Nuestra Constitución Federal en su artículo 26 dispone que “el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación”, en ese sentido los gastos derivados para la consecución del fin, deben constar en un proyecto de Presupuesto de Egresos, elaborado por el titular del Poder Ejecutivo, debiéndose presentar para su aprobación en la Cámara de Diputados, a más tardar el 08 de Septiembre, excepcionalmente en año de transición del poder, dicho término se podrá prorrogar hasta el 15 de Noviembre.
Una vez en la Cámara de Diputados tal y como lo dispone la fracción IV del Artículo 74 de la Carta Magna, exclusivamente será ésta la encargada de su aprobación, previo análisis, discusión e inclusive de considerarlo pertinente su modificación.
El presupuesto además podrá incluir erogaciones plurianuales de acuerdo con numeral 32 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, entendiendo como tales, aquellas que emanen de contratos de obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios; por lo que de existir excedentes tendrán preferencia respecto de otras previsiones de gasto, de acuerdo con presupuesto.
Considerando proyectos de infraestructura productiva de largo plazo calificados como prioritarios, según lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 18 de la Ley General de Deuda Pública, en atención a un conveniente esquema de financiamiento, estructura del proyecto e ingresos que represente al erario público.
En ese contexto el 05 de octubre, el Gobierno Mexicano a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitió el comunicado No. 079 con el cual informa del fortalecimiento del acuerdo celebrado con el Consejo Coordinador Empresarial, firmado en junio del 2019; dicho convenio comprende diferentes acciones y un total de 39 proyectos de infraestructura pública, financiados al menos en un 50% por el sector privado, que se traducen en desarrollo incluyente en materia de Comunicaciones y Transporte, Energía, Agua y Medio Ambiente.
Dicho acuerdo representa una inversión total de 297,344 mdp, desglosados en 7 proyectos que se encuentran en ejecución, con una inversión actual de 38,149 mdp, y 32 nuevos proyectos con una inversión de 259,195 mdp, sobresaliendo la generación de entre 185 y 190 mil empleos, reflejándose en un mejor aprovechamiento del T-MEC, promoción del comercio y el turismo, simbolizando una reactivación económica a largo plazo y proporcionalmente en el ámbito local y regional. Descollando el mantenimiento y creación de carreteras y trenes de pasajeros, pero sobre todo la rehabilitación y construcción de aeropuertos (AIFA como obra insigne de la actual administración). Acciones encaminadas a reactivar económica y superar la crisis sanitaria.
Congruentemente los proyectos iniciados son considerados en el presupuesto de egresos en proceso de aprobación, donde además se contemplan en su anexo V, 10,716.9 millones de pesos para PROYECTOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO-PRIVADA.
Sin duda esta es una buena señal para reactivar la economía nacional, en hora buena para México.
