Los cambios constitucionales en México en los últimos años han sido contundentes en dos sentidos: Primero al consolidar un sistema jurídico basado en derechos humanos, garantías individuales y tratados internacionales y en segundo lugar por fortalecer el sistema de impartición de justicia.
En este sentido y teniendo como base la premisa de que la ética judicial debe ser una condición indispensable en todos los órganos encargados de la impartición de justicia, en SU carácter de presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Felipe Fuentes, informó el pasado 16 de junio, dentro del marco de la clausura del Taller de Pedagogía Digital, impartido por la Escuela Judicial Electoral ( EJE) y la Red Iberoamericana de Escuelas Judicial (RIAEJ) que se emitirá un nuevo modelo de Código de Ética Electoral, el cual considerará aspectos, aportaciones y opiniones sobre el tema que se plantearon durante el Taller antes referido, que nos permitirá tener un texto mucho más sólido, con una visión más amplia y actual.
Lo anterior, como prioridad de que la ética, sea asimilada por todos los funcionarios públicos de manera transversal en todas las áreas, procesos y actividades permanentes del Tribunal para dirigirse hacia la excelencia, la objetividad, la imparcialidad, la transparencia y profesionalismo de este. Principios que son salvaguardados por nuestro sistema judicial de cara al proceso electoral 2020-2021, donde se renovarán 500 diputados federales, 15 gubernaturas, legislaturas locales y ayuntamientos, en el cual esta institución por mandato constitucional es la última instancia para resolver conflictos entre los aspirantes a cargos de elección popular federal, estatales y municipales.
Como diría el magistrado español Perfecto Andrés Ibáñez, “del cambio de paradigma en el operar judicial, en el que hay implícita toda una ética de la función y un diferente modelo de juez, para dar paso a un juez de los derechos,” por eso la ética, es nuestra columna vertebral en nuestro actuar en la impartición de justicia.
Por lo anterior, la misión del Tribunal cobra sentido inherente al contribuir al fortalecimiento de la democracia en México, mediante la protección permanente de los derechos político-electorales.
