Por lo visto, a la alta burocracia de la Universidad Autónoma del Estado de México no se le da eso de acatar las leyes en tiempo y forma. Una muestra de esto la acaba de señalar el doctor Victorino Barrios Dávalos, actual titular del Órgano Interno de Control de la institución, quien en declaraciones publicadas en este diario mencionó que durante tres años no se ha cumplido con la obligación de crear las áreas básicas de Investigación, Sustanciación y Resolución, cuya finalidad es atender las denuncias de posibles faltas administrativas, conforme a la ley derivada del Sistema Nacional Anticorrupción.
Al desobedecer este mandato desde julio de 2017, varios casos pudieron haber ya prescrito, por lo cual, dijo el funcionario, se valora la posibilidad de iniciar una investigación de oficio, incluso en contra del Consejo Universitario y de su presidente. Algo realmente necesario, pues no era cuestión de ser omisos y seguir permitiendo la impunidad ante los presuntos actos indebidos de alguna autoridad, sino de identificar su gravedad en forma objetiva y aplicar las sanciones correspondientes.
Es decir, en términos de lo establecido en la Ley de Responsabilidades, castigar ya sea el manejo incorrecto de información, no transparentar los procedimientos legales o el trato irrespetuoso hacia cualquiera de los integrantes de la comunidad. Obviamente, con el trabajo imparcial y oportuno de esas tres instancias, quizá se habrían encauzado de mejor manera los casos de hostigamiento y acoso sexual revelados hace meses en los distintos espacios, cuyo costo por la realización de los trámites judiciales ha sido de varios millones de pesos, según versión del rector (en un estado de Derecho, por este tipo de consecuencias, además de los daños causados a la imagen de la UAEM, sería procedente iniciar una indagatoria y deslindar responsabilidades dentro del marco jurídico).
Por otra parte, la soberbia continúa manifestándose, y en lugar de reconocer las ventajas de contar con un organismo independiente de supervisión y control en el uso de los bienes institucionales, y darle el apoyo apropiado para el cabal cumplimiento de su encomienda, los inteligentes servidores universitarios van en sentido contrario, al poner una serie de obstáculos y negar desde la entrega de expedientes completos hasta la dotación de insumos básicos de oficina y equipos de cómputo funcionales. Y por si esto fuera poco, con el aval del obsecuente Consejo Universitario se crea más burocracia onerosa, ahora con la llamada Dirección General de Evaluación y Control de la Gestión Universitaria, al parecer con la intención de ser un ente espejo según la percepción del doctor Barrios Dávalos, a la cual sí se le proporciona todo lo necesario.
La construcción de una mejor casa de estudios implica valorar lo útil que pueden ser las tareas del Órgano Interno de Control, así como la experiencia y antecedentes de su titular, hoy comprometido en no permitir más “estafas maestras” y actuar hasta donde la ley lo determine, sin importar el rango del infractor. La UAEM ha tocado fondo en manos de liderazgos ineptos y abusivos, acostumbrados a disponer a su antojo de los altos cargos y del dinero de los contribuyentes. Ante eso, la comunidad está obligada a tener conciencia de la situación, cambiar el rumbo y esmerarse en recuperar el prestigio de tan entrañable institución.
