La pandemia provocada por el SARS-CoV-2 trajo consigo importantes cambios en distintos aspectos de la vida, traducidos en dificultades para la sociedad en general y para el gobierno mismo. Para toda administración gubernamental tiene como objetivo brindar los servicios públicos, entre ellos el de salud, a la ciudadanía, pero para ello se necesita dinero.
México, cuenta con un organismo público desconcentrado dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, denominado Servicio de Administración Tributaria ( SAT) que coadyuva en la recaudación de contribuciones, como son los impuestos (ISR, IVA, IEPS, etc.), derechos, productos, aprovechamientos, entre otros.
En ese sentido, el artículo 31 fracción IV de nuestra Constitución Federal, refiere que es obligación de los mexicanos contribuir de manera proporcional y equitativa al gasto público, federal, estatal y municipal, es decir todos los ciudadanos sin excepción estamos obligados a pagar impuestos. Sin embargo, la ciudadanía es renuente a dicha conducta, en la voz popular: “es injusto pagar, si no hacen nada, todo sigue igual”. Pero la realidad es que, si queremos buenos servicios públicos, debemos aportar para que los mismos mejoren.
En ese contexto la función que realiza el Servicio de Administración Tributaria, si bien fue calificada como actividad esencial por el Gobierno Federal, dicha institución no se encontraba preparada para un imprevisto de tal magnitud como el Covid-19, lo que ocasionó la reducción de sus servicios presenciales y horarios disponibles para citas.
Lo anterior originó un cambio radical, por lo que oportunamente recurrió a los medios tecnológicos, en primer término habilitar mayor número de trámites por la vía digital, además mediante la emisión del manual correspondiente, se optó por el uso de la plataforma “Microsoft Teams”, mediante la cual se desarrollaron las entrevistas de vigilancia profunda de forma virtual, mismas que resultaron ser completamente eficientes, primero por respetar a cabalidad las medidas preventivas, y segundo, porque de acuerdo a datos oficiales, son el segundo mecanismo más efectivo de captación de impuestos, ya que se realiza la fiscalización de los movimientos del contribuyente y los impuestos correspondientes a ellos, y en caso de haber discrepancia, informa sobre el remanente a pagar; pues tan sólo de mayo a junio del presente año se registraron ingresos promedio de dos mil millones de pesos, por el cual en el 2018 se captaron 32,628 millones de pesos y 39,569 millones de pesos en 2019.
Atinadamente y en el ámbito de sus atribuciones, el SAT discernió adaptarse para no dejar de recibir recursos, implementando una criticada estrategia, que objetivamente y al apreciar los capitales obtenidos, es por el contrario plausible. Abriendo la posibilidad de que pronto, los servicios que así lo permitan por su naturaleza, se realicen mediante mecanismos virtuales, acorde a la nueva era digital.
Conclusivamente y sin menospreciar la labor hecha por los cuerpos de salud, servicios generales y seguridad pública, es debido a la función realizada por los empleados del SAT que es posible subministrar servicios públicos y otras prerrogativas del Gobierno, dándole una nueva connotación a la frase “viven de mis impuestos”.
