Como era de esperarse, el grupo más nutrido de aspirantes a ocupar cargos públicos después del 1 de julio fue el de los alcaldes, ya que estarán en juego 125 presidencias municipales y muchos empleos bien pagados para los amigos.
Entre los interesados en obtener las nominaciones de diferentes partidos hay políticos que reciclan porque ya ocuparon el puesto en alguna ocasión o porque actualmente lo ocupan y van por la reelección, pero hay también políticos bisoños que participan por primera vez y que, llegado el caso, si ganan la elección, tratarán de gobernar como han visto que otros lo hacen, es decir, como los músicos que aprenden a tocar de oído.
Quienes lleguen al cargo sin experiencia tendrán que aprender sobre la marcha, ya que no existe una escuela para alcaldes y cada vez resulta más difícil tomar decisiones en el seno de una comunidad municipal.
Si alguien piensa que esta es una exageración sólo tiene que recordar los casos recientes de dos jefes delegacionales de la ciudad de México y de los integrantes del ayuntamiento de Coacalco, Estado de México, que tuvieron que irse del cargo antes de tiempo por faltar a sus obligaciones legales.
En todos los casos, el pecado consistió en no haber cumplido una sentencia judicial por falta de conocimiento o por pensar que como funcionarios públicos eran intocables, pero la Suprema Corte de Justicia se encargó de bajarlos de su nube y removerlos del cargo hasta con el riesgo de ir a prisión.
Esta situación es frecuente en litigios de carácter laboral, debido a que los nuevos alcaldes disponen a su arbitrio de todas las plazas de trabajo para compensar a sus familiares y amigos, o bien, para recompensar a sus partidarios que trabajaron duro en la campaña y esperan recibir un premio.
El problema surge cuando los recién llegados afectan derechos adquiridos ante la ley, ya que entonces los desplazados presentan demandas ante los tribunales del trabajo, obtienen indemnizaciones millonarias y ponen a los ayuntamientos en un brete, pues tienen que reinstalar a los demandantes en su empleo, pagarles indemnización o ambas cosas. Las sumas crecen conforme el expediente recorre diferentes instancias, pero cuando la sentencia favorable a los cesados prevalece llega el momento en que los ayuntamientos tienen que pagar, porque, de no hacerlo, el siguiente paso es enfrentarse a la Suprema Corte y perderlo todo, como los jefes delegaciones de la CDMX y los ediles de Coacalco que cayeron por ese tobogán.
Por eso ahora que tantos aspirantes compiten por un cargo municipal, alguien tiene que aleccionarlos y hacerles ver los riesgos que corren si rebasan una línea roja, como puede ser la de no acatar una sentencia judicial que ha sido dictada y que ya no tiene ni vuelta de hoja.
Debe existir alguna forma de que las autoridades estatales se hagan cargo de la formación de los futuros alcaldes cuando ya conquistaron el voto popular y aún no se meten en problemas, porque ese es el momento justo en que deben enterarse de lo que pueden y de lo que no pueden hacer, ya que aunque parezca increíble –pero la experiencia lo demuestra− hay casos lamentables en los que, por no haber tenido oportunidad de asistir a una escuela para alcaldes –si existiera− ni eso saben.