La Legislatura mexiquense acaba de aprobar por mayoría la cuenta pública estatal, correspondiente al año 2019. No obstante, pidió al Organismo Superior de Fiscalización dar especial atención y seguimiento a las observaciones hechas al gasto de los programas sociales, así como a las de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y del Instituto de Seguridad Social de la entidad y sus municipios (ISSEMyM).
Según la nota periodística, se habría elaborado un dictamen donde se señala ineficacia e ineficiencia en el ejercicio y rendición de cuentas del monto asignado a dichos programas, al estar diseñados y ejecutados en forma deficiente y con manejos administrativos opacos. Del Instituto se reportó un creciente número de deudas por cobrar, debido a su incapacidad para obtener recursos mediante cuotas y aportaciones, destinados a financiar su operatividad. Y con respecto a las malas notas de la UAEM las causas se atribuyeron a la incompetencia o negligencia en el control de procesos financieros, presupuestales, contables, administrativos y fiscales.
En cuanto a lo primero, sin duda son de esperarse esos resultados, pues la estrategia de privilegiar los métodos clientelares, la compra de votos y el posicionamiento de imágenes sin esencia siempre facilitará el camino de la corrupción. Por desgracia, el sistema político del país tiene en este tipo de derroche una manera efectiva de perpetuar el poder, pues en lugar de combatir los motivos reales de la pobreza, desigualdad y marginación, emplea el dinero de los contribuyentes en debilitar instituciones y pervertir la democracia, por ejemplo, cuando somete la dignidad de las personas con dádivas, convirtiéndolas en dependientes de la ayuda oficial, en simples mascotas, según la filosofía del señor de palacio.
Por otra parte, la situación del ISSEMyM es ya apremiante, a grado tal que sus directivos han solicitado al Congreso local la desincorporación y enajenación de 22 inmuebles en desuso, cuyos recursos, dicen, se canalizarán al fondo de reserva e integración de préstamos a los derechohabientes. Ante esto, la respuesta de un grupo de pensionados y jubilados no tardó en llegar, con la exigencia de frenar esa petición y en cambio proceder legalmente en contra de quienes causaron la actual crisis, al haber perfeccionado desde los sexenios anteriores el patrón de saqueo al patrimonio de la dependencia.
Y qué decir de nuestra sufrida UAEM, nuevamente afectada por reportes vergonzosos, derivados de la conducta de funcionarios perversos, que han puesto en entredicho el ejercicio honesto de la autonomía y no les importó ofender el prestigio y buen nombre de la histórica alma mater. Lo grave de las denuncias amerita múltiples reacciones, empezando por la del Consejo Universitario, a fin de dar mayores apoyos al Órgano Interno de Control, hoy encargado de investigar desempeños relacionados con el uso de los recursos institucionales, de hacer cumplir la ley y quizá hasta de recuperar el dinero mal habido, mediante los respectivos juicios civiles o penales.
Castigar la inmoralidad demanda la aplicación de medidas estrictas y no dejar en el olvido los hechos del pasado, durante varios años reflejados en una espiral creciente y perniciosa. Por eso, es obligado decirle a universitarios y sociedad cómo se llegó a una situación altamente dañina, y dónde debe quedar la responsabilidad de los ex rectores, de sus colaboradores cercanos y de las instancias de contraloría, en ese actuar impune de los graduados en desaparecer el dinero público.
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