/ sábado 13 de febrero de 2021

Política en Blanco y Negro | La vacuna, inquietud, duda, miedo, incertidumbre, esperanza y solución (2)

En una nota publicada en este diario hace unos días, se hizo referencia a un comunicado de prensa emitido por la Fiscalía General de Justicia mexiquense, donde se presume haber acreditado la participación en el delito de extorsión de un ex inspector de Gobernación del ayuntamiento de Toluca, por lo cual fue sentenciado a 40 años de prisión. Ante esta clase de noticias uno supondría vivir en una entidad modelo en procurar e impartir justicia, con la aplicación estricta de la ley a quienes deciden cometer algún ilícito.

Por desgracia esto no es así, pues la deshonestidad en el sector oficial se encuentra demasiado arraigada, e incluso aumentó de manera exponencial en los últimos sexenios, según lo muestran las numerosas investigaciones periodísticas y los propios reportes oficiales. En mala hora se instituyeron en nuestro estado y en el país la teoría y práctica de aquél famoso “profesor”, encauzadas a no tener políticos pobres y hacer de la acumulación de fortunas la motivación más importante para acceder a los puestos públicos.

Si un extorsionador ha sido condenado a un encierro de 40 años, la pregunta es ¿qué castigo merecen los políticos ladrones?, autores de uno de los más infames y repulsivos crímenes cometidos al amparo del poder, consistente en disponer ilegalmente del patrimonio de una nación empobrecida. Es decir, la justicia no puede ser selectiva, y el estado de Derecho sólo tendrá reconocimiento pleno si las normas se aplican con imparcialidad y de manera rigurosa, con el objetivo prioritario de combatir la inmoralidad y abatir su repercusión en un pueblo dominado por el atraso y la inseguridad.

Muestra reciente de los presuntos malos manejos del erario se encuentra en las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación al gobierno del Estado de México, en el sentido de que falta por aclarar el destino de 21 mil millones de pesos, de ésta y de anteriores administraciones. Y qué decir de la sufrida UAEM, a cuyas intachables autoridades el Órgano Superior de Fiscalización estatal les requiere explicar el uso de 28 millones 981 mil pesos en la Cuenta Pública de 2018.

Para completar lo negro del panorama ahí está otro fracaso rotundo de la actual gestión federal, ahora en la supuesta lucha contra la corrupción. Diversas encuestas y estudios serios corroboran la ausencia de resultados favorables, y la continuidad de una situación igual o peor a la impuesta anteriormente, lo cual ya es mucho decir, tomando en cuenta que el sexenio pasado fue de verdadero terror en el tema del pillaje.

No obstante, los actos indebidos se mantienen con absoluta impunidad, muchos de ellos dentro del primer círculo presidencial, y ni la demagogia cotidiana, los datos falsos y los alardes de probidad simulada han logrado cambiar las percepciones de la ciudadanía. Las evidencias del desastre son ya innumerables, y bastaría con referirse a los motivos de la renuncia del académico Jaime Cárdenas a la dirección de esa cosa de nombre equivocado, cuya burocracia en realidad se dedica a robarse lo recuperado. O bien, al hecho de que la Federación erogó el año pasado 50 mil 822 millones de pesos sin presentar un informe preciso de justificación, de acuerdo con un reportaje de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey y de la organización México Evalúa.

En resumen, la enfermedad de la corrupción se agrava, la ley brilla por su ausencia y los espacios donde se realizan operaciones posiblemente fraudulentas, lejos de reducirse, se han multiplicado.

En una nota publicada en este diario hace unos días, se hizo referencia a un comunicado de prensa emitido por la Fiscalía General de Justicia mexiquense, donde se presume haber acreditado la participación en el delito de extorsión de un ex inspector de Gobernación del ayuntamiento de Toluca, por lo cual fue sentenciado a 40 años de prisión. Ante esta clase de noticias uno supondría vivir en una entidad modelo en procurar e impartir justicia, con la aplicación estricta de la ley a quienes deciden cometer algún ilícito.

Por desgracia esto no es así, pues la deshonestidad en el sector oficial se encuentra demasiado arraigada, e incluso aumentó de manera exponencial en los últimos sexenios, según lo muestran las numerosas investigaciones periodísticas y los propios reportes oficiales. En mala hora se instituyeron en nuestro estado y en el país la teoría y práctica de aquél famoso “profesor”, encauzadas a no tener políticos pobres y hacer de la acumulación de fortunas la motivación más importante para acceder a los puestos públicos.

Si un extorsionador ha sido condenado a un encierro de 40 años, la pregunta es ¿qué castigo merecen los políticos ladrones?, autores de uno de los más infames y repulsivos crímenes cometidos al amparo del poder, consistente en disponer ilegalmente del patrimonio de una nación empobrecida. Es decir, la justicia no puede ser selectiva, y el estado de Derecho sólo tendrá reconocimiento pleno si las normas se aplican con imparcialidad y de manera rigurosa, con el objetivo prioritario de combatir la inmoralidad y abatir su repercusión en un pueblo dominado por el atraso y la inseguridad.

Muestra reciente de los presuntos malos manejos del erario se encuentra en las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación al gobierno del Estado de México, en el sentido de que falta por aclarar el destino de 21 mil millones de pesos, de ésta y de anteriores administraciones. Y qué decir de la sufrida UAEM, a cuyas intachables autoridades el Órgano Superior de Fiscalización estatal les requiere explicar el uso de 28 millones 981 mil pesos en la Cuenta Pública de 2018.

Para completar lo negro del panorama ahí está otro fracaso rotundo de la actual gestión federal, ahora en la supuesta lucha contra la corrupción. Diversas encuestas y estudios serios corroboran la ausencia de resultados favorables, y la continuidad de una situación igual o peor a la impuesta anteriormente, lo cual ya es mucho decir, tomando en cuenta que el sexenio pasado fue de verdadero terror en el tema del pillaje.

No obstante, los actos indebidos se mantienen con absoluta impunidad, muchos de ellos dentro del primer círculo presidencial, y ni la demagogia cotidiana, los datos falsos y los alardes de probidad simulada han logrado cambiar las percepciones de la ciudadanía. Las evidencias del desastre son ya innumerables, y bastaría con referirse a los motivos de la renuncia del académico Jaime Cárdenas a la dirección de esa cosa de nombre equivocado, cuya burocracia en realidad se dedica a robarse lo recuperado. O bien, al hecho de que la Federación erogó el año pasado 50 mil 822 millones de pesos sin presentar un informe preciso de justificación, de acuerdo con un reportaje de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey y de la organización México Evalúa.

En resumen, la enfermedad de la corrupción se agrava, la ley brilla por su ausencia y los espacios donde se realizan operaciones posiblemente fraudulentas, lejos de reducirse, se han multiplicado.

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