La semana pasada, el titular del Órgano Interno de Control (OIC) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) presentó su informe de labores ante la Legislatura local, donde fue recibido por la mayoría de los coordinadores parlamentarios, según el reporte de los medios de comunicación.
Como era de esperarse, el funcionario describió una serie de irregularidades identificadas durante su gestión, iniciada en 2020, incluyendo adjudicaciones directas en obras y servicios, pagos sin justificar, bienes muebles asignados sin resguardo, contrataciones indebidas, conflicto de intereses, no enterar retenciones al Issemym, abuso de funciones y enriquecimiento ilícito, todo lo cual ha derivado en la radicación de 321 expedientes, 40 por falta grave. En específico destacó el caso de tres ex rectores, quienes usaban vehículos de la institución para su uso personal, habiendo ya concluido su ciclo, y dos se ellos seguían recibiendo el sueldo de profesores de tiempo completo de la máxima categoría, a pesar de tener otro cargo público.
A lo largo de su historia, la UAEM y su antecedente el Instituto Científico y Literario, han demostrado ser un valioso instrumento de movilidad social, al generar opciones efectivas de desarrollo, mediante el cumplimiento de sus funciones esenciales de creación, trasmisión y divulgación del conocimiento; investigación científica, tecnológica y humanística, además de la extensión de la cultura en sus diferentes manifestaciones. En todo esto ha sido fundamental el desempeño de un alto número de docentes, estudiantes y algunos directivos, cuyos esfuerzos han contribuido en la construcción de una sociedad más igualitaria, libre y democrática.
Por desgracia, los liderazgos no siempre han estado a la altura de las circunstancias y sus errores no sólo son causa de estancamiento y retroceso de las verdaderas prioridades, sino ponen en entredicho el ejercicio ético y responsable de la autonomía, y con ello el buen nombre de la histórica casa de estudios. Así, la deshonestidad fue también alcanzando posgrados y en los años recientes se llegó a los extremos de participar en la llamada “Estafa Maestra”, de propiciar los adeudos millonarios al sistema oficial de salud y realizar las variadas muestras de corrupción dadas a conocer por el contralor, las cuales, en el colmo de cinismo, cierto integrante de la pandilla pretende justificar como consecuencia de los usos y costumbres de esa burocracia de élite.
Ahora, con los resultados del OIC se fortalece la expectativa de tener una auténtica transparencia y una puntual rendición de cuentas, además de erradicar la impunidad, recuperar lo mal habido y proceder legalmente en contra de quienes han dañado el patrimonio de nuestra alma mater. Por eso, el Consejo Universitario está obligado a dignificar su jerarquía, a asumir su papel de máxima autoridad e involucrarse mayormente en el compromiso de limpieza, pues no es una señal menor el hecho de que el contralor haya preferido enterar de su trabajo a los diputados, contando con la presencia del propio presidente de dicho Consejo.
No es momento de guardar silencio; mucho menos de aceptar acríticamente decisiones ajenas y presumir un deber cumplido sólo con levantar la mano. Hallan o no prescrito los delitos comprobados, las y los autores merecen una estricta sanción en el ámbito institucional, y bien podría empezarse por declararlas personas no gratas, retirar nombramientos de profesor de tiempo completo y eliminar fotografías de la sala de rectores.
