/ lunes 9 de octubre de 2017

Reflexiones y Alucinaciones

Existe un clamor generalizado entre los servidores públicos del gobierno del Estado, de los municipios y demás organismos incorporados, próximos a jubilarse, por el tiempo que tardan los trámites en el ISSEMyM para poder recibir una pensión justa, con la que puedan vivir los últimos y más difíciles años de su vida. No son pocos los casos de molestia que existen, son muchos, muchísimos, sin que ni nada, ni nadie ponga el menor interés para resolver tan inhumana anomalía que se agravó, vale decirlo, en el sexenio que apenas termina.

¿Qué es lo que le impide al ISSEMyM cumplir con sus derechohabientes para que éstos puedan alcanzar, en términos de ley, el más apreciado de los derechos de un servidor público, como lo es el pago y disfrute de una pensión? ¿Es la falta de recursos económicos por la que este Organismo tarda hasta dos años o más para dictaminar una pensión, más otros seis meses para que el pensionado reciba su primer pago? ¿O es que el retardo de los trámites encierra un perverso e irregular manejo de los fondos destinados al pago de pensiones? ¡No creo! ¡Me resisto a pensarlo siquiera! Considero más bien que el retraso en el pago de las pensiones, es una de las caras que refleja la mala administración del Organismo en los últimos tres sexenios.

Para poder responder a estas interrogantes, voy a compartir contigo, amigo lector, la siguiente información: según datos proporcionados por el propio ISSEMyM a través del Portal de Transparencia, éste disponía, al 31 de julio del año en curso, de una reserva líquida de 5,271.3 millones de pesos, más que suficientes para otorgar y pagar las pensiones dentro del término de los 30 días, como lo establece la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado y Municipios, y no, después de dos años, como ilegalmente lo está haciendo. Y como si tal demora no fuera suficiente, el Instituto después de que finalmente emite el dictamen de pensión, el servidor público deberá esperar todavía de cinco a seis meses más para recibir su primer cheque, naturalmente sin los intereses correspondientes, que se quedan ¡¿sabe dónde?!

Además de esa reserva financiera que le da liquidez al ISSEMyM para poder cumplir sus principales obligaciones, como lo son la prestación de los servicios médicos y el pago de pensiones, a este Instituto se le adeuda, al mes de julio de 2017, por concepto de cuotas y aportaciones de parte de las instituciones públicas (gobierno del Estado, ayuntamientos y demás entidades obligadas) 4,219 millones de pesos, que de hacerlos efectivos, como se debiera hacer, ampliarían la capacidad financiera del Instituto.

De lo anterior se deduce que no es la falta de recursos lo que motiva el retraso ilegal del pago de pensiones. Y si no es la falta de recursos, como a todas luces no lo es, ¿qué es entonces lo que impide al ISSEMyM para que cumpla con el derecho fundamental de los servidores públicos, dejándolos desprotegidos durante largos meses? ¿Qué ha hecho el órgano interno de control del Instituto para corregir esta irregularidad? ¿O acaso no se ha dado cuenta de esta anomalía, a pesar de que lleva mucho tiempo? Y ¿la Secretaría de la Contraloría, principal responsable de la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, qué ha hecho en su caso? Y finalmente, ¿qué han hecho los representantes sindicales, de maestros y burócratas, para exigir en pro de sus agremiados el cumplimiento de la ley? Su silencio de tantos años denota o desinterés injustificable o complicidad vergonzante.

Todo lo anterior confirma, lector imaginario, la hipótesis que enuncié al principio de las presentes reflexiones y alucinaciones: el principal problema del ISSEMyM no es la falta de recursos, como se insiste a menudo, sino la mala administración en los últimos años, que demanda, con apremio, de la atención gubernamental.

Con la designación del nuevo director general, apenas hace unos días, que por cierto es doctor en economía, se presenta la oportunidad histórica para dar una verdadera sacudida al Organismo: que adelgace su obesa estructura administrativa; que priorice el desarrollo de las funciones sustantivas (servicios médicos y prestaciones socioeconómicas) por encima de las adjetivas; que termine con el desabasto de medicamentos, materiales y equipos de curación, y con el negocio de las farmacias; que las subrogaciones innecesarias, se acaben; que se otorguen las pensiones dentro de los términos que obliga la ley; que los servicios médicos sean oportunos y de calidad; y que, como me lo han hecho saber muchos camaradas pensionados, desaparezca la forma tan obsoleta de comprobar la supervivencia y se cambie conforme a las nuevas tecnologías de la información.

romeromisael68@gmail.com

Existe un clamor generalizado entre los servidores públicos del gobierno del Estado, de los municipios y demás organismos incorporados, próximos a jubilarse, por el tiempo que tardan los trámites en el ISSEMyM para poder recibir una pensión justa, con la que puedan vivir los últimos y más difíciles años de su vida. No son pocos los casos de molestia que existen, son muchos, muchísimos, sin que ni nada, ni nadie ponga el menor interés para resolver tan inhumana anomalía que se agravó, vale decirlo, en el sexenio que apenas termina.

