/ lunes 15 de enero de 2018

Reflexiones y Alucinaciones

Desde Montesquieu hasta nuestros días, es de explorado derecho, como dicen los abogados, que al Poder Legislativo le corresponde legislar, al Ejecutivo ejecutar las leyes y al Judicial aplicarlas; y sin embargo, en el México republicano de nuestros días, aún pretende el Ejecutivo, por estrategia política, que sea la Corte la que asuma históricamente facultades legislativas. Veamos por qué.

El PRI, a través de uno de sus diputados –léase el Ejecutivo a través de uno de los diputados del PRI- propuso al Congreso el proyecto de la Ley de Seguridad Interior, a efecto de que el Ejército y la Marina se hagan cargo de la seguridad pública de los mexicanos, cuando los cuerpos policiacos, constitucionalmente responsables de la misma, se vean rebasados por la delincuencia –organizada o no-, como actualmente es el estado normal en que se encuentra el país.

Como todos hemos sido testigos, esta ley, por el riesgo que representa y por la amenaza que entraña contra los derechos humanos, desde que fue sometida al Congreso como proyecto de ley y durante su discusión en ambas cámaras, ha sido rechazada, salvo excepciones, por la generalidad de los mexicanos: por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organizaciones sociales de toda índole, académicos, juristas, incluso actores y deportistas. Fuera de México también ha sido impugnada: organismos internacionales como la ONU, a través de su Alto Comisionado en nuestro país y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

A pesar del llamado nacional e internacional, el presidente Peña, más allá de lo que pudiera verse como sensatez gubernamental, se ha obstinado en defender su proyecto. De esta manera, la Ley de Seguridad Interior ha sido aprobada con el mínimo requerido de votos en cada una de las Cámaras y en días pasados, aprovechando los distractores propios de las fiestas de fin de año, el Ejecutivo federal la ha promulgado y la mandado publicar en el Diario Oficial de la Federación.

Sin embargo, en un hecho sin precedentes, ha dejado en suspenso su entrada en vigor, hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre su constitucionalidad, adelantándose a los recursos de inconstitucionalidad que eventualmente pudieran promover la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otras instituciones y autoridades con facultades para hacerlo.

Hace poco, aconteció algo parecido en el Estado de México: el doctor Eruviel, en su carácter de Ejecutivo, envió a la Legislatura un proyecto de ley parecido: la Ley para el Uso Legítimo de la Fuerza Pública. Organizaciones sociales se opusieron, la propia Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como académicos, juristas y líderes de opinión. El entonces gobernador se obstinó en que su proyecto fuera aprobado y los legisladores mexiquenses, al igual que los del Congreso federal, obedecieron. Al promulgarla y mandarla publicar, el titular del Ejecutivo estatal dejó pendiente su puesta en vigor, hasta en tanto la Corte se pronunciara sobre su constitucionalidad. Meses después, este alto tribunal se pronunció: hizo recomendaciones para que el congreso local modificara determinados artículos que ponían en riesgo los derechos humanos de los mexiquenses, no sin dejar de advertir que el Congreso local, en uso de sus facultades legislativas, debería de haber hecho la corrección, pues no era función de la Corte legislar.

La actitud del Ejecutivo federal no termina de entenderse: “obligó” a las cámaras del Congreso a que aprobaran su proyecto de ley. Durante su discusión, las más prestigiadas voces, en defensa de los derechos humanos, pidieron al presidente Peña que retirara su proyecto o modificara aquellos artículos que constituyen un riesgo para los derechos humanos: no lo hizo. Y ahora que está en sus manos hacer de esa ley una realidad, se detiene y deja que la Suprema Corte de Justicia determine lo conducente, lo que en su momento ni él, ni el Legislativo hicieron.

Sucedió algo así como la independencia de Cataluña: Puigdemont, principal promotor, la declaró, pero detuvo sus efectos hasta dialogar con el gobierno español que nunca la reconoció. Los resultados son mundialmente conocidos: Cataluña continúa siendo parte de España y Puigdemont se encuentra refugiado en Bruselas.

La Ley de Seguridad Interior, aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, tendrán un fin anunciado: la Corte hará sus recomendaciones para que sea el Congreso que en uso de sus facultades legislativas haga las correcciones necesarias para evitar la inconstitucionalidad, pues es innegable que al Ejército y a la Marina, por mandato constitucional, no les corresponde prestar la seguridad pública, ni a los cuerpos de seguridad, abdicar de esa responsabilidad.

