/ sábado 4 de julio de 2020

Resignificado de los DDHH | Uso de cubrebocas, la vida y la protección del derecho a la salud

Lo que empezó como la noticia de una enfermedad que ocurría en un lugar lejano, hoy es la circunstancia fatal de miles de familias en el país, y de millones en el mundo que han perdido a uno de sus miembros o a un amigo o amiga cercana; a través de los medios y las redes sociales vimos la sombra de ese pasmo doloroso en Italia, en España, y nos solidarizamos y lloramos y cantamos con ellos a distancia, mientras el causante de tales tragedias se adentraba en nuestro continente, en nuestro país, en nuestras vidas.

El COVID-19 llegó para quedarse y, como toda peste, trae consigo penurias, dolor y muerte; créanlo o no, es una alarmante realidad con terribles daños colaterales en la vida de las sociedades, que nos mueve a la resiliencia, esa aptitud del ser humano para superar la adversidad y pensar en un mejor futuro. Corresponde a la actual generación realizar una tarea ejemplar de solidaridad social, empatía y altruismo para salir adelante.

El empezar a abrir algunas actividades comerciales, industriales o de recreación no significa que el peligro ha pasado, al contrario, se potencia; sin embargo, sucederá y tendremos que actuar con mayor responsabilidad frente a lo que se ha denominado la nueva normalidad, que nos impele a cambiar radicalmente la forma de vida, de convivencia y de cuidar la salud.

Así como en la década de 1980 el VIH enseñó a usar el preservativo y a evitar la promiscuidad, en la de 2000 la Influenza AH1N1 nos presentó el cubrebocas que hoy, en 2020, resurge como ese elemento sumamente útil y de bajo costo, que puede salvar vidas.

Su uso conlleva un cambio de mentalidad, pues debemos estar conscientes de que si nos protegemos no solo cuidamos a la colectividad, sino que estamos formando parte de la gran cruzada mundial contra la pandemia, así de trascendente es nuestra decisión de usar este sencillo y vital accesorio.

En días pasados México se posicionó en el sexto lugar mundial con más decesos a causa del COVID-19; asimismo, ocupó el lugar número 10 por la cantidad de contagios, con más de 235 mil casos acumulados, lo cual evidencia que no hemos sido efectivos para hacer frente a este virus tan letal.

En razón de ello, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emitió la Recomendación 2/2020 sobre el uso de cubrebocas para garantizar el derecho a la protección de la salud frente al COVID-19; en la que llama a la acción a las autoridades estatales y municipales pero siempre bajo los criterios de necesidad, racionalidad, legalidad y proporcionalidad.

A través de la Recomendación se exhorta a emitir un instrumento jurídico idóneo que faculte a la autoridad municipal para verificar el cumplimiento de la medida de prevención y contención del COVID-19, con perspectiva de derechos humanos.

Así, pues, el uso obligatorio del cubrebocas es una medida justa en estos momentos de máxima alerta sanitaria, pues responde al derecho a la vida, que es el bien superior de todas las personas, y al derecho a la protección de la salud, cuya garantía es el acceso para el ejercicio de todos los demás derechos humanos; no obstante, la responsabilidad es de todos y cada uno de nosotros.




Lo que empezó como la noticia de una enfermedad que ocurría en un lugar lejano, hoy es la circunstancia fatal de miles de familias en el país, y de millones en el mundo que han perdido a uno de sus miembros o a un amigo o amiga cercana; a través de los medios y las redes sociales vimos la sombra de ese pasmo doloroso en Italia, en España, y nos solidarizamos y lloramos y cantamos con ellos a distancia, mientras el causante de tales tragedias se adentraba en nuestro continente, en nuestro país, en nuestras vidas.

El COVID-19 llegó para quedarse y, como toda peste, trae consigo penurias, dolor y muerte; créanlo o no, es una alarmante realidad con terribles daños colaterales en la vida de las sociedades, que nos mueve a la resiliencia, esa aptitud del ser humano para superar la adversidad y pensar en un mejor futuro. Corresponde a la actual generación realizar una tarea ejemplar de solidaridad social, empatía y altruismo para salir adelante.

El empezar a abrir algunas actividades comerciales, industriales o de recreación no significa que el peligro ha pasado, al contrario, se potencia; sin embargo, sucederá y tendremos que actuar con mayor responsabilidad frente a lo que se ha denominado la nueva normalidad, que nos impele a cambiar radicalmente la forma de vida, de convivencia y de cuidar la salud.

Así como en la década de 1980 el VIH enseñó a usar el preservativo y a evitar la promiscuidad, en la de 2000 la Influenza AH1N1 nos presentó el cubrebocas que hoy, en 2020, resurge como ese elemento sumamente útil y de bajo costo, que puede salvar vidas.

Su uso conlleva un cambio de mentalidad, pues debemos estar conscientes de que si nos protegemos no solo cuidamos a la colectividad, sino que estamos formando parte de la gran cruzada mundial contra la pandemia, así de trascendente es nuestra decisión de usar este sencillo y vital accesorio.

En días pasados México se posicionó en el sexto lugar mundial con más decesos a causa del COVID-19; asimismo, ocupó el lugar número 10 por la cantidad de contagios, con más de 235 mil casos acumulados, lo cual evidencia que no hemos sido efectivos para hacer frente a este virus tan letal.

En razón de ello, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México emitió la Recomendación 2/2020 sobre el uso de cubrebocas para garantizar el derecho a la protección de la salud frente al COVID-19; en la que llama a la acción a las autoridades estatales y municipales pero siempre bajo los criterios de necesidad, racionalidad, legalidad y proporcionalidad.

A través de la Recomendación se exhorta a emitir un instrumento jurídico idóneo que faculte a la autoridad municipal para verificar el cumplimiento de la medida de prevención y contención del COVID-19, con perspectiva de derechos humanos.

Así, pues, el uso obligatorio del cubrebocas es una medida justa en estos momentos de máxima alerta sanitaria, pues responde al derecho a la vida, que es el bien superior de todas las personas, y al derecho a la protección de la salud, cuya garantía es el acceso para el ejercicio de todos los demás derechos humanos; no obstante, la responsabilidad es de todos y cada uno de nosotros.




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