/ martes 3 de abril de 2018

Reflexiones y Alucinaciones


¿Existe voluntad política en el SNA?

A casi tres años de que fuera reformada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -28 de mayo de 2015- para crear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y a nueve meses de que este novedoso Sistema entrara en vigor en todo el país -18 de julio de 2017-, aún no existe el fiscal general de la República, a pesar de que éste es pieza clave para el combate a la corrupción.

No sólo es esta pieza la única que falta para que el Sistema Nacional funcione de alguna manera: faltan otras igual de importantes, como los magistrados que ya deberían integrar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y que no han sido designados.

De acuerdo con la reforma constitucional y con las leyes especiales aprobadas, doce meses después, el 18 de julio de 2017 debería haber entrado en vigor en todo el país el Sistema Nacional y los sistemas locales anticorrupción. Pero, al igual que sucede en el ámbito federal, acontece en el ámbito local: al día 27 de marzo de 2018 –según organizaciones sociales que dan seguimiento al tema- en once estados de la República no se cuenta con fiscal especial para el combate a la corrupción y en siete, tampoco con el fiscal general de la entidad.

¿Cuál o cuáles han sido las razones por las que no se ha podido concretar el SNA, a pesar de que fuera el primer compromiso que suscribiera el presidente Peña en las primeras horas del 31 de marzo de 2012, al iniciar su campaña política a la presidencia de la República en la ciudad de Guadalajara y que constituyera la primera iniciativa que enviara al Senado?

¿Cuál o cuáles han sido las razones por las que no se ha podido crear el fiscal general como un órgano autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios como lo mandata el artículo 102 Constitucional, es decir, como un órgano independiente del Poder Ejecutivo que venga a combatir realmente los actos de corrupción cometidos por servidores públicos del nivel que sean?

Pudieran esgrimirse muchas razones para justificar la inacción del Senado para no designar al fiscal general: los pretextos no faltan. Lo cierto es que no ha existido la voluntad política ni del Ejecutivo ni de los legisladores para poner en marcha realmente el SNA, hasta ahora un sistema fallido, como lo han hecho sentir, de alguna manera, tanto Jacqueline Peschard como Mariclaire Acosta, expresidenta y presidenta actual, respectivamente, del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador de este Sistema, el 8 de febrero, cuando la primera fue sustituida después de un año de funciones.

El fracaso es evidente. A la fecha todo mundo habla de la corrupción pero ya casi nadie del Sistema Nacional Anticorrupción, como el mecanismo idóneo para combatir los actos de corrupción. Bueno, ya hasta los candidatos José Antonio Meade y el propio Ricardo Anaya han venido planteando nuevas acciones para combatir la corrupción, como si el sistema no existiera.

Por todo ello, estoy absolutamente convencido que sin esa voluntad política de los gobernantes, a la que me he venido refiriendo, cualquier acción que se intente para combatir la corrupción será por demás inútil, ineficaz, mentirosa, tramposa y muchos otros calificativos que reflejan la contradicción entre ser y no ser.


¿Existe voluntad política en el SNA?

A casi tres años de que fuera reformada la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -28 de mayo de 2015- para crear el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y a nueve meses de que este novedoso Sistema entrara en vigor en todo el país -18 de julio de 2017-, aún no existe el fiscal general de la República, a pesar de que éste es pieza clave para el combate a la corrupción.

No sólo es esta pieza la única que falta para que el Sistema Nacional funcione de alguna manera: faltan otras igual de importantes, como los magistrados que ya deberían integrar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y que no han sido designados.

De acuerdo con la reforma constitucional y con las leyes especiales aprobadas, doce meses después, el 18 de julio de 2017 debería haber entrado en vigor en todo el país el Sistema Nacional y los sistemas locales anticorrupción. Pero, al igual que sucede en el ámbito federal, acontece en el ámbito local: al día 27 de marzo de 2018 –según organizaciones sociales que dan seguimiento al tema- en once estados de la República no se cuenta con fiscal especial para el combate a la corrupción y en siete, tampoco con el fiscal general de la entidad.

¿Cuál o cuáles han sido las razones por las que no se ha podido concretar el SNA, a pesar de que fuera el primer compromiso que suscribiera el presidente Peña en las primeras horas del 31 de marzo de 2012, al iniciar su campaña política a la presidencia de la República en la ciudad de Guadalajara y que constituyera la primera iniciativa que enviara al Senado?

¿Cuál o cuáles han sido las razones por las que no se ha podido crear el fiscal general como un órgano autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios como lo mandata el artículo 102 Constitucional, es decir, como un órgano independiente del Poder Ejecutivo que venga a combatir realmente los actos de corrupción cometidos por servidores públicos del nivel que sean?

Pudieran esgrimirse muchas razones para justificar la inacción del Senado para no designar al fiscal general: los pretextos no faltan. Lo cierto es que no ha existido la voluntad política ni del Ejecutivo ni de los legisladores para poner en marcha realmente el SNA, hasta ahora un sistema fallido, como lo han hecho sentir, de alguna manera, tanto Jacqueline Peschard como Mariclaire Acosta, expresidenta y presidenta actual, respectivamente, del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador de este Sistema, el 8 de febrero, cuando la primera fue sustituida después de un año de funciones.

El fracaso es evidente. A la fecha todo mundo habla de la corrupción pero ya casi nadie del Sistema Nacional Anticorrupción, como el mecanismo idóneo para combatir los actos de corrupción. Bueno, ya hasta los candidatos José Antonio Meade y el propio Ricardo Anaya han venido planteando nuevas acciones para combatir la corrupción, como si el sistema no existiera.

Por todo ello, estoy absolutamente convencido que sin esa voluntad política de los gobernantes, a la que me he venido refiriendo, cualquier acción que se intente para combatir la corrupción será por demás inútil, ineficaz, mentirosa, tramposa y muchos otros calificativos que reflejan la contradicción entre ser y no ser.

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