 

(romeromisael68@gmail.com)

 

Desde Montesquieu hasta nuestros días, es de explorado derecho, como dicen los abogados, que al Poder Legislativo le corresponde legislar, al Ejecutivo ejecutar las leyes y al Judicial aplicarlas; y sin embargo, en el México republicano de nuestros días, aún pretende el Ejecutivo, por estrategia política, que sea la Corte la que asuma históricamente facultades legislativas. Veamos por qué.

El PRI, a través de uno de sus diputados –léase el Ejecutivo a través de uno de los diputados del PRI- propuso al Congreso el proyecto de la Ley de Seguridad Interior, a efecto de que el Ejército y la Marina se hagan cargo de la seguridad pública de los mexicanos, cuando los cuerpos policiacos, constitucionalmente responsables de la misma, se vean rebasados por la delincuencia –organizada o no-, como actualmente es el estado normal en que se encuentra el país.

Como todos hemos sido testigos, esta ley, por el riesgo que representa y por la amenaza que entraña contra los derechos humanos, desde que fue sometida al Congreso como proyecto de ley y durante su discusión en ambas cámaras, ha sido rechazada, salvo excepciones, por la generalidad de los mexicanos: por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, organizaciones sociales de toda índole, académicos, juristas, incluso actores y deportistas. Fuera de México también ha sido impugnada: organismos internacionales como la ONU, a través de su Alto Comisionado en nuestro país y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

A pesar del llamado nacional e internacional, el presidente Peña, más allá de lo que pudiera verse como sensatez gubernamental, se ha obstinado en defender su proyecto. De esta manera, la Ley de Seguridad Interior ha sido aprobada con el mínimo requerido de votos en cada una de las Cámaras y en días pasados, aprovechando los distractores propios de las fiestas de fin de año, el Ejecutivo federal la ha promulgado y la mandado publicar en el Diario Oficial de la Federación.

Sin embargo, en un hecho sin precedentes, ha dejado en suspenso su entrada en vigor, hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre su constitucionalidad, adelantándose a los recursos de inconstitucionalidad que eventualmente pudieran promover la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y otras instituciones y autoridades con facultades para hacerlo.

Hace poco, aconteció algo parecido en el Estado de México: el doctor Eruviel, en su carácter de Ejecutivo, envió a la Legislatura un proyecto de ley parecido: la Ley para el Uso Legítimo de la Fuerza Pública. Organizaciones sociales se opusieron, la propia Comisión Estatal de los Derechos Humanos, así como académicos, juristas y líderes de opinión. El entonces gobernador se obstinó en que su proyecto fuera aprobado y los legisladores mexiquenses, al igual que los del Congreso federal, obedecieron. Al promulgarla y mandarla publicar, el titular del Ejecutivo estatal dejó pendiente su puesta en vigor, hasta en tanto la Corte se pronunciara sobre su constitucionalidad. Meses después, este alto tribunal se pronunció: hizo recomendaciones para que el congreso local modificara determinados artículos que ponían en riesgo los derechos humanos de los mexiquenses, no sin dejar de advertir que el Congreso local, en uso de sus facultades legislativas, debería de haber hecho la corrección, pues no era función de la Corte legislar.

La actitud del Ejecutivo federal no termina de entenderse: “obligó” a las cámaras del Congreso a que aprobaran su proyecto de ley. Durante su discusión, las más prestigiadas voces, en defensa de los derechos humanos, pidieron al presidente Peña que retirara su proyecto o modificara aquellos artículos que constituyen un riesgo para los derechos humanos: no lo hizo. Y ahora que está en sus manos hacer de esa ley una realidad, se detiene y deja que la Suprema Corte de Justicia determine lo conducente, lo que en su momento ni él, ni el Legislativo hicieron.

Sucedió algo así como la independencia de Cataluña: Puigdemont, principal promotor, la declaró, pero detuvo sus efectos hasta dialogar con el gobierno español que nunca la reconoció. Los resultados son mundialmente conocidos: Cataluña continúa siendo parte de España y Puigdemont se encuentra refugiado en Bruselas.

La Ley de Seguridad Interior, aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo, tendrán un fin anunciado: la Corte hará sus recomendaciones para que sea el Congreso que en uso de sus facultades legislativas haga las correcciones necesarias para evitar la inconstitucionalidad, pues es innegable que al Ejército y a la Marina, por mandato constitucional, no les corresponde prestar la seguridad pública, ni a los cuerpos de seguridad, abdicar de esa responsabilidad.

 

(romeromisael68@gmail.com)

 

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