Para la gran mayoría de los mexicanos el panorama luce incierto y bastante complicado en este 2024, sobre todo por las malas decisiones de un gobierno desinteresado en resolver los problemas estructurales, y obstinado en dejar un legado de retroceso, derroche, impunidad, destrucción y dolor.
En pocos años la descomposición de la vida pública se ha incrementado de manera exponencial, y sus efectos nos han llevado a condiciones lamentables, por lo visto no evaluadas en lo completo de su potencialidad. Con sobrada razón la gente pensante está molesta, y en varios sectores toman fuerza las manifestaciones de rechazo, inconformidad e indignación, hacia quienes han hecho un pésimo uso del poder.
Aunque ya se radicalizan las estrategias encauzadas a infringir la legalidad, el próximo 2 de junio se tendrá la oportunidad de impulsar el cambio pacífico, pues en esa fecha se realizará un proceso electoral determinante para la vida del país. Además de la renovación de la presidencia de la República, también se elegirán más de 20 mil doscientos cargos federales, estatales y municipales, incluyendo los de las cámaras de senadores y diputados, ocho gubernaturas, la jefatura del gobierno de la CDMX y los de 31 congresos locales.
En el ámbito nacional la prioridad de una transformación radical es obvia. La situación de desastre demanda seleccionar personas honestas y preparadas, decididas a enfrentar y revertir el subdesarrollo, la pobreza e inseguridad crecientes, y por supuesto a castigar severamente el extendido cáncer de la corrupción y el nepotismo. La sustitución de liderazgos políticos debe ir en contra del nefasto continuismo, si se desea eliminar el despilfarro y la opacidad; las ocurrencias inútiles y costosas, y los programas sociales destinados a aumentar el clientelismo, en lugar de darles en la práctica el significado de progreso y bienestar de millones de seres.
Obviamente, esta reforma no va a surgir de un milagro, y menos de la concesión de los actuales poseedores del mando. Depende, claro, de otros factores, donde destaca el hecho de tener una ciudadanía activa, bien informada, crítica e independiente, dispuesta a modificar el estado actual de cosas, con una participación responsable y la visión del futuro deseado.
Asimismo, es imprescindible el desempeño imparcial de los organismos electorales, de tal manera que la credibilidad de sus resoluciones se vea apoyada por una inquebrantable convicción de servicio al pueblo y a la democracia. Condenable y muy peligroso sería ponerse en la línea de complicidades, al permitir o ignorar la coacción y compra del voto, permitiéndole así a los caciques y grupos dominantes perpetuar sus enormes privilegios.
Entre tanta ineptitud y legitimidad cuestionable, es apremiante elegir autoridades competentes, de comprobada rectitud, cuyos méritos y profesionalismo refuercen la esperanza de evolucionar hacia una nación moderna, junto con la garantía del manejo pulcro y eficaz del dinero de las y los mexicanos. En consecuencia, nos corresponde renovar el concepto de dignidad y ejercer con firmeza las facultades ciudadanas, tendientes a corregir el rumbo, controlar el alarmante deterioro e imponer un auténtico estado de Derecho.
Como nunca, la conciencia cívica se debe fortalecer. Pugnar por la restauración del prestigio de las instituciones implica combatir, mediante el sufragio, la ineptitud y las conductas saturadas de mentiras, caprichos y abusos, dándole un sentido inverso a este escenario caótico y sumamente dañino.
Ingeniero civil, profesor de tiempo completo en la UAEM
