/ lunes 4 de abril de 2022

#TodoComunica | Desorden en la comunicación Gubernamental

Las diferencias sociales y geográficas del Estado de México siempre han significado un desafío para el ejercicio de gobierno. Cada uno de los 125 municipios tienen características tan distintas -aunque haya similitudes en algunas regiones-, que las necesidades de sus respectivas poblaciones demandan mecanismos de atención diversos y en proporciones no necesariamente equitativas.

Así como se diferencian social y geográficamente, sus clases políticas tienen maneras de conducirse que, aún siendo mexiquenses, no necesariamente se comparten, pero todas las fuerzas políticas -de todos los colores- sí recurren, en algún momento, a “estrategias” de comunicación (incluso ilícitas) para atacar a sus oponentes.

Hace varias décadas, en el siglo pasado, ante la urgencia por visibilizar los logros de los gobiernos en turno, se instrumentó una estrategia que impulsó el surgimiento de “medios de comunicación” en los diferentes municipios, para que -con el auspicio gubernamental- divulgaran los “logros” y las “acciones” de los gobernantes en turno. Se llegó al extremo de que personas dedicadas a la peluquería, la venta de artículos casa por casa, el manejo de taxis o dependientes de tienditas, entre otros, se convirtieran -de la noche a la mañana- en “periodistas”.

Gradualmente el proceso se trasladó al entorno digital y han surgido cientos de páginas -en plataformas digitales y redes sociales- que difunden “noticias”, robando el material de medios de comunicación profesionales, donde sí se invierte en insumos, personal, prestaciones (aunque no todos las otorgan), instalaciones, seguridad, viáticos y servicios de telefonía, Internet y energía eléctrica, entre otros gastos.

Algunos propietarios de esos “medios digitales” han acentuado una práctica de chantaje y extorsión, para exigir a las instancias públicas -y a quienes hacen política-, que les paguen publicidad para sus espacios informativos y “cumplan con la obligación de informar a la sociedad”.

Lo más grave de ese problema, es que la práctica no sólo está siendo tolerada por la llamada "clase política", sino que se ha regresado a la entrega de dinero de efectivo -conocido como “chayote”- por parte de algunas autoridades municipales, con el objetivo de atacar a sus adversarios políticos o enaltecer su imagen. Es secreto a voces.

En otros casos, han desaparecido formalmente las áreas de comunicación social de los ayuntamientos, evitando con ello el manejo transparente de los recursos destinados a difundir las actividades gubernamentales y generando desorden al interior de las administraciones.

Es urgente que se revise el modelo de comunicación gubernamental y que la Legislatura federal corrija la Ley General de Comunicación Social, aprobada en 2018, tal como lo mandató la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El plazo para hacerlo vence el próximo 30 de abril.

PERCEPCIÓN

Poner un alto a quienes les roban información, le corresponde a las y los periodistas profesionales.

Las diferencias sociales y geográficas del Estado de México siempre han significado un desafío para el ejercicio de gobierno. Cada uno de los 125 municipios tienen características tan distintas -aunque haya similitudes en algunas regiones-, que las necesidades de sus respectivas poblaciones demandan mecanismos de atención diversos y en proporciones no necesariamente equitativas.

Así como se diferencian social y geográficamente, sus clases políticas tienen maneras de conducirse que, aún siendo mexiquenses, no necesariamente se comparten, pero todas las fuerzas políticas -de todos los colores- sí recurren, en algún momento, a “estrategias” de comunicación (incluso ilícitas) para atacar a sus oponentes.

Hace varias décadas, en el siglo pasado, ante la urgencia por visibilizar los logros de los gobiernos en turno, se instrumentó una estrategia que impulsó el surgimiento de “medios de comunicación” en los diferentes municipios, para que -con el auspicio gubernamental- divulgaran los “logros” y las “acciones” de los gobernantes en turno. Se llegó al extremo de que personas dedicadas a la peluquería, la venta de artículos casa por casa, el manejo de taxis o dependientes de tienditas, entre otros, se convirtieran -de la noche a la mañana- en “periodistas”.

Gradualmente el proceso se trasladó al entorno digital y han surgido cientos de páginas -en plataformas digitales y redes sociales- que difunden “noticias”, robando el material de medios de comunicación profesionales, donde sí se invierte en insumos, personal, prestaciones (aunque no todos las otorgan), instalaciones, seguridad, viáticos y servicios de telefonía, Internet y energía eléctrica, entre otros gastos.

Algunos propietarios de esos “medios digitales” han acentuado una práctica de chantaje y extorsión, para exigir a las instancias públicas -y a quienes hacen política-, que les paguen publicidad para sus espacios informativos y “cumplan con la obligación de informar a la sociedad”.

Lo más grave de ese problema, es que la práctica no sólo está siendo tolerada por la llamada "clase política", sino que se ha regresado a la entrega de dinero de efectivo -conocido como “chayote”- por parte de algunas autoridades municipales, con el objetivo de atacar a sus adversarios políticos o enaltecer su imagen. Es secreto a voces.

En otros casos, han desaparecido formalmente las áreas de comunicación social de los ayuntamientos, evitando con ello el manejo transparente de los recursos destinados a difundir las actividades gubernamentales y generando desorden al interior de las administraciones.

Es urgente que se revise el modelo de comunicación gubernamental y que la Legislatura federal corrija la Ley General de Comunicación Social, aprobada en 2018, tal como lo mandató la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El plazo para hacerlo vence el próximo 30 de abril.

PERCEPCIÓN

Poner un alto a quienes les roban información, le corresponde a las y los periodistas profesionales.

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