracia dista mucho de estar a la altura de las circunstancias, y las deficiencias en que incurre impide el progreso y bienestar de millones de mexiquenses.
Frente a lo complejo de un gobierno de múltiples dimensiones y obligado a responder con prontitud, las formas defectuosas de ejercer el poder y, sobre todo, la ausencia de una ética pública, se traducen en el mal funcionamiento de las dependencias y en daños de diversa magnitud a la población. En tales condiciones, es muy difícil esperar una política con visión sistémica, inteligente y solidaria, promotora de un crecimiento equilibrado y sustentable.
Ejemplo de lo nocivo llevado al extremo lo hemos visto en el municipio de Toluca, donde a lo largo de muchos años, y particularmente durante los dos últimos trienios, se ha padecido el incremento de los problemas estructurales, a consecuencia de elegir administraciones mediocres y liderazgos de conducta bastante cuestionada, cuyos patrimonios debieran ser severamente investigados, empezando por el tema inmobiliario en las zonas norte y sur de esta ciudad capital. Lejos de un aporte de buenos resultados, las malas decisiones se han reflejado, entre muchas otras cosas, en servicios básicos de pésima calidad, basura y baches por doquier, recortes en el suministro de agua, crecimiento urbano anárquico, inseguridad sin control, aunado a la criminal destrucción del medio ambiente y el caos vial cotidiano, en mucho derivado de la ignorancia y el salvajismo al volante, y de una autoridad reducida a simple figura decorativa.
Por eso, es prioritario controlar y revertir la degradación, exigiendo a los nuevos funcionarios el cumplimiento cabal de sus obligaciones. La Toluca de hoy no puede seguir así, tratada de manera irresponsable y dándole a sus habitantes un presente lleno de frustraciones.
Desde luego, es también indispensable un cambio radical en el comportamiento ciudadano, si se desea tener mejores condiciones de seguridad, orden y progreso. Una población educada y consciente de las limitaciones de su entorno no puede permanecer apática y desorganizada, sin ejercer sus legítimos derechos, tolerando alcaldías incompetentes y abusivas, causantes de frenar el desarrollo y destruir el patrimonio de las generaciones actuales y futuras.
