Con todas sus consecuencias, la corrupción está presente y significa algo natural en la actividad pública mexicana. Y no acabará, mientras no existan los mecanismos y las autoridades dispuestas a imponer el pleno imperio de la ley, y sean severamente castigados quienes abusan del patrimonio de las instituciones, cuando debieran ser los encargados de su buen uso.
Este viejo fenómeno afecta todo y, por desgracia, el sistema universitario en lo absoluto es la excepción, pues también ahí sobrevive y se arraiga de muy distintas formas, empezando por la imposición en los altos cargos de jerarquías académicas simuladoras, y en seguida el reparto del dinero del pueblo en los exagerados sueldos y canonjías de estos burócratas; becas, bonos especiales y elevado pago de asesorías a consentidos y recomendados; plazas de tiempo completo asignadas a los orgullos del nepotismo; jugosos contratos otorgados a las empresas de los socios, sin olvidar el derroche causado por los nefastos “aviadores”.
Algo de esto se corrobora con el informe de hace unos días del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, donde existen fuertes observaciones a la UAEM, una de ellas la publicación de un monto de salarios menor al reportado en la cuenta pública de 2019, destacando específicamente los casos del rector y del secretario de Administración, cuyos pésimos desempeños se reflejaron en cobros mensuales de 157 mil 752 pesos y 136 mil 633 pesos, respectivamente. Según la dependencia fiscalizadora esa diferencia implica un posible daño al erario, entre otras cosas por multas y recargos generados al pagar impuestos de manera extemporánea.
Pero, además, en este informe se documenta otro hallazgo, relacionado con el pago efectuado a un funcionario por tener dos empleos al mismo tiempo, uno en la Universidad y otro en la Comisión de Derechos Humanos mexiquense, a pesar del impedimento legal.
Con justificada razón, la comunidad universitaria ha expresado su molestia, al ver que, nuevamente, a la máxima casa de estudios de la entidad se le relaciona con hechos vergonzosos, derivados de la conducta antiética de quienes no les importa cuidar el prestigio y buen nombre de la histórica institución. Sin embargo, dada la gravedad de esta información, aunado a la denuncia de otros medios donde se dan a conocer los nombres de más integrantes de la fuerza aérea, se espera la firme reacción del Órgano Interno de Control, para deslindar responsabilidades, hacer cumplir la ley y, sobre todo, recuperar el dinero mal habido y sus réditos.
Por otra parte, y si bien la lucha contra la inmoralidad demanda la aplicación de estrictas supervisiones oficiales, salir de la espiral creciente y perniciosa requiere de un complemento importante, como lo es el análisis de la personalidad de los individuos aspirantes a un cargo, mediante los estudios psicométricos y proyectivos acerca del funcionamiento de su mente. Así, se valoraría de mejor manera el riesgo de repetir experiencias al encumbrar, por ejemplo, a cualquiera de los siguientes dos perfiles: uno, el narcisista, con sus patrones de egocentrismo y grandiosidad, y dos, el antisocial, con su frialdad emocional y el comportamiento basado en el engaño y la distorsión de la verdad; ambos sin el menor remordimiento por las consecuencias de sus actos.
Es decir, el entorno propicio de la deshonestidad resulta de la combinación de distintos factores, entre los cuales están las oportunidades de abusar sin el temor de un posible castigo y las características personales, obviamente con el incentivo de comunidades medrosas e irresponsables, sometidas al mito del poder.
