En noviembre de este año termina el periodo del doctor Enrique Graue, como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En septiembre se publicará la convocatoria y dos meses después se deberá elegir a el o la sucesora.
Aprovechando esta situación, un diputado del partido en el poder trató de afectar la vida de la institución, al proponer una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica, para que sea la comunidad quien designe al rector mediante sufragio directo, libre, personal e intransferible, y ya no la Junta de Gobierno. Si bien el citado proyecto se encuentra suspendido, la acción significa otra embestida desde el poder a la máxima casa de estudios del país, por el deseo de dominarla, ejercer el control político e ideológico y acabar con la autonomía, pasando por encima de lo dispuesto en el Artículo 2 de la Ley General de Educación Superior, publicada en abril de 2021.
La Junta en cuestión fue creada en 1945, se integra por 15 académicos distinguidos elegidos por el Consejo Universitario, y entre sus facultades están las de nombrar también a los directores de las facultades, escuelas e institutos. El caso del principal representante pasa por un periodo de exploración de las opiniones de la comunidad, encomendado comisiones formadas dentro del mismo organismo evaluador, y el dictamen final requiere de muchas horas de análisis, entrevistas y discusión, hasta tenerse una mayoría calificada de diez opiniones favorables.
Por supuesto, en un centro educativo del tamaño y la complejidad de la UNAM el método de selección de sus autoridades tiene posturas divergentes, y difícilmente logra conciliar intereses. Algunos ven en el modelo una práctica antidemocrática, al no contarse con el voto individual de alumnos, docentes y personal administrativo. En cambio, otros ven en el procedimiento algo adecuado, pues con un filtro de semejante exigencia no pueden tener cabida los recomendados, y tampoco se aceptan los populistas ni la farsa de los títulos y grados sin esencia, pero sí se privilegian la trayectoria, preparación, cultura y la calidad del programa de trabajo propuesto, conforme a las condiciones y necesidades del espacio respectivo.
A lo largo de casi ocho décadas este sistema le ha permitido a la UNAM tener directivos de alto nivel, incluso merecedores de una reelección por otros cuatro años, y sus grandes logros en las funciones sustantivas la han llevado a posicionarse como una de las más destacadas en el mundo, la mejor de México y la segunda en Latinoamérica. En este escenario, no resultaría conveniente cambiar hacia los esquemas de elección de autoridades tan comunes en otras universidades públicas, donde el enfoque de “república chiquita” sólo sirve para justificar la imposición de gente mediocre y sin ética, por parte de la élite política y mafias internas, apoyadas en el desinterés y la sumisión de sectores muy poco o nada críticos.
En materia educativa la nación enfrenta también problemas muy graves, y eso puede verse desde una SEP con pésimo desempeño, utilizada por un régimen destructor, hasta los constantes ataques a quienes representan el conocimiento, la cultura y la ciencia. Por eso, la defensa de los centros de instrucción superior debe ser valerosa e inmediata, ante el compromiso formar ciudadanos íntegros, de pensamiento independiente y dispuestos a construir un país más justo, democrático y con menor desigualdad.
Ingeniero civil, profesor de tiempo completo en la UAEM.
