A fin de crear una agenda política en común, los gobernadores de diez estados de la República decidieron formar la llamada Alianza Federalista, primero con la intención de solicitar los fondos necesarios para combatir la pandemia y después pidiendo la revisión del pacto fiscal, al considerar que no se les trata de manera justa, pues con lo asignado no pueden atender las carencias en sus respectivas entidades. Al no ser atendidos la inconformidad ha ido escalando, hasta generar un clima de confrontación cuyas consecuencias pueden empeorar el difícil escenario del año próximo.
Con el ánimo de cerrar filas y fortalecer sus demandas, estos mandatarios convocaron a todos los sectores el pasado 26 de octubre, recriminando la cerrazón y el centralismo de recursos por parte del gobierno federal. En las manifestaciones participaron legisladores y empresarios, rectores de universidades y organizaciones civiles, coincidiendo en que por las decisiones arbitrarias del ejecutivo se pone en riesgo el crecimiento, desarrollo y seguridad del país, al aumentar la pobreza, el desempleo y la falta de infraestructura en servicios como los de salud y educación.
Obviamente la respuesta ha sido despreciar la solicitud, reducirla a querer ganar votos y no ver en ella una exigencia legítima encauzada a cumplir con los distintos programas oficiales, en favor de millones de mexicanos. Incluso la negativa de recibir a los gobernantes y escuchar en forma directa sus planteamientos se justifica con algo absurdo, al decir que así se cuida “la investidura presidencial”, cuando varios hechos lamentables desmienten esa pretensión.
Por otra parte, mientras el panorama se complica en esos diez estados en el mexiquense la situación es distinta, según lo expresado por el no aliancista titular del ejecutivo en su mensaje de hace unos días, donde resaltó el apoyo de la federación por las excelsas obras aeroportuarias y las del tren interurbano, además de agradecer la confianza depositada en la entidad por el presidente, y sus acciones encaminadas a impulsar el crecimiento y mejorar la calidad de vida de las familias. Todo esto enmarcado en los festejos del tercer informe de labores, cuyos supuestos logros han sido severamente cuestionados o desmentidos por los legisladores de oposición, con base en datos plenamente comprobables.
Y por desgracia tienen razón, pues eso del progreso y bienestar no se ve reflejado en la solución a los graves y diversos problemas, aunque si en otros temas indeseables, uno de los cuales es precisamente el dispendio publicitario con motivo de dicho informe. La propaganda inútil y ofensiva satura espacios, y hace indispensable poner límites muy estrictos a esta fea costumbre, empezando por prohibir el derroche, cuya finalidad es tratar de ocultar deficiencias y disfrazar de ideas las costosas ocurrencias.
Argumentos como los de la Alianza Federalista y de miles de ciudadanos muestran la necesidad de exigir un trato justo en materia presupuestal, pero también obligan a la clase política a tener un comportamiento de sobriedad, respeto y solidaridad hacia las precarias condiciones de vida de un pueblo bastante castigado por la pandemia y la ineptitud de los malos gobiernos. En resumen, los tiempos no son de posturas triunfalistas, y mucho menos para propiciar foros de lucimiento y discursos incompatibles con la realidad. Hoy se debe gobernar con decoro y emplear los recursos públicos de manera racional, eficaz y transparente.
