El último día de diciembre de 2018, la autonomía universitaria cumplirá 75 años de haber sido conquistada por el Instituto Científico y Literario, antecedente de la Universidad Autónoma del Estado de México. Al añadir a su sigla la “A” de autónomo, el instituto pasó a ser el famoso ICLA que muchos toluqueños llevan grabado en la piel.
No fue una concesión graciosa. Los alumnos y profesores del ICL, inspirados por la autonomía de la UNAM y por la reforma universitaria de Córdoba, Argentina, llevaban diez años luchando a brazo partido para que el gobierno del estado expidiera la ley orgánica que daría origen al ICLA.
La lucha estudiantil comenzó en 1934, a raíz de un movimiento de protesta –que terminó en huelga− por la destitución de tres famosos catedráticos: Horacio Zúñiga, Francisco Schnabel y Josué Mirlo. Los alumnos exigían la renuncia del director Ramón Berumen Sein, la cual obtuvieron, pero en el transcurso del conflicto se sumó otra demanda: la autonomía. Participaba en aquel tiempo un joven activista, muy carismático, llamado Ladislao S. Badillo, quien además de haber organizado la Liga Estudiantil Contra el Imperalismo Yanqui, de inspiración bolivariana, participó en la génesis de otros organismos y asociaciones populares de obreros, comerciantes, artesanos y del llamado Bloque de Maestros, germen del actual Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México.
Los siguientes años fueron de constantes choques y fricciones de la comunidad estudiantil con autoridades estatales, hasta que en 1939 se declaró una huelga en el instituto contra el entonces gobernador del estado, coronel Wenceslao Labra. El gobierno concedió entonces una “autonomía de facto” que no dejó satisfechos ni a estudiantes ni a profesores, porque era muy restringida y no tenía apoyo en ninguna ley ni disposición oficial. Sin embargo, hubo una tregua.
El conflicto volvió a estallar como una bomba de tiempo en las manos del gobernador Isidro Fabela, político e intelectual de muy altos vuelos, quien tenía sus propias ideas sobre la autonomía del instituto, aunque no se negaba a reconocerla.
En los primeros meses de 1943, los institutenses, encabezados por el maestro Juan Josafat Pichardo y con el acuerdo del licenciado Fabela, presentaron un proyecto de ley a la XXXVI Legislatura del Estado de México, en los términos que convenían a la institución, pugnando en todo por garantizar la independencia económica como firme respaldo de la autonomía.
Después de una complicada negociación con los diputados, en la que llegó a participar el licenciado Adolfo López Mateos como asesor jurídico del gobernador Fabela, los institutenses perdieron la paciencia y declararon una huelga que tuvo ribetes de violencia cuando varios líderes estudiantiles fueron encarcelados y la policía allanó el edificio que actualmente ocupa la Rectoría de la UAEM y que en aquel tiempo era sede del instituto, pero que al final se resolvió a favor de los huelguistas, ya que el 31 de diciembre de 1943, la Legislatura aprobó la ley orgánica del ICLA y el licenciado Fabela expidió el decreto número 70 que entró en vigor el 15 de enero de 1944 al ser publicado en la Gaceta del Gobierno.
En la exposición de motivos iba una frase del licenciado Fabela que conviene tener presente en todo momento: “Sólo al amparo de la libertad, es posible que la cultura nazca, se desarrolle y progrese”.
Cuando en ICLA se convirtió en la Universidad actual, en 1956, la autonomía siguió siendo el bien más preciado de sus integrantes, aunque no estuviera respaldado por la necesaria independencia económica.
Hoy día, 74 años después, la Legislatura local está rozando una parte esencial de la autonomía universitaria al pretender que el nuevo Contralor de la Institución sea nombrado por el Congreso sin escuchar la opinión de los universitarios.
El rector actual, doctor Alfredo Barrera Baca, ha propuesto los términos de una fórmula para nombrar al Contralor que puede partir de la presentación de una terna de candidatos por parte de la UAEM o de alguna otra forma en la que se tome en cuenta el parecer de la máxima casa de estudios, aunque se trate de una decisión legislativa.
No sería recomendable en modo alguno que, después de todos los esfuerzos realizados para conquistar la autonomía y de la decisión final del gobierno del estado, la propia Legislatura quisiera modificar o disminuir en la práctica los términos de un decreto aprobado por ella misma, a través de sus antecesores y del cual los actuales legisladores debieran sentirse orgullosos.
