Pese a que se trató de un operativo bastante llamativo por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) todavía al día de hoy lunes, mucha gente no se enteró de la búsqueda con fines de detención del alcalde de Toluca, Raymundo Martínez Carbajal, el pasado viernes por la noche, una movilización que llegó a cercar el palacio municipal en la búsqueda del ahora prófugo de la justicia.
La sorpresa no fue para menos, hace unos días su exesposa, Viridiana Rodríguez Rico, hizo público un video en el que acusa al alcalde y otros de sus colaboradores de haber utilizado los recursos y personal del Ayuntamiento de Toluca para detener a su padre, Emilio Rodríguez, quien laboraba con ella en el DIF municipal, el día 12 de abril, sin orden de aprehensión ni de cateo; mientras que, vía telefónica, Raymundo Martínez “negociaba” con ella la entrega de unos documentos a cambio de la libertad de su padre.
En el video, Viridiana Rodríguez acusa que fue obligada a firmar un convenio en el que se estipula que ni ella ni su familia podían hablar del presidente municipal de Toluca durante 15 años y que, si lo hiciera, tendría que pagarle 15 millones de pesos además de que no podrían ejercer acción legal en su contra ni de la de su equipo de trabajo, pero a pesar de haber firmado bajo la coacción de la detención de su padre, el acoso policial de los elementos de seguridad pública continuó.
La expresidenta del DIF municipal de Toluca señaló que ninguna autoridad le había brindado la protección que se ofrece a las mujeres en situaciones de riesgo por violencia de género y acusó que, pese a las denuncias presentadas ante la Fiscalía, el expediente estaba detenido porque las autoridades se negaban a ejecutarlo.
El video detonó una respuesta del alcalde Raymundo Martínez quien, el mismo día en que apareció el video, se presentó ante los medios de comunicación para leer el comunicado 758/2023 titulado “Posicionamiento del Presidente Municipal Constitucional de Toluca 2022-2024 Dr. Raymundo Martínez Carbajal”, que posteriormente el área de Comunicación Social de Ayuntamiento difundió en la página del gobierno local y distintos medios.
En el documento, el alcalde mencionó que los señalamientos en contra de su persona eran “claramente falsos e infundados y busca crear un clima de hostilidad”, además de que se refería a su exesposa como “la maestra en Derecho Procesal Penal” y de quien, fuera del texto, destacó que está titulada con honores para hacer notar que es una persona que conoce sobre este tipo de procedimientos, algo que ha quedado perfectamente claro.
En el comunicado se menciona de nueva de cuenta el acuerdo de confidencialidad firmado con su exesposa sin entrar en detalles sobre el mismo y asegurando que, junto con el tema del divorcio, es un asunto ya concluido además de considerar que el tema es un asunto privado pese a que el documento de respuesta fue hecho público por el área de Comunicación Social del Ayuntamiento en el sitio del gobierno.
Todo apuntaba a que la situación no escalaría al siguiente nivel, pero el viernes por la noche todo dio un giro inesperado cuando elementos de la FGJEM realizaron varios operativos para localizar y aprehender al alcalde de Toluca acusado formalmente del la presunta comisión de secuestro express en su modalidad de extorsión, que según la propia dependencia de justicia tiene una penalidad de 40 a 80 años de prisión y con el agravante de allanamiento al haber ocurrido en las instalaciones del DIF municipal.
Por si esto no fuera suficiente, ni el alcalde ni las otras seis personas que son señaladas en la presunta comisión del delito de secuestro express podrían alcanzar el beneficio de la fianza en caso de ser detenidas y presentadas ante un juez calificador, dado que todos los involucrados habrían actuado como servidores públicos en funciones; una agravante más en términos de ley.
El operativo de la Fiscalía mexiquense se llevó a cabo en el domicilio del alcalde, en las instalaciones del palacio municipal y en el centro de comando C2 del gobierno local, además de otro domicilio ubicado en Metepec, sin que pudieran localizar a ninguno de los siete involucrados. Pese a que en estos hechos estuvieron involucradas instalaciones de la administración municipal, en esta ocasión no se emitió comunicado alguno informando sobre lo que estaba ocurriendo en los edificios municipales o en la corporación policiaca; el área de Comunicación Social ha guardado silencio cómplice sobre estos hechos.
En el momento del operativo, la Fiscalía de justicia mexiquense emitió un escueto mensaje en redes sociales donde solo informaba que se estaba realizando la acción y nada más; hecho que se comprende dado que dicha cuenta podría ser considerada como oficial de la dependencia por lo que cualquier información de más podría afectar el debido proceso.
Posteriormente, el día sábado, la dependencia de justicia emitió el comunicado oficial 1277/2023 titulado “Fiscalía Edoméx obtiene orden de aprehensión contra Raymundo ‘N’, investigado por secuestro express en Toluca” en el que informa el motivo de los operativos y el delito por el que se les persigue; además de señalar que “toda persona que brinde refugio, oculte o facilite la fuga de algún probable responsable de delito diverso con el propósito de que este no enfrente la justicia, estaría cometiendo el ilícito de encubrimiento”.
Además, la Fiscalía informó que solicitó la emisión de una “ficha roja” a las instancias policiales internacionales así como al Instituto Nacional de Migración para que emita un alerta migratoria con el objetivo de evitar que el alcalde toluqueño pueda abandonar el país o que, en su caso, pueda ser localizado fuera de este.
Lo interesante del caso resulta de dos cosas: primero, que no hayan podido encontrar a ninguno de los siete involucrados y la segunda que se menciona que el alcalde habría solicitado un amparo para evitar ser detenido y que éste se habría tramitado la tarde del viernes 24 de noviembre, horas antes de que la Fiscalía llevara a cabo el operativo de búsqueda para la detención; en caso de confirmarse, significaría que “alguien” habría avisado al presidente toluqueño y sus cómplices sobre su inminente captura para permitirles huir con anticipación y evadir la acción de la justicia. Un “topo” que el fiscal José Luis Cervantes debería estar buscando en este momento.
Este es el segundo caso en este año de un alcalde mexiquense que recibe acusaciones de este tipo y que huye para no enfrentar la acción de la justicia ni las investigaciones correspondientes, lo legal tiene todavía mucho por delante pero sin duda en lo político es donde más impacto habrá. Toluca podría estar ya perdida para el PRI y sus aliados lo que significaría un duro golpe para las intenciones de construir la imagen de que los tricolores no están tan débiles tras haber perdido la gubernatura. ¿Habrá estampida de huida del priísmo toluqueño? El tiempo lo dirá.
