/ viernes 12 de agosto de 2022

Pensamiento Universitario | Protección a Pensionados

La semana pasada, decenas de jubilados se manifestaron en la zona centro de la ciudad de Toluca, con la finalidad de reiterar sus protestas en contra de las decisiones tomadas por las autoridades en materia de seguridad social. Con justificada razón, diferentes grupos y organizaciones han expresado su inconformidad, no sólo por el deficiente servicio otorgado por el ISSEMyM, sino también por las reformas a la ley propuestas por el ejecutivo y aprobadas por la legislatura local, las cuales, según la versión de los afectados, no se analizaron con responsabilidad ni se buscó darle un trato equitativo a un sector cada vez más vulnerable.

Por eso, entre otras cosas exigen preservar el incremento en el monto de las pensiones de acuerdo con el ajuste salarial anual de los servidores públicos en funciones, y el pago del seguro por fallecimiento con base en la variación del salario mínimo, pues con las modificaciones ahora lo primero será conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, hasta un tope máximo, y lo segundo en términos de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Asimismo, los pensionados piden cubrir las prestaciones del servicio a la salud en una cantidad igual a la de los trabajadores en activo, de 4.625% del sueldo sujeto a cotización, y no del actual 6%, pues eso es violatorio de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, como ya fue reconocido en algunos juicios de amparo. Obviamente, a los reclamos se suma resolver el problema del desabasto de medicamentos en las unidades hospitalarias y contratar un mayor número de especialistas para reducir los tiempos de atención, mismos que llegan a ser de varios meses, o dan lugar a gastos extraordinarios cuando el paciente se ve en la necesidad de buscar la asistencia en consultorios particulares.

En este escenario, sin duda los mayormente perjudicados son las y los jubilados, quienes, después de dedicar una gran parte de su vida al trabajo productivo, no se les da el trato correcto, por ejemplo, mediante un conjunto de normas adecuadas, justas y dignas, y por el contrario son víctimas de los actos perversos de gobiernos insensibles y corruptos.

En consecuencia, la diputación de la entidad está obligada a comprender la naturaleza y el alcance de sus deberes, en este caso con la puntual atención a las demandas de los afiliados y la protección de sus legítimos logros. Incluso, con agrado se vería la disposición de ordenar una auditoría externa al Instituto, como fue propuesto y avalado por esa instancia en el año 2019, cuando se tuvo información acerca de varias irregularidades, al analizar las cuentas públicas de 2006 a 2017.

Integrantes de la Cámara pidieron en ese entonces a las dependencias respectivas iniciar los procedimientos en contra de quienes resultasen involucrados en el desfalco financiero al ISSEMyM, al descubrirse un patrón de saqueo a su patrimonio, endeudamiento y la desaparición de partidas completas de ejercicios anuales, durante los sexenios priistas de esa época. En esos reportes se hablaba de una extensa serie de hechos verdaderamente indignantes, donde se incluía utilizar para otros propósitos el subsidio del fondo de pensiones, condonar deudas millonarias sin justificación, pagos por obras no ejecutadas, además de otorgar jubilaciones a personas ajenas a la dependencia y permitir la afiliación de trabajadores de empresas privadas.

En resumen: es absurdo permitir la impunidad de tanto sinvergüenza y en cambio ser omisos ante el perjuicio causado a miles de derechohabientes.

Ingeniero civil, con posgrados de maestría y doctorado.

Profesor de tiempo completo en la UAEM.

juancuencadiaz@hotmail.com

La semana pasada, decenas de jubilados se manifestaron en la zona centro de la ciudad de Toluca, con la finalidad de reiterar sus protestas en contra de las decisiones tomadas por las autoridades en materia de seguridad social. Con justificada razón, diferentes grupos y organizaciones han expresado su inconformidad, no sólo por el deficiente servicio otorgado por el ISSEMyM, sino también por las reformas a la ley propuestas por el ejecutivo y aprobadas por la legislatura local, las cuales, según la versión de los afectados, no se analizaron con responsabilidad ni se buscó darle un trato equitativo a un sector cada vez más vulnerable.

Por eso, entre otras cosas exigen preservar el incremento en el monto de las pensiones de acuerdo con el ajuste salarial anual de los servidores públicos en funciones, y el pago del seguro por fallecimiento con base en la variación del salario mínimo, pues con las modificaciones ahora lo primero será conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, hasta un tope máximo, y lo segundo en términos de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Asimismo, los pensionados piden cubrir las prestaciones del servicio a la salud en una cantidad igual a la de los trabajadores en activo, de 4.625% del sueldo sujeto a cotización, y no del actual 6%, pues eso es violatorio de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, como ya fue reconocido en algunos juicios de amparo. Obviamente, a los reclamos se suma resolver el problema del desabasto de medicamentos en las unidades hospitalarias y contratar un mayor número de especialistas para reducir los tiempos de atención, mismos que llegan a ser de varios meses, o dan lugar a gastos extraordinarios cuando el paciente se ve en la necesidad de buscar la asistencia en consultorios particulares.

En este escenario, sin duda los mayormente perjudicados son las y los jubilados, quienes, después de dedicar una gran parte de su vida al trabajo productivo, no se les da el trato correcto, por ejemplo, mediante un conjunto de normas adecuadas, justas y dignas, y por el contrario son víctimas de los actos perversos de gobiernos insensibles y corruptos.

En consecuencia, la diputación de la entidad está obligada a comprender la naturaleza y el alcance de sus deberes, en este caso con la puntual atención a las demandas de los afiliados y la protección de sus legítimos logros. Incluso, con agrado se vería la disposición de ordenar una auditoría externa al Instituto, como fue propuesto y avalado por esa instancia en el año 2019, cuando se tuvo información acerca de varias irregularidades, al analizar las cuentas públicas de 2006 a 2017.

Integrantes de la Cámara pidieron en ese entonces a las dependencias respectivas iniciar los procedimientos en contra de quienes resultasen involucrados en el desfalco financiero al ISSEMyM, al descubrirse un patrón de saqueo a su patrimonio, endeudamiento y la desaparición de partidas completas de ejercicios anuales, durante los sexenios priistas de esa época. En esos reportes se hablaba de una extensa serie de hechos verdaderamente indignantes, donde se incluía utilizar para otros propósitos el subsidio del fondo de pensiones, condonar deudas millonarias sin justificación, pagos por obras no ejecutadas, además de otorgar jubilaciones a personas ajenas a la dependencia y permitir la afiliación de trabajadores de empresas privadas.

En resumen: es absurdo permitir la impunidad de tanto sinvergüenza y en cambio ser omisos ante el perjuicio causado a miles de derechohabientes.

Ingeniero civil, con posgrados de maestría y doctorado.

Profesor de tiempo completo en la UAEM.

juancuencadiaz@hotmail.com