Silencio para el aborto
El martes 5 de marzo a unas horas después de que el Congreso de Nuevo León avalara, reformas a la Constitución local, para garantizar el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural en la entidad, se encendió en todo el país la polarización y evidenciar la división de opiniones que sobre el punto existen al interior de las diferentes fuerzas políticas, religiosas, organizaciones sociales e instituciones gubernamentales como la CNDH y la generada por el presidente de la CDHEM Jorge Olvera, quien se pronunció el 12 de marzo a favor de despenalizar aborto.
El aborto es la “interrupción intencional del embarazo”, lo que plantea dilemas relacionados con la vida y con la muerte, porque se decide sobre el futuro de un ser humano. Según la hermenéutica que se aplique, abortar puede argumentarse como decisión autónoma de la mujer o como homicidio de diverso grado. En consecuencia, tal interrupción, para muchos defensores de derechos humanos, no puede ser un valor en sí misma. Sin embargo desde la óptica jurídica, hay un antecedente establecido por la Suprema Corte que en el 2007 resolvió dos acciones de inconstitucionalidad presentadas entonces por la CNDH y la PGR, la segunda encabezada en ese momento por el hoy Ministro de la SCJN, Eduardo Medina Mora.
En la sentencia, se declaró valida la reforma al Código Penal del Distrito Federal, gobernado entonces por el hoy Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, y en la misma se autorizó la práctica del aborto del producto de la fecundación hasta dentro de la 12ª semana.
La argumentación jurídica, principios y valores tanto de PGR y CNDH, pretendieron vincularla a los distintos tratados internacionales que México tiene firmados y otros como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como todos los relacionados en la materia en nuestro continente, mismos que en sentido estricto no fueron valorados a fondo, porque entonces la Constitución, solo tutelaba la garantías individuales, y por criterio de la SCJN, los Tratados Internacionales no estaban a la par de la carta Magna.
Con las reformas del 2011 al artículo 1º de la Norma Suprema se amplía la tutela de protección de garantías, derechos humanos y tratados internacionales, por lo que el contexto estrictamente jurídico hoy es diferente, en caso de que se promuevan acciones de inconstitucionalidad a la reforma de Nuevo León o amparos por ciudadanos, el estudio de la Corte tendrá que ser más profundo.
La comunidad mexicana debe integrar esta variedad de visiones, opiniones y establecer el criterio más adecuado. El análisis de un tema tan espinoso requiere un abordaje sereno, respetuoso y tolerante, que conduzca a una solución prudente y justa para equilibrar las diferentes posiciones a la luz de la razón y no de la pasión.
En conclusión estamos en medio de un galimatías. En donde han pasado los años y aun en nuestro país no ha habido el mejor momento o el hecho de ser un tema prioritario, imperando un silencio innecesario, abramos el debate.
