La más enérgica condena merece la ilegal e injustificada invasión militar rusa a Ucrania, por los terribles daños causados a la vida y al patrimonio de su población. Las sanciones al gobierno agresor deben ser muy estrictas, y México está obligado a actuar en consecuencia, sumándose al rechazo mundial hacia el régimen de Vladimir Putin, incluso al grado de romper relaciones diplomáticas.
Por desgracia, la violencia extrema no es privativa de una condición de guerra entre naciones, sino también se presenta en países como el nuestro, donde la ineptitud y complicidad oficiales tienen desprotegida a la gente en todos lados. Una muestra está en lo ocurrido el pasado domingo en una comunidad de la vecina entidad de Michoacán, cuando, según la información dada a conocer en redes sociales, un comando armado fusiló en la vía pública a 17 individuos, y todavía dispuso de casi cinco horas para deshacerse de los cuerpos y limpiar la escena del crimen, sin ser molestado.
Aparte de estas masacres, la descomposición de la vida social se manifiesta de diferentes formas, pues desde hace tiempo los hechos delictivos han destruido los frágiles ambientes de paz y progreso. En otra variante, se padece el delito de extorsión, o cobro por “derecho de piso”, el cual, de acuerdo con la versión del próximo presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), se ha incrementado entre 12 y 17 por ciento en los estados de México, Veracruz, Quintana Roo, Jalisco y la Ciudad de México, hasta alcanzar cifras promedio de 30 mil pesos mensuales por empresa.
En los últimos años, una vez aplicada la estrategia de abrazos y no balazos al crimen organizado, el nivel de crecimiento del fenómeno ha tenido graves repercusiones, causando daños irreversibles a la economía y a la integridad física de miles de personas. Estamos ahora en una situación de peligro permanente y por lo visto así seguirá, mientras las autoridades municipales y estales no actúen en contra de la absurda política federal, valoren de manera responsable la magnitud del problema y den respuestas idóneas, obviamente no con el aumento de burocracias inútiles y protagónicas, sino por la vía de depurar, profesionalizar y equipar los cuerpos policíacos; de mejorar sustancialmente sus salarios y prestaciones, y erradicar el contubernio y la deshonestidad en los altos mandos.
En un contexto donde las estadísticas muestran el aumento exagerado de inseguridad y violencia, aunado a la impunidad en un porcentaje cercano al cien, el sentido de emergencia debe imperar, y esto no sólo obliga a mejorar estructuras y destinar a la lucha los recursos humanos y materiales suficientes, sino también a una modificación radical de las medrosas prácticas judiciales.
Ante esto, son bienvenidas reacciones como las de alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma mexiquense, ocurridas en días pasados en la Facultad de Contaduría y Administración, reivindicando así la importancia de formar grupos debidamente organizados, con la fortaleza y decisión necesarias para exigir protección y oponerse a la incompetencia oficial, desde una posición digna y combativa, y no temerosa ni resignada.
El país requiere de formas muy diferentes de ejercer el poder, pues las actuales sólo ha derivado en populismo, corrupción, derroche y destrucción de instituciones. En el tema comentado, los sangrientos y costosos resultados impiden seguir soportando a una casta incapaz de generar políticas públicas realmente benéficas, y cuyas complicidades ya son exhibidas en un reporte del propio Departamento de Estado norteamericano.
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