Una idea luminosa surgió de las elucubraciones de los diputados en estos tiempos de la gripe asiática: acortar el período electoral del año próximo para gastar menos dinero. Así, la lucha por ganar alcaldías y diputaciones, en lo que toca al Estado de México, empezará en enero de 2021 y no en septiembre de 2020.
El ahorro que se logrará con este cambio no es muy importante, pero sí representa un paso adelante en la transformación de la democracia mexicana de producto de lujo que actualmente es, en artículo de primera necesidad.
La medida será mejor si se complementa con la disminución de curules y escaños en los congresos local y federal, comenzando por las llamadas plurinominales que nadie es capaz de explicar qué función cumplen más allá de constituir una bolsa de trabajo para los partidos políticos, y siguiendo con una drástica reducción de los millonarios recursos que reparten los institutos electorales.
Las llamadas “diputaciones de partido” fueron creadas en la época del presidente Adolfo López Mateos con el propósito de dar presencia a las minorías en la cámara de diputados –“Prefiero tenerlos a la vista, para saber lo que hacen, que mantenerlos a distancia”, solía decir−, pero en este momento esa razón ya no es válida, porque los partidos que merecen llevar ese nombre ya son capaces de lograr, si se aplican, triunfos electorales, alternancia electoral en los máximos puestos, como ha podido verse en tres ocasiones, no en una, durante las primeras dos décadas del siglo.
Consecuencia de los elevados gastos electorales y de una nómina que no corresponde ni a una democracia de primer mundo, cada año las fuerzas políticas se ponen de acuerdo para repartirse una parte del tesoro público en forma de prerrogativas, propaganda, viajes, gastos de campaña y todo lo que se les ocurre cuando están de ociosos.
Esto sucede en detrimento de los verdaderos programas sociales −más allá de las dádivas− y opera como un lastre de las instituciones realmente útiles y necesarias como el sistema de salud pública, cuyo crecimiento es insuficiente y limitado, según ha podido verse en estos días, o el sistema educativo, sujeto a tantas y tan frecuentes variaciones, o el sistema de justicia, que no encuentra su acomodo frente a una sociedad convulsionada por la violencia, o el sistema económico, urgido siempre de crecimiento y siempre tambaleante.
Si se dan pasos firmes contra el derroche y se aprovecha lo que ya se tiene para mejorar el sistema democrático y hacer que su costo refleje de manera más objetiva la realidad del país, es posible que el interés de los ciudadanos en torno a las elecciones crezca y que la mala imagen de los partidos políticos empiece a cambiar.
