/ martes 20 de febrero de 2018

Rescate Tierra

La desmejora regulatoria


La Mejora Regulatoria, como todas las buenas intenciones de las políticas públicas de México, son muchos buenos deseos y pocos hechos. En la práctica, tenemos innumerables testimonios de personas que enfrentan el viacrucis de la tramitología burocrática.

Y es que es buen negocio, para algunos gobiernos -más del 60 por ciento del país-, establecer un sinfín de trámites por los que el ciudadano debe pagar.

Me sorprendieron tres días atrás las declaraciones de Ildefonso Guajardo, respecto a la “Nueva Ley de Mejora Regulatoria”. La entrecomillo porque tres años atrás, Virgilio Andrade recibía el reconocimiento de la OCDE a México, por ser puntero en el tema y tres años antes el Dr. Isaac Sánchez Juárez reconocía la importancia del tema.

En lo particular, viajé en 2007 a Sonora, para actualizarme sobre formas de desregulación y allí supe que desde 1995 se analizaba el problema y gasto que significaba.

21 años después, los responsables de la mejora regulatoria y la desregulación aún siguen buscando la ubre a la vaca y no se la encuentran.

En 2006, viajé a León y Aguascalientes para conocer su política en el tema. León me sorprendió, los ciudadanos llegaban con su clave, la ingresaban en una computadora a la entrada de palacio y recibían la información de los trámites que les faltaban y en que dependencia, subsanando sus problemas en una sola ventanilla.

En Toluca se intentó el asunto entre 2007 y 2009, pero catastro y tesorería no quisieron compartir su información con gobierno y la cosa ahí quedó.

Hace dos semanas, observé otra área en crisis: el registro público de la propiedad. Me sorprendió que a quienes les son rechazadas operaciones, les cobran por devolverles sus papeles, aun cuando el error sea de la oficina.

En México, las microempresas son mayoría en el sector formal del país, emplean casi el 50 por ciento del personal ocupado. Las medianas empresas son el 3 por ciento del sector y las grandes el 2 por ciento, de modo que el 95 por ciento corresponde a microempresas, que requieren de un gran apoyo y una simplificación que facilite y transparentes sus operaciones y cumplimiento de obligaciones.

Lograr la mejora estimulará el empleo, reducirá la corrupción, fomentará el crecimiento económico, reducirá el tiempo perdido y mejorará la precepción del ciudadano respecto al gobierno que lo representa.

Tal vez quienes esto lean consideren una confusión entre mejora regulatoria y simplificación administrativa, sin embargo, ¿cómo estimulamos el crecimiento económico?, si las posibilidades de competencia están entrampadas en una confusión administrativa, fomentada por malos gobiernos que en un afán recaudatorio, inhiben con reglas, leyes y cobros el espíritu emprendedor de sus gobernados.


La desmejora regulatoria


La Mejora Regulatoria, como todas las buenas intenciones de las políticas públicas de México, son muchos buenos deseos y pocos hechos. En la práctica, tenemos innumerables testimonios de personas que enfrentan el viacrucis de la tramitología burocrática.

Y es que es buen negocio, para algunos gobiernos -más del 60 por ciento del país-, establecer un sinfín de trámites por los que el ciudadano debe pagar.

Me sorprendieron tres días atrás las declaraciones de Ildefonso Guajardo, respecto a la “Nueva Ley de Mejora Regulatoria”. La entrecomillo porque tres años atrás, Virgilio Andrade recibía el reconocimiento de la OCDE a México, por ser puntero en el tema y tres años antes el Dr. Isaac Sánchez Juárez reconocía la importancia del tema.

En lo particular, viajé en 2007 a Sonora, para actualizarme sobre formas de desregulación y allí supe que desde 1995 se analizaba el problema y gasto que significaba.

21 años después, los responsables de la mejora regulatoria y la desregulación aún siguen buscando la ubre a la vaca y no se la encuentran.

En 2006, viajé a León y Aguascalientes para conocer su política en el tema. León me sorprendió, los ciudadanos llegaban con su clave, la ingresaban en una computadora a la entrada de palacio y recibían la información de los trámites que les faltaban y en que dependencia, subsanando sus problemas en una sola ventanilla.

En Toluca se intentó el asunto entre 2007 y 2009, pero catastro y tesorería no quisieron compartir su información con gobierno y la cosa ahí quedó.

Hace dos semanas, observé otra área en crisis: el registro público de la propiedad. Me sorprendió que a quienes les son rechazadas operaciones, les cobran por devolverles sus papeles, aun cuando el error sea de la oficina.

En México, las microempresas son mayoría en el sector formal del país, emplean casi el 50 por ciento del personal ocupado. Las medianas empresas son el 3 por ciento del sector y las grandes el 2 por ciento, de modo que el 95 por ciento corresponde a microempresas, que requieren de un gran apoyo y una simplificación que facilite y transparentes sus operaciones y cumplimiento de obligaciones.

Lograr la mejora estimulará el empleo, reducirá la corrupción, fomentará el crecimiento económico, reducirá el tiempo perdido y mejorará la precepción del ciudadano respecto al gobierno que lo representa.

Tal vez quienes esto lean consideren una confusión entre mejora regulatoria y simplificación administrativa, sin embargo, ¿cómo estimulamos el crecimiento económico?, si las posibilidades de competencia están entrampadas en una confusión administrativa, fomentada por malos gobiernos que en un afán recaudatorio, inhiben con reglas, leyes y cobros el espíritu emprendedor de sus gobernados.