El lado obscuro del trabajo en México: las trabajadoras y trabajadores domésticos
La semana pasada, al salir de casa para ir a comprar a la tiendita más cercana, me topé con Don Lucas, un cuidador de una casa de campo, según me comentó, había sido despedido de su trabajo por su incapacidad dada su edad y su estado de salud, después de décadas, sin mayor indemnización, a pesar de tener derecho a ella, y sin derecho y servicios médicos de salud, por lo que ahora tiene que pedir prestado, a fondo perdido, pues es obvia su incapacidad para pagar cualquier préstamo.
Como Don Lucas, millones de mexicanos que se desempeñan como sirvientes, vigilantes, jardineros, porteros, etc., viven al día por carecer de los derechos humanos a una pensión y servicios médicos. Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), realizada por el INEGI, el 4.8% del total de la población ocupada se dedica al trabajo doméstico remunerado.
Sistemas asistencialistas como las pensiones para los adultos mayores que otorgan tanto el gobierno federal como algunos estados han resultado claramente ineficaces por su insuficiente cobertura, pues se centran fundamentalmente en mayores de 65 o 68 años, a pesar de que, según datos del INAPAM, la población mexicana de 60 años o más sobrepasa los diez millones. Asimismo, en el mejor de los casos, las pensiones rondan los 1,275 pesos mensuales, a pesar de que el salario mínimo mensual en el centro y sur del país es de 3,121.47 pesos.
En el mismo tenor, el Seguro Popular implica la observancia de ciertos requisitos y procesos burocráticos para darse de alta, a pesar de que, según el INAPAM, el 74% de la población mexicana de 60 años o más no sabe leer ni escribir, e incluso, se requiere del pago para poder acceder a los servicios médicos,
El pasado cinco de diciembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es inconstitucional que la Ley del IMSS excluya el trabajo doméstico del régimen obligatorio de seguridad social, por lo que deberá exigirse a los empleadores pagar para que se otorgue dicho servicio a sus trabajadores y trabajadoras del hogar.
No obstante, consideramos que pretender que los patrones paguen por este servicio provocaría el despido masivo de dichos trabajadores o, en su defecto, la generación de nuevas formas de simulación, por lo que es menester que dicho costo lo asuma el Estado, aprovechando la oportunidad de que lo encabeza un gobierno de izquierda, para lo cual podrían explorarse nuevas fuentes de financiamiento que resulten económicamente neutrales y no inhiban dicha fuente de empleo para millones de familias mexicanas.
