En México solo una de cada cinco personas tiene educación universitaria y apenas 36 por ciento de los jóvenes menores de 29 años estudian. Es claro que los esfuerzos del Estado mexicano por responder a la demanda creciente de acceder a la Educación Superior, han sido insuficientes.
No obstante, la oferta se amplió y diversificó: de las instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional o las universidades estatales que también gozan de autonomía, hoy contamos con otras Instituciones de Educación Superior (IES) bajo la rectoría de la SEP, como las Universidades Interculturales, las Universidades Tecnológicas y Politécnicas, así como el Tecnológico Nacional de México y la Universidad Abierta y a Distancia de México.
Todas con un común denominador: más demanda que capacidad de oferta de espacios, debido a la falta de recursos públicos en cantidad suficiente para ampliar su matrícula sin mermar la calidad educativa.
La buena noticia es que estamos en vísperas de contar con una nueva Ley General de Educación Superior (LGES) que ya reconoce estas instituciones y norma su funcionamiento, así como la participación de los distintos ámbitos de gobierno para garantizar su adecuado funcionamiento.
La mala noticia, es que la pandemia le vino “como anillo al dedo” al gobierno que en campaña prometió que no habría más estudiantes rechazados y que hoy tiene en la situación económica del país el pretexto perfecto para posponer, por tercer año consecutivo, sus “buenas intenciones”.
Significa un avance la inclusión de la definición de gratuidad como “las acciones que promueva el Estado para eliminar progresivamente los cobros de las instituciones públicas de educación superior a estudiantes por conceptos de inscripción, reinscripción y cuotas escolares ordinarias”.
Pero en la discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para los años 2019, 2020 y 2021, la voluntad política del gobierno federal y su mayoría legislativa, no alcanzó para incrementar un solo peso a estas IES y en el Senado, la LGES establece que “en materia presupuestal, se asignarán recursos hasta 2022, según la disponibilidad presupuestaria y con la posibilidad de incrementarse anualmente, solo cuando los ingresos presupuestarios tengan una variación positiva”.
La LGES establece como obligación que los congresos locales destinen recursos en los presupuestos estatales, además del congreso federal y prevé que las IES puedan solicitar a la Federación y a las entidades federativas recursos extraordinarios para la satisfacción de necesidades adicionales en el cumplimiento de sus funciones sustantivas de docencia, investigación, desarrollo científico y tecnológico, extensión y difusión de la cultura.
Pero vayamos a nuestra realidad. El Estado de México tiene 35 IES sin autonomía y es una de las pocas entidades federativas donde la asignación estatal de recursos es superior a la federal, pero también donde los ingresos totales por cuotas de recuperación, representan alrededor del 25 por ciento de sus ingresos totales.
La realidad en cada estado de la República es distinta, pero siempre con carencias y la presión de absorber a más estudiantes, ahora con un componente adicional: la obligatoriedad de la Educación Superior que se estableció en la reforma constitucional de 2019. ¿Quién explicará a la juventud mexicana que el papel dice sí, pero los presupuestos no dan? Es pregunta.
*Diputada federal mexiquense.
@AnaLiliaHerrera.
