Alto al ciberacoso, robo de información personal y espionaje en el Internet
Es urgente redefinir el marco jurídico mexicano para asegurar la seguridad de los usuarios del internet.
Para nadie es una novedad el que el uso de las tecnologías de la información ha desencadenado graves riesgos para los usuarios del internet. Los riesgos más comunes son, sin duda, el ciberacoso (cyberbullying); el robo de información personal para fraudes bancarios; y el espionaje.
El ciberacoso afecta en mayor medida a niños y adolescentes. Los resultados psicológicos y emocionales son parecidos a los del acoso escolar tradicional. De acuerdo con estadísticas del INEGI (Módulo sobre ciberacoso MOCIBA 2015), más del 25% de los mexicanos entre 12 y 19 años reportan haber sido víctimas de ciberacoso.
Este fenómeno tiene múltiples formas: llamadas, mensajes, contenido multimedia, robo de identidad y publicación de información personal. El impacto de este delito no debe ser subestimado; cerca del 60% de suicidios entre adolescentes en México están vinculados con diversos tipos de bullying, incluyendo el ciberacoso.
Los ciudadanos también pueden enfrentar el robo de su información personal, tales como las contraseñas de las cuentas bancarias para la comisión de fraudes. De acuerdo con un estudio de Mckinsey and Compañy (Perpectiva de Ciberseguridad en México, 2018)), en 2017 Facebook estimó que existían 270 millones de perfiles falsos o duplicados en su plataforma. Empero, también somos responsables de cuidar la información de nuestros contactos. En el 2015, un asociado de Cambridge Analytica lanzó una aplicación que encuestaba a usuarios de Facebook para uso presuntamente académico. Aunque menos de 300,000 personas bajaron la aplicación se recopilaron los datos de 87 millones de usuarios.
También podemos ser víctimas de amenazas o espionaje por nuestro trabajo o afiliación política. Estas pueden llegar a incluir amenazas de muerte. Como todos recordamos, en 2017, 21 personas – entre políticos, periodistas y activistas - fueron víctimas de ciberespionaje por el gobierno a través del spyware Pegasus, según una investigación del Citizen Lab de la Universidad de Toronto y del New York Times.
De ahí la necesidad de redefinir el marco jurídico nacional para la ciberseguridad de los usuarios de los servicios digitales, armonizando las legislaciones federales y estatales, garantizando la protección de nuestros datos personales y dotar a los cuerpos der seguridad de las herramientas adecuadas para la prevención e investigación de las conductas delictivas en el ciberespacio que afectan a las personas y su patrimonio.