El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo a bien presentar 20 iniciativas de reforma constitucional en diversos ramos. Dijo que tocas a contracorriente del periodo neoliberal, que es como una especie de “coco” o “chupacabras” de la actual administración.
Hay reformas que apuntan a consolidar programas de ayudas del actual gobierno: pensión para adultos mayores, atención para personas con discapacidad, becas a estudiantes de bajos recursos, aumentar el salario mínimo por encima de la inflación anual, que el salario mínimo de maestros, policías, marinos, enfermeras, médicos, entre otros trabajadores de gobierno, no sea menor al de trabajadores inscritos al Seguro Social. Iniciativas en las que se puede estar de acuerdo.
Del resto, entrar en el detalle de las iniciativas requiere un análisis profundo. Pero sí hay que señalar que hay temas en los que las reformas suenan extrañas, por decirlo de alguna manera.
Por ejemplo: el presidente propone prohibir el comercio de drogas químicas como el fentanilo… Y el arriba firmante suponía que las drogas químicas, cualquiera que fuese, están prohibidas y proscritas por la ley. A menos que la iniciativa presidencial pretenda llevar a rango constitucional un tema legislado ya en los códigos penales. Además de andar a contracorriente con la tendencia que pretende controlar las drogas de otra manera, no con la proscripción y la persecución, pero ese es otro boleto.
Está también la propuesta del reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos. Desde luego, sería ingenuo reconocer que México tiene pendientes con ambos grupos, igual que olvidar que a raíz de la revolución zapatista en Chiapas se hicieron algunas reformas que reconocieron a los pueblos originarios —aunque después quedaron supeditados al arbitrio de la entidades federativas—.
Y otras en donde el gobierno tiene pendientes. Por ejemplo, garantizar atención médica integral y gratuita a la población. Que cualquiera sabe que en el imaginario es sensacional y en los hechos una entelequia. Basta saber lo que hay que esperar para una cita de especialidad en el Seguro Social —o la atención en urgencias o la disponibilidad de medicamentos— para darse cuenta de que los derechos suenan y son muy buenos, y que en los hechos no se cumplen.
En el mismo costal está revertir las reformas a las pensiones aprobadas en 1997 y 2007, porque un sistema de pensiones universal a cargo del gobierno costaría miles de miles de millones de pesos, que no sé de dónde pudieran salir.
Hay otras propuestas como garantizar el derecho a la educación y al trabajo o el derecho a la vivienda que se topan con la incapacidad de las instituciones públicas para lograrlos. Tener derecho a la educación no es lo mismo que acceder a la educación o tener un lugar en una escuela, especialmente en los niveles superiores. Hay derechos que están supeditados a otros derechos o a condiciones personales o de comunidad.
Pero de todo el paquete de propuestas del presidente López Obrador, yo quiero ver que se reduzcan los gastos electorales, que disminuyan a 64 los senadores y a 300 los diputados federales. Porque de eso nos han dado mucho atole con el dedo.
Lo de elegir jueces, magistrados y ministros por voto popular me parece que entraña un riesgo de que grupos criminales le metan lana a una campaña y consigan tener jueces literalmente a su servicio.
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Director del noticiario Así Sucede de Grupo Acir Toluca. Gerente de Meganoticias Toluca.
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