/ sábado 9 de diciembre de 2017

Política en Blanco y Negro

La Ley de Seguridad Interior que se discute en el Senado y que fuera aprobada por la Cámara de Diputados el día jueves 30 de noviembre, enfrenta a diversas críticas sobre todo de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), activistas y organizaciones sociales, entre otros quienes argumentan que la intervención del Ejército en asuntos de la seguridad interior, amparada por esta normativa, podría suponer una violación los derechos humanos.

Lo que no se ha dicho, por la parte opositora es que la aprobación de la misma, surge para contrarrestar el aumento de los homicidios dolosos, que en este año 2017 ya suman los 213 mil según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que presenta ventajas a favor, ya que otorga un marco jurídico a las fuerzas armadas para su actuación fuera de los cuarteles, tema que no es menor, ya que anteriormente venían demandando tener certeza en las tareas que pueden desarrollar.

La ley busca crear un mecanismo legal de apoyo para los municipios y los gobiernos estatales, donde han sido deficientes sus cuerpos policiales para enfrentar a la delincuencia organizada, y es a través del mismo que el presidente de la República puede enviar tropas federales a un territorio o zona específica del país.

La disposición normativa define que la Seguridad Interior tiene como objetivo esencial “garantizar la condición de paz que permita salvaguardar la continuidad de las instituciones y el desarrollo nacional, mediante el mantenimiento del Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en beneficio de la población”, por lo que no deja lugar a dudas, que dicho ordenamiento legal es para mantener la gobernabilidad y estabilidad del país, combatiendo cualquier amenaza como el terrorismo, crimen organizado, drogas, corrupción, lavado de activos, tráfico ilícito de armas, ataques cibernéticos, trata de personas, desastres naturales y de origen humano.

Por su parte, el Ejecutivo federal manifestó: “Hace tiempo que la Ley de Seguridad Interior dejó de ser una propuesta, para convertirse en una imperiosa necesidad”, y el presidente Enrique Peña Nieto delimitó que además del orden interno, es “velar por la observancia del orden y paz público, así como por la seguridad de los ciudadanos y sus bienes”.

La consecuencia positiva de esta Ley de Seguridad Interior es que se contaría con un marco legal en donde la ciudadanía tendrá certeza sobre la participación de los militares en funciones de seguridad pública, que en la práctica vienen realizando desde el año 2006, en que el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa declaró la guerra al narcotráfico, por lo que las fuerzas armadas, el Ejército nacional, la Armada y la Fuerza Aérea se sumaron a combatir al flaarmad en las distintas entidades que no han logrado concretar sus compromisos de tener policías estatales y municipales confiables.

Esta iniciativa ha sido lo suficientemente cabildeada y discutida por más de dos años, por lo que reconozco la responsabilidad con que la actuó la Cámara de Diputados al aprobar la misma y deseo que en el Senado, los legisladores actúen con responsabilidad y no se dejen chantajear o manipular por agentes externos, nacionales o internacionales que desconocen las necesidades reales del país.

Ya sólo falta que estos organismos internacionales se sumen a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de darle amnistía a todos los delincuentes por igual.

La Ley de Seguridad Interior que se discute en el Senado y que fuera aprobada por la Cámara de Diputados el día jueves 30 de noviembre, enfrenta a diversas críticas sobre todo de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), activistas y organizaciones sociales, entre otros quienes argumentan que la intervención del Ejército en asuntos de la seguridad interior, amparada por esta normativa, podría suponer una violación los derechos humanos.

Lo que no se ha dicho, por la parte opositora es que la aprobación de la misma, surge para contrarrestar el aumento de los homicidios dolosos, que en este año 2017 ya suman los 213 mil según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, por lo que presenta ventajas a favor, ya que otorga un marco jurídico a las fuerzas armadas para su actuación fuera de los cuarteles, tema que no es menor, ya que anteriormente venían demandando tener certeza en las tareas que pueden desarrollar.

La ley busca crear un mecanismo legal de apoyo para los municipios y los gobiernos estatales, donde han sido deficientes sus cuerpos policiales para enfrentar a la delincuencia organizada, y es a través del mismo que el presidente de la República puede enviar tropas federales a un territorio o zona específica del país.

La disposición normativa define que la Seguridad Interior tiene como objetivo esencial “garantizar la condición de paz que permita salvaguardar la continuidad de las instituciones y el desarrollo nacional, mediante el mantenimiento del Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en beneficio de la población”, por lo que no deja lugar a dudas, que dicho ordenamiento legal es para mantener la gobernabilidad y estabilidad del país, combatiendo cualquier amenaza como el terrorismo, crimen organizado, drogas, corrupción, lavado de activos, tráfico ilícito de armas, ataques cibernéticos, trata de personas, desastres naturales y de origen humano.

Por su parte, el Ejecutivo federal manifestó: “Hace tiempo que la Ley de Seguridad Interior dejó de ser una propuesta, para convertirse en una imperiosa necesidad”, y el presidente Enrique Peña Nieto delimitó que además del orden interno, es “velar por la observancia del orden y paz público, así como por la seguridad de los ciudadanos y sus bienes”.

La consecuencia positiva de esta Ley de Seguridad Interior es que se contaría con un marco legal en donde la ciudadanía tendrá certeza sobre la participación de los militares en funciones de seguridad pública, que en la práctica vienen realizando desde el año 2006, en que el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa declaró la guerra al narcotráfico, por lo que las fuerzas armadas, el Ejército nacional, la Armada y la Fuerza Aérea se sumaron a combatir al flaarmad en las distintas entidades que no han logrado concretar sus compromisos de tener policías estatales y municipales confiables.

Esta iniciativa ha sido lo suficientemente cabildeada y discutida por más de dos años, por lo que reconozco la responsabilidad con que la actuó la Cámara de Diputados al aprobar la misma y deseo que en el Senado, los legisladores actúen con responsabilidad y no se dejen chantajear o manipular por agentes externos, nacionales o internacionales que desconocen las necesidades reales del país.

Ya sólo falta que estos organismos internacionales se sumen a la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de darle amnistía a todos los delincuentes por igual.