En la democracia, si los ciudadanos recibimos información precisa, suficiente, clara, cierta y oportuna -en una palabra: confiable- podemos conocer qué ocurre en las instituciones públicas y contribuir a un auténtico ejercicio cívico, a partir del intercambio de ideas y propuestas que conduzcan a un pensamiento crítico y propositivo.
¿Qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿para qué? y ¿cuánto?, son preguntas que desde el periodismo deben responderse en torno a un hecho. A esas preguntas se enfrentan burócratas, funcionarios, empresarios, líderes o figuras públicas, al interactuar con medios de información.
El artículo 6° de nuestra Constitución Política federal establece que “el derecho a la información será garantizado por el Estado”. En la perspectiva de la percepción social, de “cómo” las instituciones dan a conocer lo que hacen depende la evaluación de una gestión.
“La confusión, oscuridad y complejidad impuestas en los usos del lenguaje en nuestras estructuras lingüístico-administrativas son signo del autoritarismo y discrecionalidad, de una tiranía en la simulación que reta al propio sentido común”, advierte Miguel Ángel Rosales Alvarado en su libro: “¿Lenguaje claro, ciudadano o jurídico?”
Refiero lo anterior porque hace unos días el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Alfredo Barrera Baca, declaró –a pregunta expresa de periodistas- que este año la institución no recibió mil 163 millones de pesos extras, como dijeron algunos diputados locales.
“Estamos preocupados porque es una mentira perjudicial, es una mentira a todas luces. La universidad no recibió mil 163 millones de pesos adicionales, recibió 379 millones de pesos, que es una diferencia muy clara; parece que es una mentira perversa que perjudica de nueva cuenta la imagen de la universidad y de esta administración”, dijo el rector Barrera y explicó cuál es la situación de la universidad. La entrevista completa es clarificadora.
Para algunos fue una declaración poco habitual en el ambiente político mexiquense, porque la costumbre es “disciplinarse”, sobre todo cuando se aproxima la definición del presupuesto para el siguiente año, por parte del Congreso local.
No podemos aspirar a que este país se “transforme” siguiendo las viejas reglas de la política mexicana, donde unos hablaban y otros guardaban silencio para “no incomodar”. En un sistema democrático, el espacio público debe fortalecerse para llevar un mejor control del poder, y evitar omisión y desprecio de los problemas sociales.
PERCEPCIÓN
Palmira Tapia Palacios, presidenta del Comité de Participación Ciudadana y del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, ha generado mayor visibilidad del sistema y diálogo colaborativo con las instancias que lo integran. Este jueves rendirá su informe de resultados.
@RJoyaC
