A pesar de las abundantes lluvias de las últimas semanas, las principales presas mexiquenses no alcanzan el nivel deseado, y una de ellas es la de Valle de Bravo, importante proveedor de agua a los valles de México y Toluca. Según estudios publicados, esto se debe no sólo al cambio climático, sino también a la existencia de lagos artificiales particulares, construidos por cientos en las casas de descanso de políticos y empresarios adinerados.
Por tal motivo, el líquido de manantiales y ríos no desemboca totalmente en la presa, pues volúmenes considerables se desvían hacia los embalses privados, varios de los cuales no se apegan a las normas ambientales, a los requerimientos técnicos ni a la legislación vigente, no obstante ubicarse en áreas naturales protegidas. Así, gracias al predominio de influencias, dinero y poder, las fastuosas residencias se complementan con este tipo de obras, incluso por la vía de imponer usos de suelo y la impune destrucción del entorno.
Semejantes abusos corroboran que la protección del medio ambiente no es una prioridad de los gobiernos, ya sean federal, estatal o municipal, al no querer evitar el desastre y mucho menos proceder legalmente en contra de quienes debieran ser tratados como delincuentes y sancionados de acuerdo con la magnitud de los daños causados. La propia Legislatura mexiquense ha reaccionado con la típica tibieza, limitándose a exhortar a las dependencias a informar acerca del número de estanques particulares, y si cuentan o no con los permisos correspondientes, en lugar de corroborar los reportes divulgados, directamente o con la ayuda de la tecnología, y exigirles a las autoridades la solución inmediata del asunto, con las denuncias de ley a los arbitrarios ricachones.
Por desgracia, los problemas en éste y en temas análogos se acumulan y se magnifican, debido a las torpezas y corrupción de los falsos servidores públicos, quienes utilizan sus cargos para obtener beneficios personales y no les preocupa cuidar los intereses de la población. Obviamente, corregir esta devastación y otras similares, como la que actualmente enfrenta el Nevado de Toluca, requiere de tiempo, inversiones significativas y, sobre todo, de un control enérgico al autoritarismo y la ambición desmedida de tanto orate suelto.
Sin embargo, la tarea es muy difícil, al estar de por medio varias restricciones; por ejemplo, las arraigadas estructuras de complicidad, por cuya causa numerosos hechos delictivos quedan sin castigo. Persiste además el desinterés oficial, pues la duración de estos proyectos rebasa el horizonte de presumir logros inmediatos, y no pueden competir con el aplauso fácil derivado del reparto de dádivas y de los nefastos programas clientelares.
Por eso, es indispensable tomar conciencia de la gravedad de la situación, comprender su significado e impulsar trasformaciones de fondo en los modelos de desarrollo, tendientes a revertir el deterioro del medio ambiente y la pérdida de los ecosistemas naturales, ocasionados, entre muchas otras cosas, por la criminal destrucción de las zonas forestales y de los espacios de captación de agua; los asentamientos irregulares y los cambios de uso del suelo al gusto de los potentados.
Bastante se puede hacer si la sociedad se organiza y sustenta sus demandas con el apoyo de expertos en la materia, de instituciones educativas y medios de comunicación, a fin de obligar a la ineptocracia a cumplir con su deber. Las políticas públicas no pueden continuar omitiendo la catástrofe. Es necesario actuar con prontitud, antes de que sea demasiado tarde.
