Es imprescindible una fiscalía general autónoma
Para combatir la corrupción que impera a lo largo y ancho de nuestro país, se requiere, antes que nada, combatir la impunidad, y para ello es indispensable que los órganos encargados de procurar y administrar justicia sean verdaderamente autónomos e independientes del Poder Ejecutivo, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local; de no ser así cualquier intento está condenado al fracaso.
La afirmación anterior, que es una verdad de Pero Grullo, la expreso con toda contundencia, pues siendo la corrupción el principal objetivo de Andrés Manuel López Obrador y bajo cuya bandera ganó las elecciones con amplísimo margen, ahora resulta que no está de acuerdo con que haya una Fiscalía General autónoma, así lo dio a entender durante su campaña y así lo ha ratificado en estos últimos días; él quiere, además, que el procurador o fiscal general de la República lo siga designando el Ejecutivo con la aprobación del Congreso.
Para que México contara con una Fiscalía General autónoma, imprescindible para combatir la corrupción con eficacia, hubo la necesidad de discutir el tema en prácticamente todo el sexenio del presidente Peña, sin que a la fecha haya resultados. Con ese fin se reformó la Constitución General de la República en febrero de 2014, la cual establece en su Artículo Sexto Transitorio que esa institución entraría en vigor, tan pronto como fuera aprobada la ley secundaria. Pero, por los intereses manifiestos de la clase gobernante para dejar un fiscal general a modo, el Congreso fue posponiendo, una y otra vez, la aprobación de esa ley, es decir, la de la Fiscalía General de la República.
Ahora que el virtual presidente de la República tendrá mayoría en las cámaras del Congreso de la Unión, suficiente para aprobar esa ley a fin de que entre en operación la tan esperada Fiscalía General autónoma, manifiesta no estar de acuerdo con su autonomía; piensa quizá que con nombrar a un hombre probo y capaz para ocupar ese cargo, será suficiente para combatir la corrupción. Pero no es así; para combatir la corrupción se debe, antes que nada, combatir la impunidad que la propicia, la consiente, la tolera, y que en buena medida depende, tanto de los órganos que procuran justicia como de los órganos que la imparten, es decir, de los tribunales; de ahí la necesidad que existe de que unos y otros sean realmente autónomos e independientes del Poder Ejecutivo para que realicen sus funciones con toda libertad.
Olga Sánchez Cordero, exministra de la Corte, y quien ha sido propuesta para ocupar la Secretaría de Gobernación en el gobierno de López Obrador, en reunión privada que tuvo el viernes 6 de los corrientes con jueces y magistrados del Poder Judicial de la CDMX, les anunció diversas acciones para garantizar el ejercicio de la función judicial, de manera libre e independiente, entre éstas: la seguridad presupuestal, la inamovilidad judicial y un haber de retiro. Esto es en cuanto a los órganos que imparten justicia; pero, y ¿qué pasará con los que la procuran, como son las fiscalías y los ministerios públicos?
Por ello preocupa que el virtual presidente de la República, Manuel López Obrador, no haya contemplado entre las 12 acciones que anunció la semana pasada, la puesta en marcha de una Procuraduría o Fiscalía General autónoma, a efecto de que ésta no se maneje con fines políticos, sino estrictamente jurídicos, y llegado el caso, sea capaz de investigar a los más altos funcionarios del gobierno federal y estatales, incluyendo al mismo presidente de la República. De no hacerlo, el barrido que pretende hacer, de arriba hacia abajo, para terminar con la corrupción, no pasará del tercer escalón.
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