Como toda nueva administración, el gobierno de Alfredo del Mazo inicia con una forma distinta de gobernar, con un nuevo gabinete y con modificaciones a la estructura administrativa. Por su transcendencia, comparto contigo, amigo lector, las siguientes reflexiones.
Al anochecer del 13 de septiembre, sin señalar la fuente de la información y por ende el responsable de la misma, apareció en red
es sociales la lista de los supuestos integrantes del gabinete. No fue casualidad que se filtrara tan importante información, fue intencional; en política no existe la casualidad. Consecuente con ello, el 16 de septiembre, el nuevo gobierno transmitía también a través de las redes sociales la fotografía oficial y los nombres de los integrantes del nuevo gabinete, coincidente con la del 13 de septiembre, lo que viene a confirmar la veracidad e intencionalidad de la primera información.
Se supo, asimismo, y por los mismos medios, que el titular del Ejecutivo, en un acto por demás oculto, sin la presencia de medios informativos, había tomado la protesta de ley a los integrantes de su gabinete y staff; este acto tuvo lugar el día 15, poco después de haber protestado ante la Legislatura.
Al respecto, llama la atención que el gobernador del Mazo, haciendo a un lado a los medios informativos impresos y electrónicos que han sido el instrumento tradicional con el que el gobierno se comunica con la sociedad, diera a conocer: primero, la posible integración del gabinete; segundo, la integración real del gabinete; y tercero, la protesta de ley de sus integrantes. Esta nueva forma de comunicarse con la sociedad, me recuerda el estilo tan criticado de Donald Trump, quien desde el inicio de su gobierno ha preferido a las redes sociales que a los medios impresos y electrónicos, por lo que ha tenido un abierto enfrentamiento con los medios de comunicación. ¿Esa será la nueva forma de comunicarse con la sociedad?
Atrae también de manera particular mi atención, el hecho de que el gobernador, antes de que entrara en funciones, es decir después de la medianoche del día 15, haya efectuado un acto jurídico, como es la toma de protesta de ley de su equipo de trabajo; y de ser cierto como lo es, bien pudiera calificarse como un acto carente de validez. Alguien me podría controvertir, afirmando que es una cuestión de hermenéutica jurídica; pero no es así, pues los actos jurídicos emanados de la autoridad deben de cubrir todos los requisitos de legalidad, existencia y validez, de fondo y de forma, y en el caso que nos ocupa, uno de ésos es que el titular esté en pleno ejercicio de sus funciones.
Otro aspecto de análisis son los cambios que sufrió la estructura administrativa del gobierno estatal: la súper Secretaría de Infraestructura se desincorpora en Secretaría de Desarrollo Urbano y Secretaría de Obras Públicas, como antaño; la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana cambia de nombre a Secretaría de Seguridad, como así se llamaba; y la Consejería Jurídica se eleva a rango de Secretaría, denominándola ostentosamente Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.
De esos tres cambios, considero que el primero se justifica, ya que la modificación que realizó el doctor Eruviel no tuvo justificación técnico-administrativa alguna, sino obedeció a un interés político del momento: la súper Secretaría la ocupó el hombre de todas sus confianzas; el segundo, estimo que no se justifica pues se trata de un cambio de denominación inocuo que por sí mismo en nada contribuirá para combatir la inseguridad; y el tercero de los cambios, no sólo no se justifica pues sus funciones serán prácticamente las mismas que tenía la Consejería Jurídica, además de que con el nuevo nombre, esa Secretaría se confunde con otros órganos que procuran o administran justicia, así como con la institución protectora de los derechos humanos.
Para concluir estas reflexiones, no dejo de reconocer que el gobernador Alfredo del Mazo, acorde con su discurso de toma de protesta, no haya incluido en su gabinete a familiares, como era costumbre, a pesar de que el nepotismo ya no constituye una falta grave por haber desaparecido esa figura jurídica, de manera inexplicable e injustificada, de la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, aprobada recientemente por nuestros legisladores para combatir, con todo, la corrupción existente en la entidad.(C)
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