/ viernes 21 de enero de 2022

Pensamiento Universitario | La deuda pública mexiquense

La legislatura local sigue sin aprobar el paquete fiscal de este año, sobre todo porque los grupos parlamentarios no definen una posición en torno a si votarán a favor o en contra de autorizarle al ejecutivo aumentar la deuda, este año por un monto de 9 mil 500 millones de pesos.

Unos insisten en los beneficios del crédito, el cual, aseguran, tendría una alta orientación social y no pone en riesgo la salud financiera de la entidad. En cambio, la oposición mantiene su negativa, no sólo por demandar una política de austeridad, sino por no observar la aplicación de los más de 8 mil millones de pesos contratados en 2021, en las prometidas obras de rehabilitación de carreteras y construcción de hospitales.

Sin duda, este tipo de financiamiento puede ser una herramienta útil, siempre y cuando cumpla diversas condiciones, como por ejemplo ser transparente y racional, además de emplearse en el contexto de un crecimiento absolutamente demostrable. Sin embargo, sus altos niveles pueden, entre otras cosas, aumentar la presión fiscal, reducir el gasto social, frenar la inversión privada y limitar la capacidad para llevar a cabo reformas o proyectos de desarrollo sostenible.

Por desgracia, es este el caso del estado de México, cuyos gobernantes se han especializado en pedir prestado, en lugar de manejar con probidad y eficiencia el erario, diseñar una estrategia recaudatoria efectiva, estimular el crecimiento por la vía de crear empresas y combatir la evasión en el pago de impuestos, particularmente de los influyentes potentados, representantes del abuso legalizado.

Derivado de tan nefasta costumbre, y de acuerdo con la información publicada en este diario, hasta septiembre del 2021 el saldo de los pasivos ascendía a 47 mil 238 millones de pesos, y si se contrata la cantidad solicitada llegarían a 56 mil 738 millones de pesos. El escenario de terror se completa al conocer el monto total del pago de intereses y amortizaciones durante los últimos siete años, en una cifra del orden de 57 mil 120 millones de pesos, tomando en cuenta que del primer concepto fueron 30 mil 809 millones de pesos y del segundo 26 mil 311 millones de pesos.

Aunque la petición del ejecutivo tendrá una respuesta, quizá con ajustes o modificaciones, la indeseable situación debe obligar a las y los legisladores a actuar en consecuencia, exigiendo a las dependencias y organismos de control una estricta rendición de cuentas, a fin de verificar la legitimidad de semejante endeudamiento y sus graves repercusiones. Es decir, en el marco de sus atribuciones, ordenar una investigación exhaustiva, incluso con la participación de profesionales independientes, mediante la cual se dé a conocer a la sociedad la forma precisa del ejercicio de esos recursos.

Una democracia necesita de un sistema de gobierno preparado, responsable y con auténtica vocación de servicio, capaz de lograr progreso y bienestar en temas como salud, educación, justicia y seguridad. Por lo tanto, el uso de los presupuestos requiere de honestidad y eficacia, y cualquier desviación merece el castigo máximo, pues nada justifica destinarlo al clientelismo o a beneficiar a caciques y grupos de poder, y mucho menos a mantener los privilegios de esa burocracia soberbia e improductiva, convertida en una auténtica depredadora del dinero del pueblo.

Si la clase política en su conjunto no interpreta de manera correcta las crecientes muestras de descomposición, pronto sus desaciertos merecerán el juicio implacable de una nación decidida a cobrarse los innumerables agravios históricos.

La legislatura local sigue sin aprobar el paquete fiscal de este año, sobre todo porque los grupos parlamentarios no definen una posición en torno a si votarán a favor o en contra de autorizarle al ejecutivo aumentar la deuda, este año por un monto de 9 mil 500 millones de pesos.

Unos insisten en los beneficios del crédito, el cual, aseguran, tendría una alta orientación social y no pone en riesgo la salud financiera de la entidad. En cambio, la oposición mantiene su negativa, no sólo por demandar una política de austeridad, sino por no observar la aplicación de los más de 8 mil millones de pesos contratados en 2021, en las prometidas obras de rehabilitación de carreteras y construcción de hospitales.

Sin duda, este tipo de financiamiento puede ser una herramienta útil, siempre y cuando cumpla diversas condiciones, como por ejemplo ser transparente y racional, además de emplearse en el contexto de un crecimiento absolutamente demostrable. Sin embargo, sus altos niveles pueden, entre otras cosas, aumentar la presión fiscal, reducir el gasto social, frenar la inversión privada y limitar la capacidad para llevar a cabo reformas o proyectos de desarrollo sostenible.

Por desgracia, es este el caso del estado de México, cuyos gobernantes se han especializado en pedir prestado, en lugar de manejar con probidad y eficiencia el erario, diseñar una estrategia recaudatoria efectiva, estimular el crecimiento por la vía de crear empresas y combatir la evasión en el pago de impuestos, particularmente de los influyentes potentados, representantes del abuso legalizado.

Derivado de tan nefasta costumbre, y de acuerdo con la información publicada en este diario, hasta septiembre del 2021 el saldo de los pasivos ascendía a 47 mil 238 millones de pesos, y si se contrata la cantidad solicitada llegarían a 56 mil 738 millones de pesos. El escenario de terror se completa al conocer el monto total del pago de intereses y amortizaciones durante los últimos siete años, en una cifra del orden de 57 mil 120 millones de pesos, tomando en cuenta que del primer concepto fueron 30 mil 809 millones de pesos y del segundo 26 mil 311 millones de pesos.

Aunque la petición del ejecutivo tendrá una respuesta, quizá con ajustes o modificaciones, la indeseable situación debe obligar a las y los legisladores a actuar en consecuencia, exigiendo a las dependencias y organismos de control una estricta rendición de cuentas, a fin de verificar la legitimidad de semejante endeudamiento y sus graves repercusiones. Es decir, en el marco de sus atribuciones, ordenar una investigación exhaustiva, incluso con la participación de profesionales independientes, mediante la cual se dé a conocer a la sociedad la forma precisa del ejercicio de esos recursos.

Una democracia necesita de un sistema de gobierno preparado, responsable y con auténtica vocación de servicio, capaz de lograr progreso y bienestar en temas como salud, educación, justicia y seguridad. Por lo tanto, el uso de los presupuestos requiere de honestidad y eficacia, y cualquier desviación merece el castigo máximo, pues nada justifica destinarlo al clientelismo o a beneficiar a caciques y grupos de poder, y mucho menos a mantener los privilegios de esa burocracia soberbia e improductiva, convertida en una auténtica depredadora del dinero del pueblo.

Si la clase política en su conjunto no interpreta de manera correcta las crecientes muestras de descomposición, pronto sus desaciertos merecerán el juicio implacable de una nación decidida a cobrarse los innumerables agravios históricos.