De grave, de gravísimo ha sido calificado por diversos analistas políticos el “affaire” Alejandro Gutiérrez, detenido el pasado 20 de diciembre en la Ciudad de México, acusado por la Fiscalía General de Chihuahua de haber desviado y triangulado recursos públicos provenientes de la SHCP, para destinarlos a campañas del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Y la gravedad con la que ha sido calificado este hecho de corrupción política no es para menos; se trata de un priísta conocido y reconocido: Alejandro Gutiérrez es empresario minero y ha sido diputado local, diputado federal y senador de la República; y además, en la época de los hechos que se le atribuyen, secretario adjunto del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, fungiendo como enlace institucional con el gobierno federal, los gobiernos de los estados y los municipios.
La gravedad reviste verdadera zozobra si se toma en cuenta que en esos hechos estarían involucrados políticos del más alto nivel: Manlio Favio Beltrones, presidente del PRI durante los hechos de corrupción que se le atribuyen a Alejandro Gutiérrez, sometido a proceso ante un juez del estado de Chihuahua; Luis Videgaray Caso, en aquel entonces secretario de SHCP y actualmente canciller de México; y asimismo, José Antonio Meade, exsecretario de Hacienda y hoy por hoy, precandidato de la coalición PRI-PVEM-PANAL, todos ellos directamente vinculados con el primer priísta del país.
Por la forma en que el gobierno de Chihuahua ha venido desarrollando la investigación, documentando fechas, nombres de los actores, cantidades, empresas y demás circunstancias, la opinión pública tiene suficientes elementos para deducir que esos hechos de corrupción política son ciertos.
Por la ilegalidad que conllevan, debieran ser rechazados por todas las instituciones del país, en especial por aquellas que tienen a su cargo la prevención, investigación y sanción de los hechos de corrupción como lo son la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR, todas ellas integrantes del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA); y sin embargo, todas éstas han guardado hasta ahora un ominoso silencio que delata su omisión para investigar los hechos y, por ello, su posible responsabilidad por su inacción.
¿Dónde están –me pregunto- todas esas instituciones del SNA? ¿O es que tienen razón –me vuelvo a preguntar- todos aquellos que consideran que ese Sistema es una más de las simulaciones a que estamos acostumbrados los mexicanos? ¿O es acaso que ese Sistema nació muerto, como muchos analistas lo aseguran?
El pasado martes, 9 de enero, al ver a Jaqueline Peschard, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del SNA, acompañando al gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien protestaba en la ciudad de México por la retención de 780 millones de pesos por parte de la SHCP, como represalia por haber encarcelado y sometido a juicio al priísta Alejandro Gutiérrez, me quedé mudo, sin poder contestar ninguna de esas preguntas que seguramente muchos se hacen al presenciar los hechos que están ocurriendo en nuestro país.
Pero mi sorpresa se incrementó aún más cuando escuché al presidente de México, el presidente de todos los mexicanos y representante genuino de las instituciones del país, descalificar, sin más, la protesta del gobernador del Estado de Chihuahua, aduciendo que se trataba más bien de un mero acto político. Me hubiera gustado que el señor presidente, a quien por su cargo y procedencia muchos mexicanos aún lo respetamos, se hubiera comprometido, honrando la institución que representa, a hacer de inmediato la investigación correspondiente y, dado el caso, ordenar que se enmendara la falla, intencionada o no, de la SHCP.
Pero no fue así, el presidente de todos los mexicanos se concretó a desvirtuar la protesta del gobernador panista y a sugerirle que si algo tenía que demandar lo hiciera ante las instancias correspondientes, respaldando de hecho la acción de su secretario de Hacienda.
Hay quienes afirman que el caso Alejandro Gutiérrez podría ser la punta del iceberg de la corrupción política que desde hace muchos años existe en México, mecanismo normalmente utilizado por los gobiernos de todos los partidos políticos para financiar las campañas de sus candidatos y, de esta manera, conservar el poder y protegerse de toda clase de responsabilidades en que pudieran haber incurrido durante su periodo. ¿No creen, estimados lectores, que es el momento de terminar con esta nociva práctica que deshonra nuestra endeble democracia?
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