/ viernes 1 de octubre de 2021

Pensamiento Universitario | Investigadores perseguidos


La administración federal insiste en abrir frentes, y ahora le toca a gente de la ciencia y la academia.

Después de que dos jueces distintos han calificado de improcedentes las solicitudes de órdenes de aprehensión en contra de 31 investigadores y ex funcionarios públicos, integrantes o relacionados con el denominado Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene la decisión de pedirlas nuevamente. Finalmente, el objetivo parece ser encarcelar en el penal de máxima seguridad del país a estas personas, acusadas de delincuencia organizada y lavado de dinero, cuya pena podría alcanzar 82 años y medio de encierro, según la normatividad vigente.

Por obvias razones, el asunto es otro anillo al dedo del señor de palacio, quien dedicó una de las “mañaneras” a exhibir parte de un informe del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), donde se asegura que entre 2002 y 2018 el mencionado Foro recibió 471 millones de pesos del erario, para pagar hasta restaurantes de lujo, viajes, choferes y los impuestos de varios. Calificó al grupo de predilecto del régimen anterior, influyente y beneficiario de privilegios, e incluso se refirió erróneamente a uno de los miembros como el autor de un texto divulgado en las redes sociales, altamente ofensivo a su esposa y a él mismo, el cual leyó completo, dándole así una relevancia inaudita.

Las reacciones de la comunidad científica y académica no se han hecho esperar, pidiendo no solamente acatar la decisión de los jueces, sino también el fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia, con respecto a haberse desestimado la acusación inicial y considerar legal el otorgamiento de recursos públicos del CONACYT al Foro, durante el periodo de 2002, año de su creación, a febrero de 2020. A los apoyos de intelectuales, de universidades y sindicatos, se ha sumado el del Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por ver en la gravedad de esas acusaciones un verdadero despropósito y algo completamente inadmisible.

Por supuesto, en estos reclamos nadie pide ignorar las posibles irregularidades cometidas por todos o algunos de los mencionados. Sin embargo, sí se exige no mezclar rencores ni venganzas hacia los llamados adversarios neoliberales; dejar de hacer un uso faccioso de la justicia, respetar la presunción de inocencia y no pretender primero encarcelar y después iniciar juicios. Semejante trato lo debieran recibir los peligrosos delincuentes, por desgracia hoy merecedores de abrazos y protección máxima; las y los políticos corruptos, enriquecidos hasta la náusea al amparo del poder y, hablando de instituciones educativas, los participantes en el saqueo de la “estafa maestra”, la mayoría todavía impune y seguramente gozando de la gran vida.

El tema aquí expuesto, aunado a otra serie de manifestaciones derivadas del ánimo presidencial, donde destaca el desprecio, el rencor y las descalificaciones cotidianas al sector pensante, preparado y con libertad de decisión, o en lo local las acciones realizadas por el gobierno de Puebla, al tomar por las armas la Universidad de las Américas desde hace más de tres meses y designar un rector “gansito”, o el acoso a las autoridades de la Benemérita Universidad del mismo estado, sin duda son motivo de preocupación. Los procesos judiciales selectivos crean un clima de desconfianza, de temor, y amenazan con silenciar o destruir las estructuras críticas y de pluralidad, indispensables, entre otras cosas, para el fortalecimiento de la democracia.



La administración federal insiste en abrir frentes, y ahora le toca a gente de la ciencia y la academia.

Después de que dos jueces distintos han calificado de improcedentes las solicitudes de órdenes de aprehensión en contra de 31 investigadores y ex funcionarios públicos, integrantes o relacionados con el denominado Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene la decisión de pedirlas nuevamente. Finalmente, el objetivo parece ser encarcelar en el penal de máxima seguridad del país a estas personas, acusadas de delincuencia organizada y lavado de dinero, cuya pena podría alcanzar 82 años y medio de encierro, según la normatividad vigente.

Por obvias razones, el asunto es otro anillo al dedo del señor de palacio, quien dedicó una de las “mañaneras” a exhibir parte de un informe del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), donde se asegura que entre 2002 y 2018 el mencionado Foro recibió 471 millones de pesos del erario, para pagar hasta restaurantes de lujo, viajes, choferes y los impuestos de varios. Calificó al grupo de predilecto del régimen anterior, influyente y beneficiario de privilegios, e incluso se refirió erróneamente a uno de los miembros como el autor de un texto divulgado en las redes sociales, altamente ofensivo a su esposa y a él mismo, el cual leyó completo, dándole así una relevancia inaudita.

Las reacciones de la comunidad científica y académica no se han hecho esperar, pidiendo no solamente acatar la decisión de los jueces, sino también el fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia, con respecto a haberse desestimado la acusación inicial y considerar legal el otorgamiento de recursos públicos del CONACYT al Foro, durante el periodo de 2002, año de su creación, a febrero de 2020. A los apoyos de intelectuales, de universidades y sindicatos, se ha sumado el del Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por ver en la gravedad de esas acusaciones un verdadero despropósito y algo completamente inadmisible.

Por supuesto, en estos reclamos nadie pide ignorar las posibles irregularidades cometidas por todos o algunos de los mencionados. Sin embargo, sí se exige no mezclar rencores ni venganzas hacia los llamados adversarios neoliberales; dejar de hacer un uso faccioso de la justicia, respetar la presunción de inocencia y no pretender primero encarcelar y después iniciar juicios. Semejante trato lo debieran recibir los peligrosos delincuentes, por desgracia hoy merecedores de abrazos y protección máxima; las y los políticos corruptos, enriquecidos hasta la náusea al amparo del poder y, hablando de instituciones educativas, los participantes en el saqueo de la “estafa maestra”, la mayoría todavía impune y seguramente gozando de la gran vida.

El tema aquí expuesto, aunado a otra serie de manifestaciones derivadas del ánimo presidencial, donde destaca el desprecio, el rencor y las descalificaciones cotidianas al sector pensante, preparado y con libertad de decisión, o en lo local las acciones realizadas por el gobierno de Puebla, al tomar por las armas la Universidad de las Américas desde hace más de tres meses y designar un rector “gansito”, o el acoso a las autoridades de la Benemérita Universidad del mismo estado, sin duda son motivo de preocupación. Los procesos judiciales selectivos crean un clima de desconfianza, de temor, y amenazan con silenciar o destruir las estructuras críticas y de pluralidad, indispensables, entre otras cosas, para el fortalecimiento de la democracia.