/ viernes 15 de marzo de 2019

Pesos y Contrapesos


Deudas municipales

Nuestros municipios seguirán pobres y endeudados mientras los gobiernos federal y estatales se queden con los impuestos más importantes y más fáciles de cobrar.

Una de las cuestiones que parece no tener fin es la relativa al creciente endeudamiento de los municipios y sus entes públicos con el gobierno federal, lo cual es un contrasentido.

Según la Secretaría de Hacienda, tan sólo el año pasado el 50% de su deuda se destinó al refinanciamiento.

Los principales adeudos de los municipios con el gobierno federal ascienden a 15,483 millones de pesos, de los cuáles 36% corresponde a la CFE; 19% al SAT; 17% al IMSS; 14% a la Conagua; y 14% al ISSSTE. Esto es, los municipios adeudan la luz, el ISR de sus empleados, el agua, y las aportaciones la seguridad social de sus empleados.

Consecuentemente, la mayoría de los municipios ven gravemente disminuidos los recursos que reciben de participaciones federales, pues sirven de garantía de pago de algunas deudas, con lo cual, algunos tienen comprometido el 80% de esos recursos, de manera que el flujo real de ese dinero es significativamente menor al que formalmente reciben.

Las principales fuentes de ingresos de los municipios y alcaldías son las participaciones y las aportaciones federales, que representan el 61% de sus ingresos totales, en tanto las principales contribuciones municipales son los impuestos predial y de traslado de dominio de bienes inmuebles, y los derechos por el suministro de agua y por alumbrado público.

Sin embargo, la recaudación propia de nuestros municipios es muy limitada. Por ejemplo, en México la recaudación del impuesto predial representa apenas el 0.2% del PIB, por lo que se ubica por debajo del promedio de los países de la OCDE (1.1%) y de América Latina (0.3%).

En 2017, el 80% del total del predial a nivel nacional lo generaron 118 municipios, sin considerar a la ciudad de México. El 50% de la recaudación se concentró en 31 municipios y en 11 entidades federativas más del 50% de la recaudación se concentró en un solo municipio (la capital).

Por lo que se refiere al agua, se repite la historia: en 2017, el 80% del total de la recaudación a nivel nacional lo generaron 105 municipios, sin incluir a la ciudad de México. El 50% se concentró en 30 municipios y en 14 entidades federativas más del 50% de la recaudación se concentró también en un sólo municipio.

En el caso del impuesto sobre adquisición de inmuebles, la ciudad de México concentra el 40% de la recaudación nacional, seguida de Nuevo León (10%), el Estado de México (9%) y Querétaro (5%). Esto es así porque nuestro sistema tributario nacional tiene serios problemas de diseño, pues concentra en la Federación los impuestos más simples y jugosos, como es el caso del IVA y los petroleros.

La cuestión es muy clara: es necesario poner fin de manera definitiva al fenómeno endémico del endeudamiento de los municipios con el gobierno federal.

Para ello, una buena medida sería una suerte de acuerdo nacional de “borrón y cuenta nueva”, seguido de una serie de compromisos de las municipalidades para no volver a incurrir en esto y aumentar sustancialmente la recaudación propia.


Deudas municipales

Nuestros municipios seguirán pobres y endeudados mientras los gobiernos federal y estatales se queden con los impuestos más importantes y más fáciles de cobrar.

Una de las cuestiones que parece no tener fin es la relativa al creciente endeudamiento de los municipios y sus entes públicos con el gobierno federal, lo cual es un contrasentido.

Según la Secretaría de Hacienda, tan sólo el año pasado el 50% de su deuda se destinó al refinanciamiento.

Los principales adeudos de los municipios con el gobierno federal ascienden a 15,483 millones de pesos, de los cuáles 36% corresponde a la CFE; 19% al SAT; 17% al IMSS; 14% a la Conagua; y 14% al ISSSTE. Esto es, los municipios adeudan la luz, el ISR de sus empleados, el agua, y las aportaciones la seguridad social de sus empleados.

Consecuentemente, la mayoría de los municipios ven gravemente disminuidos los recursos que reciben de participaciones federales, pues sirven de garantía de pago de algunas deudas, con lo cual, algunos tienen comprometido el 80% de esos recursos, de manera que el flujo real de ese dinero es significativamente menor al que formalmente reciben.

Las principales fuentes de ingresos de los municipios y alcaldías son las participaciones y las aportaciones federales, que representan el 61% de sus ingresos totales, en tanto las principales contribuciones municipales son los impuestos predial y de traslado de dominio de bienes inmuebles, y los derechos por el suministro de agua y por alumbrado público.

Sin embargo, la recaudación propia de nuestros municipios es muy limitada. Por ejemplo, en México la recaudación del impuesto predial representa apenas el 0.2% del PIB, por lo que se ubica por debajo del promedio de los países de la OCDE (1.1%) y de América Latina (0.3%).

En 2017, el 80% del total del predial a nivel nacional lo generaron 118 municipios, sin considerar a la ciudad de México. El 50% de la recaudación se concentró en 31 municipios y en 11 entidades federativas más del 50% de la recaudación se concentró en un solo municipio (la capital).

Por lo que se refiere al agua, se repite la historia: en 2017, el 80% del total de la recaudación a nivel nacional lo generaron 105 municipios, sin incluir a la ciudad de México. El 50% se concentró en 30 municipios y en 14 entidades federativas más del 50% de la recaudación se concentró también en un sólo municipio.

En el caso del impuesto sobre adquisición de inmuebles, la ciudad de México concentra el 40% de la recaudación nacional, seguida de Nuevo León (10%), el Estado de México (9%) y Querétaro (5%). Esto es así porque nuestro sistema tributario nacional tiene serios problemas de diseño, pues concentra en la Federación los impuestos más simples y jugosos, como es el caso del IVA y los petroleros.

La cuestión es muy clara: es necesario poner fin de manera definitiva al fenómeno endémico del endeudamiento de los municipios con el gobierno federal.

Para ello, una buena medida sería una suerte de acuerdo nacional de “borrón y cuenta nueva”, seguido de una serie de compromisos de las municipalidades para no volver a incurrir en esto y aumentar sustancialmente la recaudación propia.

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