¿Qué es lo que le impide al ISSEMyM cumplir con sus derechohabientes para que éstos puedan alcanzar, en términos de ley, el más apreciado de los derechos de un servidor público, como lo es el pago y disfrute de una pensión? ¿Es la falta de recursos económicos por la que este Organismo tarda hasta dos años o más para dictaminar una pensión, más otros seis meses para que el pensionado reciba su primer pago? ¿O es que el retardo de los trámites encierra un perverso e irregular manejo de los fondos destinados al pago de pensiones? ¡No creo! ¡Me resisto a pensarlo siquiera! Considero más bien que el retraso en el pago de las pensiones, es una de las caras que refleja la mala administración del Organismo en los últimos tres sexenios.

Para poder responder a estas interrogantes, voy a compartir contigo, amigo lector, la siguiente información: según datos proporcionados por el propio ISSEMyM a través del Portal de Transparencia, éste disponía, al 31 de julio del año en curso, de una reserva líquida de 5,271.3 millones de pesos, más que suficientes para otorgar y pagar las pensiones dentro del término de los 30 días, como lo establece la Ley del Instituto de Seguridad Social del Estado y Municipios, y no, después de dos años, como ilegalmente lo está haciendo. Y como si tal demora no fuera suficiente, el Instituto después de que finalmente emite el dictamen de pensión, el servidor público deberá esperar todavía de cinco a seis meses más para recibir su primer cheque, naturalmente sin los intereses correspondientes, que se quedan ¡¿sabe dónde?!

Además de esa reserva financiera que le da liquidez al ISSEMyM para poder cumplir sus principales obligaciones, como lo son la prestación de los servicios médicos y el pago de pensiones, a este Instituto se le adeuda, al mes de julio de 2017, por concepto de cuotas y aportaciones de parte de las instituciones públicas (gobierno del Estado, ayuntamientos y demás entidades obligadas) 4,219 millones de pesos, que de hacerlos efectivos, como se debiera hacer, ampliarían la capacidad financiera del Instituto.

De lo anterior se deduce que no es la falta de recursos lo que motiva el retraso ilegal del pago de pensiones. Y si no es la falta de recursos, como a todas luces no lo es, ¿qué es entonces lo que impide al ISSEMyM para que cumpla con el derecho fundamental de los servidores públicos, dejándolos desprotegidos durante largos meses? ¿Qué ha hecho el órgano interno de control del Instituto para corregir esta irregularidad? ¿O acaso no se ha dado cuenta de esta anomalía, a pesar de que lleva mucho tiempo? Y ¿la Secretaría de la Contraloría, principal responsable de la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, qué ha hecho en su caso? Y finalmente, ¿qué han hecho los representantes sindicales, de maestros y burócratas, para exigir en pro de sus agremiados el cumplimiento de la ley? Su silencio de tantos años denota o desinterés injustificable o complicidad vergonzante.

Todo lo anterior confirma, lector imaginario, la hipótesis que enuncié al principio de las presentes reflexiones y alucinaciones: el principal problema del ISSEMyM no es la falta de recursos, como se insiste a menudo, sino la mala administración en los últimos años, que demanda, con apremio, de la atención gubernamental.

Con la designación del nuevo director general, apenas hace unos días, que por cierto es doctor en economía, se presenta la oportunidad histórica para dar una verdadera sacudida al Organismo: que adelgace su obesa estructura administrativa; que priorice el desarrollo de las funciones sustantivas (servicios médicos y prestaciones socioeconómicas) por encima de las adjetivas; que termine con el desabasto de medicamentos, materiales y equipos de curación, y con el negocio de las farmacias; que las subrogaciones innecesarias, se acaben; que se otorguen las pensiones dentro de los términos que obliga la ley; que los servicios médicos sean oportunos y de calidad; y que, como me lo han hecho saber muchos camaradas pensionados, desaparezca la forma tan obsoleta de comprobar la supervivencia y se cambie conforme a las nuevas tecnologías de la información.

romeromisael68@gmail.com

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