Activismo político empresarial
Ante el reciente activismo político de empresarios prominentes y la advertencia perentoria que al respecto les hizo Lorenzo Córdoba, presidente del INE, me surgen dos interrogantes: ¿Los empresarios tienen derecho a ejercer la libertad de expresión? Evidentemente que sí, me respondo. ¿Los empresarios tienen derecho a orientar el voto de sus trabajadores? Evidentemente que no, vuelvo a responder.
En las últimas semanas, ante el avance indiscutible de Manuel López Obrador en las preferencias electorales, empresarios prominentes del país, pertenecientes al Consejo Mexicanos de Negocios (CMN) en donde se agrupan los 40 o 50 hombres más ricos del país, pretextando ejercer su derecho a la libre expresión, abiertamente se dirigieron a sus trabajadores, incluso por escrito, para demandarles que razonaran su voto este 1° de julio, y que al emitirlo meditaran sobre “el riesgo” del “populismo” y “autoritarismo” que propalan algunos candidatos.
Era inequívoco que su admonición no iba dirigida contra Anaya o contra Meade, quienes han prometido también acciones populistas, especialmente éste último quien finca el éxito de su candidatura en los cientos de programas sociales del gobierno, muchos de ellos cien por ciento populistas, y quien además se ha comprometido a otorgar un salario, entre otros, a hombres y mujeres de la tercera edad. ¡No! Su petición velada -que resulta ser más clara que la luz del día- era contra Manuel López Obrador, pues consideran que de llegar a la presidencia, su statu quo de privilegio, podría verse amenazado.
Sin embargo, el centro del planteamiento que abordo es una cuestión “de jure”: ¿los empresarios tienen derecho a ejercer la libertad de expresión? ¡SÍ! Lo he afirmado desde un inicio: es un derecho constitucional; como ciudadanos pueden pensar, escribir y publicar sobre lo que quieran, salvo atacar la moral, la vida privada y los derechos de terceros. Y, como patrones, empleadores y directivos ¿pueden orientar la decisión política de sus trabajadores? ¡NO! La ley se los prohíbe; con sus aparentes buenas intenciones estarían induciendo el voto de su personal, en otras palabras, coaccionando el derecho de votar libremente y, con ello, poniéndose al filo de la ilegalidad.
El altercado de los empresarios con AMLO, no es de ahora, lleva doce años: éste los acusa de que por ellos perdió las elecciones en 2006 y 2012, quienes juntos con Fox y Calderón, en su momento, le robaron la presidencia de la República; desde entones les llama “la mafia del poder”; ahora los ha acusado de sentirse “dueños de México”, inclusive los ha calificado como “minoría rapaz”, “traficantes de influencias”, entre otros calificativos no menos injuriosos.
Y sin embargo, las de 2018, no son las mismas condiciones que las de 2006 y 2012: durante los últimos doce años, AMLO quiérase o no, ha cambiado; tal vez no en cuanto a la visión que tiene sobre los problemas de México, sino sobre la forma de tratarlos y de resolverlos; por otra parte, en las pasadas dos elecciones, no tenía la base social tan extendida que ahora tiene, dentro y fuera de país, incluyendo la aquiescencia de instituciones, fondos de inversión, calificadoras y empresas de servicios financieros internacionales a las que no les inquieta que gane la elección.
Para bien del país y de la democracia mexicana, parece que las cosas toman un cauce civilizado: oportunamente, el árbitro de la contienda electoral, Lorenzo Córdoba, advirtió a los empresarios que estaban actuando al filo de la legalidad, demandándoles “no enturbiar el proceso electoral”; López Obrador, por su parte, recobró la serenidad que tanto demanda de los demás y los empresarios bajaron su activismo hostil: el pasado día 5 de junio dialogaron con AMLO durante tres horas: en este encuentro, no sin haberle patentado su enojo por las ofensas recibidas, terminaron dialogando para ponerse de acuerdo, lo que cancela cualquier temor por el triunfo casi seguro de López Obrador.
