La impartición de justicia es una de las funciones públicas más importantes y es uno de los cometidos fundamentales de todo Estado de Derecho, a grado de que justifica incluso su propia existencia, además de ser el más poderoso de los recursos con que cuenta el ente público para cumplir su función primordial de garantizar la paz y la seguridad a la ciudadanía.
Esta tarea, en los términos del artículo 17 de nuestra Constitución Federal, está elevada a la categoría de garantía constitucional, al ordenar que: “Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”
En este sentido es menester contar con un sistema de justicia bien capacitado, competente, eficiente y que resuelva casos de manera equitativa, de manera esencial para disminuir los niveles de impunidad. Para tal efecto es necesario considerar a el denominado Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal (CNIJF) 2020, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el cual es uno de los elementos más relevantes que puede tener un Estado, mediante la herramienta de la estadística que es fundamental para obtener de ella la mayor cantidad de información útil.
El objetivo general de este Censo es generar información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de los órganos que integran al Poder Judicial de la Federación, específicamente en las funciones de gobierno e impartición de justicia, con la finalidad de que esta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.
Entre los datos en general que aporta este Censo en su décimo informe en su versión 2020 con información correspondiente a 2019, se encuentran: el PJF tenía un total de 47 mil 123 servidoras y servidores públicos, de los cuales, las mujeres representaron 49.5 por ciento de toda la plantilla laboral del PJF, mientras que el 50.5 fueron hombres.
Referente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual a manera de estructura organizacional está distribuido en una Sala Superior, 5 Salas Regionales, Sala Especial y 31 Órganos administrativos y/o unidades administrativas. Con un pleno conformado por 7 magistrados de los cuales son 2 mujeres (28%) y 5 hombres (71.4%).
La mayoría de los asuntos de los cuales tuvo conocimiento, en 2019, por el TEPJF destacan los procedimientos de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que representaron 64.4% de los ingresos y 62.4% de las resoluciones.
Así mismo se presentaron los datos sobre el ejercicio de la función de los órganos jurisdiccionales del tribunal, en donde muestran que durante 2019 ingresó un total de 8 123 asuntos, y se resolvieron 7 785. De estos, 67.0% fue “no resuelto de fondo” y 33.0% “resuelto de fondo”. Del total de asuntos que tuvieron conocimiento los órganos jurisdiccionales del TEPJF durante 2019, destacan los procedimientos de Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que representaron 64.2% de los ingresos y 62.4% de las resoluciones.
En cuanto a la publicación de sentencias, en 2019 se publicaron 14 588 sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales10, de ellas, 7 998 (54.8%) tuvieron lugar en el TEPJF y 5 690 (45.2%) en la SCJN. La materia electoral presentó la mayoría de las sentencias en el TEPJF con 99.2 por ciento.
Respecto al personal con el que contó el PJF al cierre de 2019, se identificó un total de 47 123 servidoras y servidores públicos, de los cuales 3 424 (7.3%) estuvieron adscritos a la SCJN, 1 443 (3.1%) al TEPJF6 y 42 256 7 (89.6%) al CJF8. Del total de personal, 50.5% fueron hombres y 49.5%, mujeres.
Finalmente, el Censo constituye una importante herramienta para la transparencia institucional de las principales actividades realizadas por el Poder Judicial de la Federación y en específico del Tribunal Electoral el cual refrenda su compromiso con una impartición de justicia confiable y trasparente, bajo el conocimiento y vigilancia de la sociedad manteniendo la ciudadanía en el centro de su labor jurisdiccional, con elementos que permiten analizar y enriquecer la gestión pública y fortaleciendo el régimen democrático.
