La educación, ¡no! por favor
Como a millones de mexicanos, muchas de las propuestas de Manuel López Obrador, candidato de la alianza Juntos Haremos Historia, me atraen, porque ellas provocarían un cambio profundo en el país; sin embargo, hay otras, que de aplicarlas, retrasarían, sin lugar a dudas, su desarrollo, como es el caso de la cancelación de la Reforma Educativa.
Por sus alcances, la Reforma Educativa es la más importante de entre todas las reformas propuestas por el presidente Peña: al aprobarse -en febrero de 2013- contó con el apoyo total de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión y en las legislaturas de los Estados, así como de todos los sectores de la sociedad civil, puesto que respondía a una exigencia generalizada de los mexicanos, postergada por los gobiernos, una y otra vez, debido a las implicaciones que traería consigo entre los maestros.
Hasta antes de la Reforma Educativa, los maestros agrupados en el SNTE y la CNTE, incluso en otros sindicatos como el SMSEM en el Estado de México, eran dueños de la educación pública: ellos ocupaban -y los siguen ocupando- los principales cargos directivos de la estructura educativa -recordemos que en el sexenio de Felipe Calderón, el yerno de la maestra Elva Esther, era el Subsecretario de Educación Básica en el país-; ellos, a través de sus sindicatos, imponían -y lo siguen haciendo- a los directores de área, jefes de departamento, coordinadores, supervisores escolares, directores de escuela y maestros frente a grupo.
Amén de esos “derechos sindicales”, arraigados con el tiempo, las plazas -de supervisor, director y docente- pertenecían en propiedad a los maestros que las detentaban: las podían vender –de hecho tenían un precio en el mercado-, permutar o heredar, sin importar si el beneficiario tenía o no el perfil profesional. En la transacción, era imperativa la participación del sindicato.
Por otra parte, los docentes no eran evaluados, ni al ingresar al servicio ni durante su desempeño, como es normal que se haga en otros países con sistemas educativos avanzados: los egresados de las normales -rurales y no rurales- obtenían en automático una plaza de docente; a partir de ahí, su promoción no era cuestión de méritos, sino un asunto sindical.
La Reforma Educativa viene a terminar con esas desviaciones: la calidad de la enseñanza, es su objetivo central y la idoneidad de los docentes, directores y supervisores escolares, que son la parte medular de la educación, constituye su estrategia fundamental. Para ese fin, se creó, como institución autónoma, el Instituto Nacional de la Evaluación Educativa, el INEE.
Como era de esperarse, la Reforma fue rechazada desde un principio, de manera soterrada por los maestros del SNTE y de manera abierta por los de la CNTE. Todos ellos quisieran recuperar esas prerrogativas. Ofrecer la cancelación de la Reforma Educativa, a cambio de miles de votos, me parece políticamente inmoral e históricamente imperdonable. ¡La educación vale más que una Presidencia!
Hay miles y miles de maestros que se han sometido a las nuevas reglas para ingresar al servicio educativo, permanecer en él o recibir una promoción, por méritos propios, a través de las evaluaciones que aplica el INEE; a los maestros que tienen resultados “de excelencia” reciben un incremento del 35% a su salario; apenas el pasado 5 y el 6 de mayo, más de 20 mil docentes de 29 entidades federativas participaron en el concurso de oposición para obtener el cargo de director o supervisor escolar.
Ante los avances logrados, ¿cancelaría López Obrador la Reforma Educativa y les devolvería a los maestros sus viejas prerrogativas? De hacerlo, sería su primera derrota.
