/ sábado 13 de abril de 2019

Política en Blanco y Negro


El mando de la Guardia Nacional

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil. Sin embargo, hay que ser justo en la interpretación, el jefe de las fuerzas armadas es el presidente de la República, y el último presidente general fue Manuel Ávila Camacho (1940-1946), por lo que desde entonces el monopolio de la fuerza es de un civil, lo que me parece no perder de vista este elemento.

La Guardia Nacional que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, es el instrumento responsable de la prevención del delito, preservación de la seguridad pública y combate a la delincuencia, y como fuimos testigos el pasado mes de febrero, este modelo dependerá de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, regido por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina y el respeto a los derechos humanos.

En este sentido, el gobierno de México en representación del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón y por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Verónica Michelle Bachelet Jeria, firmaron un acuerdo macro, para que el organismo internacional brinde asesoría en la materia para la operación de la Guardia Nacional.

El acuerdo, -señaló Bachelet- “más allá de la capacitación, incorpora elementos como mecanismo de preservación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas y dignificación de la labor policial”.

Para nadie es un secreto que vivimos en los hechos un “estado de guerra” como lo dijo, la expresidenta chilena, 40 mil desparecidos, más 20 mil cuerpos sin identificar y hay que agregar los más de 200 mil muertos en 12 años, obligaron al gobierno mexicano a replantear la estrategia, dividiendo al país en 266 regiones, a las cuales se destinarán elementos de la Guardia Nacional, de acuerdo el número de habitantes y la incidencia delictiva.

Las coordinaciones estarán formadas por un representante del gobierno federal, y uno de la Fiscalía General (FGR), el mando militar regional, autoridades locales y municipales; un Ministerio Público y personal de Derechos Humanos. El mando operativo de la Guardia Nacional estará a cargo del Ejército Mexicano.

Coincido con el gobierno federal que estén al frente elementos de las fuerzas armadas, el tamaño de las bandas criminales es enorme, al grado que el gobierno de Donald Trump en diversos análisis ha considerado clasificar como “grupos terroristas” a las “organizaciones delictivas y carteles de droga” en nuestro país.

Comparto la defensa de los derechos humanos y el respeto a la legalidad, pero el rubro donde todos debemos voltear es en la procuración y administración de justica para no haya más impunidad, porque de cada 100 delincuentes que son llevados antes un juez penal, solo 2 reciben sentencia condenatoria, porque argumenta el Juez que faltan elementos probatorios sólidos.

Dejemos trabajar a la Guardia Nacional y después hacemos un balance y por ende evaluación, por el bien de nuestro país que esto funcione y nos devuelva la paz social.


El mando de la Guardia Nacional

El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil. Sin embargo, hay que ser justo en la interpretación, el jefe de las fuerzas armadas es el presidente de la República, y el último presidente general fue Manuel Ávila Camacho (1940-1946), por lo que desde entonces el monopolio de la fuerza es de un civil, lo que me parece no perder de vista este elemento.

La Guardia Nacional que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, es el instrumento responsable de la prevención del delito, preservación de la seguridad pública y combate a la delincuencia, y como fuimos testigos el pasado mes de febrero, este modelo dependerá de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, regido por una doctrina policial fundada en el servicio a la sociedad, la disciplina y el respeto a los derechos humanos.

En este sentido, el gobierno de México en representación del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón y por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Verónica Michelle Bachelet Jeria, firmaron un acuerdo macro, para que el organismo internacional brinde asesoría en la materia para la operación de la Guardia Nacional.

El acuerdo, -señaló Bachelet- “más allá de la capacitación, incorpora elementos como mecanismo de preservación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas y dignificación de la labor policial”.

Para nadie es un secreto que vivimos en los hechos un “estado de guerra” como lo dijo, la expresidenta chilena, 40 mil desparecidos, más 20 mil cuerpos sin identificar y hay que agregar los más de 200 mil muertos en 12 años, obligaron al gobierno mexicano a replantear la estrategia, dividiendo al país en 266 regiones, a las cuales se destinarán elementos de la Guardia Nacional, de acuerdo el número de habitantes y la incidencia delictiva.

Las coordinaciones estarán formadas por un representante del gobierno federal, y uno de la Fiscalía General (FGR), el mando militar regional, autoridades locales y municipales; un Ministerio Público y personal de Derechos Humanos. El mando operativo de la Guardia Nacional estará a cargo del Ejército Mexicano.

Coincido con el gobierno federal que estén al frente elementos de las fuerzas armadas, el tamaño de las bandas criminales es enorme, al grado que el gobierno de Donald Trump en diversos análisis ha considerado clasificar como “grupos terroristas” a las “organizaciones delictivas y carteles de droga” en nuestro país.

Comparto la defensa de los derechos humanos y el respeto a la legalidad, pero el rubro donde todos debemos voltear es en la procuración y administración de justica para no haya más impunidad, porque de cada 100 delincuentes que son llevados antes un juez penal, solo 2 reciben sentencia condenatoria, porque argumenta el Juez que faltan elementos probatorios sólidos.

Dejemos trabajar a la Guardia Nacional y después hacemos un balance y por ende evaluación, por el bien de nuestro país que esto funcione y nos devuelva la paz social.