/ sábado 11 de julio de 2020

Política en Blanco y Negro | Organismos constitucionalmente autónomos (2)

Como lo señale en la colaboración anterior, los organismos constitucionalmente autónomos en México surgen en una primera etapa en la década de los 90s del siglo pasado. Los primero fueron Banco de México (BdeM), el Instituto Federal Electoral (antecesor del INE) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El modelo de gobierno les dio esa libertad para trabajar en los rubros para los que fueron creados, el financiero, organización de las elecciones y protección a los derechos humanos.

Es importante recordar que estos órganos no se encuentran subordinados al Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, que su autonomía es de gestión, organización, financiera y de decisión. Es importante distinguir que la autonomía universitaria establecida en el artículo 3º de la constitución que se refiere a libertad que las instituciones educativas tienen en sus rubros académicos, de gobierno y administrativas, pero es distinta la naturaleza jurídica de los primeros.

El modelo fue tan exitoso políticamente, que han crecido, ya que 2000 a la fecha se les dio categoría de autónomos algunas dependencias y otros casos se crearon instituciones de gobierno con estas características, como caso del el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) mismo que en el 2019 con la reforma educativa se llama Comisión Nacional para la Mejora Continua para la Educación.

Asimismo, surgieron el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia (Cofece), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) y la Fiscalía General de la República, esta última si bien es parte de poder ejecutivo tiene plena autonomía legal en su carácter de Ministerio público.

Pedro Salazar Ugarte señala: “No obstante que los órganos constitucionales autónomos comparten esa naturaleza jurídica, no son idénticos entre sí, ya que las funciones que realizan unos y otros es distinta e incluso algunos, como la CNDH, tienen una función no jurisdiccional (no dirimen asuntos) de garantía de derechos. Hay otros que tienen facultades regulatorias y reglamentarias, como la COFECE, y los hay que tienen facultades sancionatorias, como el INAI o el hoy llamado INE.”

En mi experiencia como abogado, prestador de servicios, servidor público y ciudadano, los organismos autónomos han ayudado a mantener un equilibrio entre los poderes y la ciudadanía, a quienes nos da la certeza que las resoluciones y decisiones que de estos emanen, no obedecen a los grupos de poder en turno, sino a los intereses nacionales. Por ello comparto su existencia y fortalecimiento.


Como lo señale en la colaboración anterior, los organismos constitucionalmente autónomos en México surgen en una primera etapa en la década de los 90s del siglo pasado. Los primero fueron Banco de México (BdeM), el Instituto Federal Electoral (antecesor del INE) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). El modelo de gobierno les dio esa libertad para trabajar en los rubros para los que fueron creados, el financiero, organización de las elecciones y protección a los derechos humanos.

Es importante recordar que estos órganos no se encuentran subordinados al Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, que su autonomía es de gestión, organización, financiera y de decisión. Es importante distinguir que la autonomía universitaria establecida en el artículo 3º de la constitución que se refiere a libertad que las instituciones educativas tienen en sus rubros académicos, de gobierno y administrativas, pero es distinta la naturaleza jurídica de los primeros.

El modelo fue tan exitoso políticamente, que han crecido, ya que 2000 a la fecha se les dio categoría de autónomos algunas dependencias y otros casos se crearon instituciones de gobierno con estas características, como caso del el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) mismo que en el 2019 con la reforma educativa se llama Comisión Nacional para la Mejora Continua para la Educación.

Asimismo, surgieron el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia (Cofece), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) y la Fiscalía General de la República, esta última si bien es parte de poder ejecutivo tiene plena autonomía legal en su carácter de Ministerio público.

Pedro Salazar Ugarte señala: “No obstante que los órganos constitucionales autónomos comparten esa naturaleza jurídica, no son idénticos entre sí, ya que las funciones que realizan unos y otros es distinta e incluso algunos, como la CNDH, tienen una función no jurisdiccional (no dirimen asuntos) de garantía de derechos. Hay otros que tienen facultades regulatorias y reglamentarias, como la COFECE, y los hay que tienen facultades sancionatorias, como el INAI o el hoy llamado INE.”

En mi experiencia como abogado, prestador de servicios, servidor público y ciudadano, los organismos autónomos han ayudado a mantener un equilibrio entre los poderes y la ciudadanía, a quienes nos da la certeza que las resoluciones y decisiones que de estos emanen, no obedecen a los grupos de poder en turno, sino a los intereses nacionales. Por ello comparto su existencia y fortalecimiento.