Instituciones intocadas por el SNA
Existen instituciones en México, por cierto muy reconocidas que, a pesar de ser proclives a generar corrupción e impunidad, no fueron tocadas por el Sistema Nacional Anticorrupción, ofreciéndole a la clase gobernante un manto de impunidad. Entre las más emblemáticas se encuentran: la irresponsabilidad presidencial, el fuero constitucional, el sistema plurinominal y el monopolio del ejercicio de la acción penal.
La irresponsabilidad presidencial es una condición jurídica del Ejecutivo federal que se encuentra prevista en nuestra Carta Magna, en el último párrafo del artículo 108, que establece: “el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”. Lo anterior significa que el titular del Ejecutivo, durante su gestión, no puede ser investigado ni sancionado por actos de corrupción, tampoco se le puede fincar responsabilidad alguna, es inmune a cualquier a acción de la justicia, de facto goza de impunidad por mandato constitucional; esta inmunidad les ha valido a los presidentes en turno, para abusar del poder sin límite alguno.
El fuero constitucional, conocido ahora como inmunidad constitucional, fue en su origen una prerrogativa establecida para diputados y senadores, quienes jamás podrían ser reconvenidos, procesados ni juzgados por sus opiniones. Esta prerrogativa se fue extendiendo a ministros de la Corte, magistrados de tribunales y altos funcionarios del poder Ejecutivo federal, así como a gobernadores, diputados estatales, magistrados y otros altos funcionarios locales, quienes sólo pueden ser sometidos a juicio, previo desafuero. Como muchas de nuestras instituciones, el fuero degeneró, se corrompió: se ha convertido en un salvoconducto, en un escudo de protección al que se acogen exgobernadores, exsecretarios de Estado y dirigentes obreros que tienen problemas con la justicia.
El sistema plurinominal en el Congreso y en las legislaturas estatales que el presidente Peña se comprometió a desaparecer, es otra institución que también ha degenerado y se ha corrompido con el tiempo: de ser un mecanismo para fortalecer la democracia mexicana en su origen, ha devenido en instrumento de autoprotección de la clase política más encumbrada: por este camino llegan a las curules legislativas, líderes como Carlos Aceves del Olmo (CTM), Carlos Romero Deschamps (Pemex), Humberto Moreira (exgobernador de Coahuila), Napoleón Gómez Urrutia (líder de los mineros), quienes, junto con otros, se vuelven intocables al amparo del fuero constitucional.
El monopolio de la acción penal en México la sigue detentando el Ministerio Público, a pesar del nuevo sistema penal; es una institución tan temida como propensa a la corrupción. La PGR y las fiscalías generales en las entidades federativas que siguen dependiendo del Ejecutivo, son las únicas instancias que deciden finalmente ejercer la acción penal o exonerar a los presuntos por los delitos que se le imputan, como sucedió recientemente con el exgobernador de Chihuahua, Cesar Duarte, oculto en Estados Unidos, contra quien la PGR “no encontró suficientes elementos” (sic) para el ejercicio de la acción penal, frustrándose la extradición a México para que fuera juzgado por los tribunales del Estado Libre y Soberano de Chihuahua.
Es inaudito, pero el SNA no tocó, ni por asomo, a esas “instituciones” que a lo largo de los años, se han convertido en pilares de la corrupción que supuestamente el gobierno pretende erradicar.
