Ya es un lugar común decir que la epidemia por COVID-19 tiene muchas víctimas. Y no me refiero sólo a los difuntos —que en gloria estén— ni a los enfermos, que estos días se suman por cientos a las estadísticas oficiales. Tampoco me refiero a los proyectos que se han ido por la borda ni a la economía, que cada día que pasa tiene un panorama más negro. Pienso en los miles de mexicanos a los que la epidemia los agarró con los dedos en la puerta…
La economía está detenida casi por completo. El comercio cerrado en una proporción mayúscula, que la Cámara Nacional de Comercio de Toluca calcula en 9 de cada 10 establecimientos. 85 por ciento de la industria parada, según los datos de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en el estado de México. La agricultura, como siempre, produciendo —salvo casos como la floricultura, hoy marchita— pero sin la aportación al empleo de los otros dos sectores económicos. Consecuentemente, miles de personas se han quedado sin empleo, han sacrificado una parte de sus ingresos o se quedaron simplemente sin un modo de ganarse la vida.
De ahorros, ni hablar. Eso es para una minoría. El mexicano de a pie vive al día. Los mariachis que salieron a manifestarse la semana pasada son un ejemplo. Los payasos, otro. Los choferes de transporte de turismo, uno más. Los ambulantes torean los operativos, pero cada vez hay menos clientes en las calles. Cifras del Centro de Estudios Espinosa Yglesias apuntan a que una cuarta parte de la población mexicana no ahorra pero puede tener acceso a crédito y un 50 por ciento ni ahorra ni tiene acceso a crédito. Sólo uno de cada cuatro mexicanos tiene ahorros y es posible que se le estén diluyendo en esta contingencia.
Hay varias generaciones de mexicanos para los que las crisis económicas no son algo extraño. Con ellas nacieron y parece que con ellas se van a morir. Esos mexicanos han aprendido que tienen que trabajar de lo que sea. Literalmente. El problema es que ahora no hay trabajo de lo que sea, porque el poco que había ya está ocupado, dado que la economía informal también tiene sus límites.
Los economistas de polendas advierten que si la crisis se extiende más allá de este mes de mayo se va a perder un millón de empleos.
No hay ni habrá ni programa de ayuda ni créditos a la palabra suficientes. La ayuda se limita a subsidiar impuestos locales. En el estado de México, por ejemplo, en el impuestos sobre nómina y a unas 45 mil empresas, menos de 10 por ciento de las 680 mil existentes.
Ante este panorama, hoy urge establecer y regular dos temas para que la próxima vez que ocurra un escenario tan desolador como el actual, estén previstos legalmente un seguro de desempleo y una renta básica universal —o ingreso básico universal—, que instauren la obligación del Estado mexicano de ambos sentidos, aún y cuando en el segundo caso implique modificar o desaparecer los célebres y poco eficaces programas sociales.
Y tendría que ser en esta era del COVID-19, porque una vez pasada la epidemia, el mexicano de a pie volverá a hacer lo que sea necesario para ganarse la vida, mientras el Estado mexicano escurrirá el bulto para dejar de lado estos viejos pendientes de un verdadero estado del bienestar.
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Director del noticiario Así Sucede de Grupo Acir Toluca.
Mail: felgonre@gmail.com. Twitter: @FelipeGlz.
