Al sexenio en turno se le acaba el tiempo para dotar de sentido y resultados su discurso campañero de “no más rechazados a las universidades”: por cuarto año consecutivo, no aumentó el presupuesto de las Universidades Públicas Estatales, Estatales de Apoyo Solidario, Interculturales, Tecnológicas y Politécnicas, así como las unidades descentralizadas del Tecnológico Nacional de México.
La situación es crítica en estos espacios de conocimiento y libertad, muchos de los cuales vieron amenazada su autonomía en 2019 por la reforma constitucional que promovió el gobierno morenista, el mismo que se empeña en asfixiarlos con un doble discurso: la gratuidad de la educación superior en la Constitución y la carencia de recursos en la realidad.
A la sombra de un gobierno que se dice de izquierda, lo único que florece son las Universidades Benito Juárez, con una asignación promedio de mil millones de pesos al año, planteles sin el equipamiento básico, maestras y maestros con una situación laboral precaria y una matrícula a la baja, debido quizá a que muchos de los estudios que ofrece, carecen de validez oficial.
En lo que corresponde a las instituciones de educación superior de calidad, la demanda persiste, pero se topa con la austeridad financiera y la incertidumbre. De nada valen los reconocimientos, el esfuerzo por mantener la calidad, si no pueden tener más aulas, laboratorios o pagar al personal docente necesario para abrir sus puertas a más estudiantes.
Tenemos el caso de la Universidad Autónoma del Estado de México, ubicada en el top 10 a nivel nacional, en el 5º lugar del país en profesores con alto nivel académico, y que en la última década ha crecido unos 3 mil 146 estudiantes, 46 profesores, 4 nuevas carreras, un espacio universitario y un centro de investigación en promedio cada año. Sin embargo, sus finanzas solo le permiten aceptar 7 de cada 10 solicitudes para ingresar a Nivel Medio Superior y 4 de cada 10 para entrar a Nivel Superior.
La matrícula de la Máxima Casa de Estudios en el Estado de México, se incrementó 9.2% durante el pasado ciclo escolar, aunque lamentablemente, pasó del lugar 22 en subsidio por alumno que ocupaba en 2018, al lugar 29 en el año 2020.
El problema en nuestro país, fue planteado con claridad por el titular de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) en la Cámara de Diputados, quien advirtió que entre 2015 y 2021, el presupuesto federal fue de -9.8% en términos reales, lo que no es proporcional al crecimiento de la matrícula, que fue de 19.4% y que conlleva la necesidad de expandir en el territorio los servicios educativos, la infraestructura, así como de aumentar la plantilla académica y administrativa.
Además de la demanda insatisfecha, el gobierno que en campaña prometía respeto y certidumbre a los maestros, sigue sin incluir recursos para atender la política salarial en su Presupuesto de Egresos de la Federación.
El colmo, es que en este 2022 el gobierno federal no logra engañarse ni a sí mismo, cuando en un artículo transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación, afirma que el Ramo 11 Educación Pública, comprende los recursos para la constitución del fondo especial para garantizar la gratuidad de la educación superior, al que se comprometió en 2019 en la Constitución, solo que omite decir el monto y dónde se encuentra.
Morena y su gobierno contradicen su decisión de desaparecer los fideicomisos y dejan sin incremento alguno el programa U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales, que es donde se asignan los recursos para las instituciones de educación superior que cuentan con la calidad que merece la juventud mexicana. Su voluntad y capacidad de concreción es tan pobre, como el presupuesto que aprobaron.
*Diputada federal reelecta por el Distrito 27 del Estado de México.
@AnaLiliaHerrera.
