/ jueves 4 de abril de 2019

Pesos y Contrapesos

Un Acuerdo Fiscal para el Desarrollo Social

Más temprano que tarde, el gobierno va a requerir más recursos para el financiamiento de la nueva política social. El gobierno de AMLO debe aprovechar el bono democrático para promover un gran acuerdo fiscal que aumente la recaudación para estar en posibilidad de aumentar sustancialmente el gasto social, sin afectar el gasto de otros sectores clave.

Si bien el Presupuesto para este año sobre pasa los 5.8 billones de pesos, lo cierto es que sólo 1.1 billones (19%) está bajo el control del gobierno federal. El problema es que el grueso de ese gasto es irreductible porque se destina a la Educación (28%); Bienestar Social (13%); Salud (11%); Defensa y Marina (10%); Agricultura (5%); Comunicaciones y Transportes (5%); Gobernación (5%), etc.

En este sentido, es indispensable aumentar los ingresos del gobierno federal, gravando a quienes tienen más.

Un ejemplo a seguir es el acuerdo presupuestario alcanzado entre el Gobierno Español y el partido político “Podemos”, que es la segunda fuerza política allá.

Una de las propuestas más novedosas del acuerdo es establecer un tipo impositivo mínimo del 15%, para las Sociedades (el impuesto sobre la Renta de las Personas Morales en México), para evitar que algunas empresas paguen muy pocos impuestos a base deducciones y exenciones de todo tipo, tal y como ocurre ahora, especialmente con las grandes empresas. En el caso de los bancos y de las petroleras, el tipo mínimo será del 18%. Ese tipo mínimo se aplicará solo a empresas que tengan una cifra de negocio de más de 20 millones de euros al año y las Pymes quedarán fuera de este tipo mínimo.

Otra de las medidas estrella pactadas en España es el establecimiento de un impuesto sobre las transacciones financieras (conocida como tasa Tobin). Se trata de una tasa del 0,2% para las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por el sector financiero y solo se aplicará a adquisiciones de títulos bursátiles de compañías que valgan más de 1.000 millones de euros. La compraventa de compañías no cotizadas y de Pymes quedará exenta. También la deuda, los derivados y los bonos corporativos. Y pretende destinarse íntegramente a sufragar el déficit del sistema público de pensiones

El acuerdo propone también un nuevo impuesto sobre "determinados servicios digitales", como el que propusimos nosotros en la Cámara de Diputados el año pasado. Con esta medida se pretende conseguir ingresos fiscales de gigantes tecnológicos como Google o Amazon que apenas pagan impuestos allá y acá, pese a generar cientos de millones de ingresos. Solo tributarán aquellas compañías con ingresos anuales de más de 750 millones de euros y con ingresos en España de más de tres millones de euros. El impuesto gravará al 3% los servicios de publicidad en línea, los servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.

Si aquí adoptamos tales medidas, bien podríamos etiquetar sus ingresos a ciertos objetivos del desarrollo social consensados en un pacto fiscal nacional, tales como el rescate de la educación, salud y la creación de sistema universal de pensiones

Un Acuerdo Fiscal para el Desarrollo Social

Más temprano que tarde, el gobierno va a requerir más recursos para el financiamiento de la nueva política social. El gobierno de AMLO debe aprovechar el bono democrático para promover un gran acuerdo fiscal que aumente la recaudación para estar en posibilidad de aumentar sustancialmente el gasto social, sin afectar el gasto de otros sectores clave.

Si bien el Presupuesto para este año sobre pasa los 5.8 billones de pesos, lo cierto es que sólo 1.1 billones (19%) está bajo el control del gobierno federal. El problema es que el grueso de ese gasto es irreductible porque se destina a la Educación (28%); Bienestar Social (13%); Salud (11%); Defensa y Marina (10%); Agricultura (5%); Comunicaciones y Transportes (5%); Gobernación (5%), etc.

En este sentido, es indispensable aumentar los ingresos del gobierno federal, gravando a quienes tienen más.

Un ejemplo a seguir es el acuerdo presupuestario alcanzado entre el Gobierno Español y el partido político “Podemos”, que es la segunda fuerza política allá.

Una de las propuestas más novedosas del acuerdo es establecer un tipo impositivo mínimo del 15%, para las Sociedades (el impuesto sobre la Renta de las Personas Morales en México), para evitar que algunas empresas paguen muy pocos impuestos a base deducciones y exenciones de todo tipo, tal y como ocurre ahora, especialmente con las grandes empresas. En el caso de los bancos y de las petroleras, el tipo mínimo será del 18%. Ese tipo mínimo se aplicará solo a empresas que tengan una cifra de negocio de más de 20 millones de euros al año y las Pymes quedarán fuera de este tipo mínimo.

Otra de las medidas estrella pactadas en España es el establecimiento de un impuesto sobre las transacciones financieras (conocida como tasa Tobin). Se trata de una tasa del 0,2% para las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por el sector financiero y solo se aplicará a adquisiciones de títulos bursátiles de compañías que valgan más de 1.000 millones de euros. La compraventa de compañías no cotizadas y de Pymes quedará exenta. También la deuda, los derivados y los bonos corporativos. Y pretende destinarse íntegramente a sufragar el déficit del sistema público de pensiones

El acuerdo propone también un nuevo impuesto sobre "determinados servicios digitales", como el que propusimos nosotros en la Cámara de Diputados el año pasado. Con esta medida se pretende conseguir ingresos fiscales de gigantes tecnológicos como Google o Amazon que apenas pagan impuestos allá y acá, pese a generar cientos de millones de ingresos. Solo tributarán aquellas compañías con ingresos anuales de más de 750 millones de euros y con ingresos en España de más de tres millones de euros. El impuesto gravará al 3% los servicios de publicidad en línea, los servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.

Si aquí adoptamos tales medidas, bien podríamos etiquetar sus ingresos a ciertos objetivos del desarrollo social consensados en un pacto fiscal nacional, tales como el rescate de la educación, salud y la creación de sistema universal de pensiones

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